El PSOE califica de "decretazo franquista" la modificación de la Ley del Suelo

Los socialistas califican de franquistas las medidas liberalizadoras en materia de suelo aprobadas recientemente por el Gobierno. Aseguran que no es un adjetivo caprichoso, sino que las consideran así de fondo y de forma. Con las nuevas normas, se favorece a los promotores privados, se reduce en un 33% la formación de patrimonio público, es decir, de los ayuntamientos, de suelo urbanizable y, como consecuencia, perjudica a todos los ciudadanos que sólo pueden acceder a una vivienda barata de protección oficial.Así se manifestó en una reunión convocada ayer en el PSOE por Txiki Benegas, responsable de relaciones políticas e institucionales, y alcaldes socialistas. Los ediles del PSOE piden a sus colegas alcaldes del Partido Popular que se rebelen contra el Gobierno de José María Aznar ante lo que consideran un atropello a los ayuntamientos.

Tanto Benegas como los alcaldes de Alcoy, Lérida y Gijón, así como la portavoz socialista en la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del Congreso, atacaron desde distintas perspectivas las medidas liberalizadoras en materia de suelo.

Valor urbanístico

Éstos explicaron que al eliminar la distinción entre el suelo urbanizable programado y el no programado, todo el suelo urbanizable pasa a tener valor urbanístico, es decir, el del mercado. Hasta ahora, el suelo no programado tenía un valor muy inferior. Consecuencia primera, según Benegas, el Gobierno no podrá decir que esta medida abarata el precio de la vivienda.Con carácter inmediato se reduce en un 33% la formación de patrimonio público de suelo urbanizable, es decir, del suelo destinado por mandato legal a la edificación de viviendas de protección oficial y a otros usos de interés social. A los propietarios, decía el alcalde de Gijón, Vicente Álvarez Areces, nada les obliga a desarrollar el suelo urbanizable. Tampoco se van a ver impelidos a reducir en un 5% la repercusión del suelo urbanizable ni en un 15% en el suelo urbano.

El alcalde de Alcoy señalaba que las disposiciones que modifican los porcentajes de cesión a los ayuntamientos y la eliminación de la distinción entre programado y no programado, en absoluto llevan aparejado un estímulo a la actividad. "Más bien pueden favorecer nuevas tendencias a la retención especulativa del suelo". El alcalde de Lérida, Antoni Ciurana, señaló que con esta legislacion se vuelve a la etapa anterior de los ayuntamientos democráticos constituidos en 1979.

Los socialistas decidieron en la reunión de ayer que estas medidas se conozcan como el "superdecretazo" y Cristina Narbona, siguió en la línea de sus compañeros al afirmar que éste es un "decreto franquista" al reproducir una legislación preconstitucional, por no consultar ni a los ayuntamientos ni a las comunidades autónomas y porque beneficia claramente a los propietarios del suelo.

Los responsables socialistas creen que hay muchas posibilidades de que esta norma acabe en el Tribunal Constitucional. La Constitución obliga a la participación de la sociedad en las plusvalías del suelo. "Esta participación se reduce a cero, de acuerdo con el decretazo", afirmó Benegas.