El Gobierno prepara medidas para reducir la fiscalidad de la vivienda

Economía y Fomento han comenzado a analizar un conjunto de medidas destinadas a mejorar la fiscalidad de la vivienda, entre las que se encuentran retocar las desgravaciones, rebajar el IVA (hoy en el 7%), aumentar el tiempo de las cuentas ahorro-vivienda (de cinco a seis años) y eliminar la renta imputada (el 2% sobre el valor catastral que se añade a los ingresos del contribuyente en la declaración de la renta). Estas medidas, esbozadas ayer por el director general de Vivienda, Fernando Nasarre, complementarían el decreto de liberalización del suelo aprobado el viernes por el Consejo de Ministros.

El segundo bloque de medidas económicas que prepara el Gobierno incluirá una rebaja en la fiscalidad de la vivienda, según reconoció anteayer, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa. Ayer, el director general de la Vivienda, Fernando Nasarre, fue más concreto y señaló algunos de los caminos que puede seguir esa reforma, tanto para compra como para alquiler. En concreto, Nasarre -quien matizó que es un asunto abierto, que está sobre la mesa de Economía- esbozó cuatro vías: retocar, obviamente al alza aunque el director general no lo precisó, las desgravaciones (los intereses del préstamo por compra de vivienda con un límite de 800.000 pesetas en la base imponible -un millón si la declaración es conjunta- y el 15% del principal que se amortice, en la cuota); reducir el IVA (7% en estos momentos); aumentar el tiempo de vida de la cuentas ahorro-vivienda (de cinco a seis años) y eliminar la renta imputada (el 2% sobre el valor catastral que se añade a los ingresos del contribuyente en la declaración de la renta).Este conjunto de medidas, que se desarrollarán totalmente a lo largo de la legislatura, tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda y, en ese sentido, serían complementarias de las medidas de liberalización del suelo ya aprobadas por el Gobierno. Entre ellas, la más significativa es la de reducir del 15% al 10% la cesión de suelo a los ayuntamientos. Esta medida perjudica claramente a la política de reforzamiento de viviendas sociales, porque las corporaciones locales disponen de menos suelo. Y beneficia a los promotores, dado que disponen de más posibilidades de ampliación de negocio. Por otra parte, esta medida puede reducir la especulación que, a veces, los propios ayuntamientos han secundado a través de estos terrenos. Además, reduce los ingresos de los ayuntamientos, algo que ha provocado el malestar de los ediles de todas las formaciones políticas, populares incluidos. El director general de Vivienda sugirió que la pérdida de ingresos por esta vía se compense con una reforma de la Ley de Haciendas Locales.

Nasarre asegura que esa reducción de cesión a los ayuntamientos, más la eliminación de la diferencia entre suelo urbanizable programado o no programado (en España hay dos billones de hectáreas de terreno urbanizable no programado) provocará un "importante descenso del precio de la vivienda, porque la repercusión del factor suelo en el precio puede pasar del 43% actual a 10 puntos menos". Algunos expertos dudan de que ese efecto se traduzca en una rebaja del precio de la vivienda y no en un aumento de beneficios de las empresas. Nasarre anunció una subasta-concurso para conceder los préstamos pendientes del plan de vivienda.