Amnistía critica la venta de armas a países que violan (derechos humanos

Amnistía Internacional (Al) hizo público ayer su informe anual en el que, además de su habitual reláción de las violaciones de los derechos humanos, cuestiona la impunidad de los países que suministran armas a terceros que violan tales derechos. Pierre Sané, secretario general de Al, señaló con dedo acusador a los Gobiernos que se lavan las manos ante los abusos de los derechos humanos en países a los que exportan armas: "La responsabilidad por estos ultrajes no reside sólo en quienes aprietan el gatillo o aplican las descargas eléctricas. También son responsables quienes suministran las armas y la formación necesarias para utilizarlas". Santos Jorna, presidente de la sección española de Amnistía, señaló al presentar el Informe 1996 que sirve para "ejemplarizar dos contextos específicos: la proliferación de conflictos y contiendas civiles y los avances tecnológicos en armas de tortura". El estudio detalla los abusos contra los derechos humanos perpetrados en 146 países, con al menos 10.000 detenidos que fueron sometidos a torturas o malos tratos en 114 países y más de 4.500 personas que murieron a consecuencia de torturas mientras estaban bajo custodia. Según Amnistía, 85 países tienen presos de conciencia. Además se critican los juicios sin garantías en 27 países y las detenciones de 46.000 personas sin acusación ni juicio en 43 países. Al denuncia que hay en las actualidad más de 1,10.000 desaparecidos en 49 países.

Silencio de España

En lo relativo a la exportación de armas, la sección española denunció el silencio del nuevo Gobierno ante ese comercio. Al se ha aliado con Greenpeace, Médicos sin Fronteras e Intermón para exigir una mayor transparencia al Ejecutivo que preside José María Aznar en la venta de armamentos. Santos Jorna reiteró la crítica a la duplicidad de Gobiernos que arman y forman a grupos que luego violan los derechos humanos.

El Gobierno español entra en este apartado por vender armas a Marruecos, Tailandia, Turquía y Chile, países todos ellos en los que se violan derechos humanos. El Gobierno se ha negado a responder a las demandas de transparencia amparándose en el hecho que ese tipo de información es "secreto oficial". La Constitución española prohibe el tráfico de armas, pero la legislación facilita el ocultamiento de datos sobre este tipo de comercio.

Santos Jorna calificó de "preocupante" que el nuevo Gobierno no haya atendido sus peticiones y recordó que el anterior había dado "su garantía de adherirse a la legislación".

El Informe 1996 pide una rápida investigación del caso GAL a la vez que condena a las actividades de la banda terrorista ETA. Jorna aprovechó la ocasión para condenar el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, en manos de ETA desde hace cinco meses.