Nadie pactó el nombramiento de López Gómez

Lo que pasó el 2 de enero no había ocurrido nunca en el Archivo de la Corona de Aragón, salvo un episódico precedente cuando Primo de Rivera. Estaba tomando posesión de la dirección alguien que no procedía de la casa. Como resulta natural, los archiveros tienen el pasado muy presente. Y unos cuantos de ellos, poderes fácticos en la casa, denunciaron que el que venía era alguien que no conocía los fondos del archivo. Poco después empezaron a circular otras características sobre Pedro López Gómez: es madrileño, no conoce la lengua catalana, su relación con Cataluña no ha pasado del turismo. Por su parte, la Generalitat decía -en voz tan- baja como contundente: "Todos los nombramientos que afecten a Cataluña han de pactarse con nosotros". López inició su defensa. Le parecía ridículo que se le acusara de no conocer los fondos -"soy doctor en historia"-; defendía la posibilidad de que al frente de los archivos pudiera colocarse alguien de fuera -"es el sistema habitual en Francia, tiene sus ventajas porque airea el ambiente y la ausencia de compromisos heredados permite tomar decisiones difíci-les"-; esperaba que no ser catalán no fuera motivo de polémica. De paso, dejaba caer una opinión muy extendida entre los archiveros, incluso catalanes: "Los papeles de Salamanca deben quedarse en Salamanca". Se le echaron encima: el consejero de Cultura, Joan Guitart, expuso con talante muy seco que "la obligación de un funcionario es obedecer".López obedecía. Pero a sus jefes. El departamento de Archivos del Ministerio de Cultura, dirigido por Margarita Vázquez de Parga, había trazado un plan dehomogeneización de los sistemas de acceso y consulta a los Archivos generales. A los 20 días de llegar, López Gómez presentaba a sus subordinados un nuevo cuadro completo de clasificación de los fondos. Le acusaron de ignorancia muy elemental. De desconocer, por ejemplo, la diferencia entre el Antiguo Régimen y el mundo moderno. Había propuesto una distinción sistemática entre documentos públicos y privados, y eso en la cosmogonía de la antigua Corona de Aragón no parecía tener sentido. A juicio de sus críticos, el sistema demostraba lo que aventuraron: López evidenciaba que no conocía los fondos. En marzo, el conflicto entraba, plásticamente, en el ámbito político. CiU exigía que López se marchara: lo llamaba ignorante y en el cuadro de clasificación creía haber encontrado la prueba.

El director, que había entrado en un silencio público muy espeso, decidió entonces hablar. Concedió una entrevista, a este diario para decir, fundamentalmente, tres cosas: el cuadro de clasificación suponía una democratización de las vías de acceso a los fondos del archivo -"hasta ahora la información ha estado secuestrada por un grupo de archiveros"-; denunciaba que la situación del ACA era grave -"no hay planificación, no hay un tratamiento correcto de la documentación y no hay una información correcta al público"- y aseguraba que la "producción intelectual del archivo en los últimos 10 años ha sido inexistente". Y decía también que no iba a dimitir. Lo que dijo escoció. En el ACA lo consideraron calumnioso. En los despachos políticos, se fijaron expresamente en su negativa a dimitir. El resto es reciente: el Parlament de Catalunya aprobó el pasado 9 de mayo dos resoluciones: pedir el cese del director del archivo y reclamar el traspaso de la gestión del ACA. En el fondo: una misma resolución.