El Gobierno liberaliza servicios y reduce la fiscalidad

El Gobierno empezó ayer a gobernar. Un mes después de su toma de posesión, el Ejecutivo del PP tomó su decisión más trascendental y definió su política económica con la aprobación de un ambicioso paquete de desregulaciones e incentivos fiscales "para dinamizar la economía". Con las nuevas medidas (véase cuadro) persigue la reactivación económica y la creación de empleo mediante una mayor liberalización de sectores hasta ahora intervenidos (telecomunicación, suelo y energía, aparte de abrirse un debate sobre colegios profesionales) y un tratamiento fiscal más favorable para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y para las plusvalías. En definitiva, pone en marcha la teoría de que una tributación más sencilla y menor provocará una mayor actividad económica que fomentará las inversión y compensará el posible coste fiscal que las medidas puedan producir. Teoría que no comparte el principal partido de la oposición. La liberalización incidirá en una bajada de precios de determinados servicios que incidirá en una menor inflación.El Gobierno ha incluido muchas de las medidas defendidas por su socio parlamentario, CiU, y por la CEOE, que ayer expresaron su satisfacción. Se incluyen también algunas reformas estructurales previstas por el anterior Gobierno del PSOE, pero que nunca se aprobaron, entre otras cosas, porque el PP no las apoyó.

El plan, que llevó varias sesiones preparatorias y conversaciones con sus socios catalanes, fue presentado por los ministros de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato; el de Fomento, Rafael Arias Salgado; y el de Industria, Josep Piqué. Según afirmaron, se pretende que el Parlamento convalide el próximo jueves los cuatro decretos-ley que recogen las medidas.

Movilizar ahorro

El plan es para el PP "el más importante de los aprobados en los últimos años", en palabras del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. Rato, principal responsable de su elaboración, argumentó ayer la necesidad de que la economía española dé un paso "fuerte y decidido" en favor de la inversión y el empleo. Justíficó las medidas por el hecho de que existen "necesidades insatisfechas" por los ciudadanos y auguró "efectos beneficiosos e imprescindibles". El titular de Economía explicó que con ellas no se agota todo el proceso de liberalización de la economía, aunque las aprobadas ayer constituyen "un paso muy importante".Para el vicepresidente será el conjunto de los ciudadanos el que se beneficie de las medidas. Negó que con ellas, el Gobierno esté discriminando las rentas derivadas del trabajo frente a las rentas derivadas del capital, principal crítica de la oposición, y negó también que vayan a tener incidencia negativa en los ingresos del Estado. Quiso además reiterar que cumplir los criterios de Maastricht es prioritario para el Gobierno, por lo que se mantiene el objetivo de reducir el déficit. Algo que para el PSOE, sin embargo, es ahora más difícil, y un tema que siguen con especial atención los analistas de los mercados que, no obstante, han, valorado de forma positiva las medidas de liberalización.

Rato hizo especial mención al cambio en el tratamiento fiscal de las plusvalías que ahora se hará en función de su rentabilidad y no en función del tiempo que se mantenga la inversión. Justificó en ello el nuevo tipo fijo del 20% para todas ellas y el periodo transitorio de siete años para que los suscriptores de un fondo de inversión queden exentos de tributar. Se trata, en definitiva, de movilizar el ahorro que, sólo en fondos de inversión, supera los 14 billones de pesetas. "Los ciudadanos", explicó Rato, "no pueden estar atados a un sistema que penaliza los cambios". Ello, añadió "choca con una economía moderna y con la experiencia internacional".

La reducción de la fiscalidad para quienes cotizan por módulos, la reducción del 95% en la base del impuesto de sucesiones en empresas familiares, la eliminación de la doble imposición por dividendos y la actualización de balances a un coste del 3% tendrán, según el Gobierno, un efecto dinamizador aplaudido por la CEOE y que criticó la oposición, que vio también con escepticismo la deducción de un millón de pesetas en la cuota del Impuesto de Sociedades por contratación indefinida de mayores de 45 años y minusválidos.

Reacciones

La patronal CEOE no tardó ayer en alinearse con el plan de choque y aplaudió abiertamente las medidas. A su juicio, el programa del PP mejora sustancialmente el funcionamiento de las empresas y no supondrá ningún impacto negativo sobre los ingresos del Estado. Al contrario, la patronal cree, como el Gobierno, que se incrementarán por el efecto derivado de una mayor actividad. La patronal calificó el plan de "inmejorable noticia"CiU compartió el optimismo de la organización empresarial, aunque con mayor moderación. Pero el PSOE, que cuantificó el coste fiscal de las medidas en no menos de 300.000 millones, arremetió contra el plan por entender que, en sus aspectos fiscales, favorece a las clases más privilegiadas y no al conjunto de los ciudadanos. Esta crítica fue compartida por CC OO y UGT y por IU, que llegó a valorar el coste en más de 600.000 millones de pesetas.

Las quejas se han centrado tanto en las medidas en sí como al procedimiento elegido de decreto-ley, reservado constitucionalmente para los asuntos de máxima urgencia.

Expertos fiscales y economistas valoraron positivamente las medidas, aunque expresaron temor por el impacto sobre los ingresos públicos y, por tanto, sobre la reducción del déficit. Los analistas valoraron especialmente bien las medidas liberalizadoras en suelo, energía y telecomunicaciones, sector en el que se aprobó la concesión de la segunda licencia de telefonía a Retevisión y su privatización. También se decidió abordar el comienzo de las actuaciones sobre la obligatoriedad de adscripción a los colegios profesionales.

Esta información ha sido elaborada por y Miguel Ángel Noceda.