Se reduce la cesión de suelo a los ayuntamientos

Entre las medidas aprobadas ayer se encuentra la liberalización y desregulación del suelo. A partir deja entrada en vigor de las nuevas normas la única distinción será la de suelo urbanizable y no urbanizable, es decir, se suprime la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado. Según el Ministerio de Fomento, esta decisión triplicará la superficie disponible para edificar. Además, se reduce la cesión a los Ayuntamientos.Hasta ahora los propietarios de suelo debían ceder el 15% del solar a los ayuntamientos. Tras la aprobación del nuevo paquete esta cesión será sólo del 10%. Según la nota oficial difundida ayer, esto implica un aumento del porcentaje de aprovechamiento susceptible de apropiación por los propietarios que pasa del 85% al 90%, lo que abaratará el precio final de las viviendas. Provocará, sin embargo, una reducción de los ingresos extras de las haciendas locales, lo que se pretende compensar con una mayor recaudación por cobro de licencias de obras y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al aumentar la actividad del sector. Las cesiones a los ayuntamientos se eliminan cuando se trata de rehabilitaciones y de nuevos edificios que sustituyan a antiguos sin que se altere la edificabilidad.

Además, se acortan y simplifican los plazos y trámites necesarios para urbanizar y edificar. Para ello, se dota a los alcaldes de mayor autonomía en la aprobación del planeamiento y la gestión urbanística, pero salvaguardando las competencias que tienen atribuidos los plenos de las corporaciones.

Vivienda

Por lo que respecta a la vivienda, el Gobierno aprobó la vinculación de las subvenciones que concede el Estado y las comunidades autónomas a los adquirentes de viviendas de protección oficial a la amortización parcial del préstamo hipotecario del beneficiario. Hasta ahora, los adquirentes decidían libremente el destino de esas subvenciones. Según el Gobierno, la nueva medida supondrá un menor esfuerzo de los propietarios para rebajar el volumen de sus deudas, la liberalización de recursos por parte de las entidades financieras y reducirá el gasto público. Para que esta medida pueda hacerse extensiva a las subvenciones concedidas a las comunidades, Fomento deberá modificar los convenios suscritos con éstas antes del 30 de noviembre de 1996.El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, anunció además que se introducirá más competencia entre las entidades financieras que participen en el plan de vivienda, de forma que se favorezca la rebaja de los tipos de interés. Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias-Salgado sugirió como posible fórmula una subasta entre las distintas entidades para adjudicar los 180.000 millones todavía pendientes del plan en vigor y que los faciliten quienes ofrezcan menores tipos.