El ministro Rajoy asegura desconocer el coste del nuevo sistema de financiación autonómica

Al nuevo ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, le corresponde la difícil tarea de materializar el pacto con los nacionalistas. La reforma de la Administración periférica del Estado, con la supresión de los gobernadores civiles, es su primer compromiso, según aseguró ayer el propio Rajoy en su toma de posesión en la sede de Castellana 3. El pacto lija el plazo de tres meses para cumplir este objetivo. El nuevo ministro, en cuya toma de posesión no estuvo presente su antecesor, el socialista Joan Lerma, aseguré desconocer el coste de la financiación autonómica.

El plato fuerte de la reforma de la Administración periférica del Estado es la sustitución de la figura de los gobernadores civiles por subdelegados provinciales que dependerán del delegado general del Gobierno en la comunidad autónoma y que serán nombrados por él. Antes de tres meses, el Gobierno del PP enviará a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre este tema, con el que pretende potenciar el papel de la comunidad frente a la provincia, acorde con el Estado de las autonomías.Esta medida, además de tener el respaldo de los nacionalistas, tampoco cuenta de antemano con objeciones de fondo por par te del PSOE. Ayer, el propio Rajoy admitió que su proyecto tendrá como base la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración (LOFAGE), aprobada por el Consejo de Ministros socialista poco antes de la disolución de las Cortes.

Pero el reto más fuerte que se le plantea a Rajoy es la financiación autonómica, cuyo coste admitió desconocer ayer. El ministro reconoce que su principal dificultad está en, convencer a los tres presidentes autonómicos socialistas -José Bono, de C;astilla-La Mancha; Manuel Chaves, de Andalucía, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de Extremadura- de la ampliación de la cesión del IRPF al 30%.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -que reúne a los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas con los representantes de las autonomías- tiene de plazo hasta fin de año para adoptar una decisión sobre la reforma de la financiación, recordó ayer Mariano Rajoy.

En plazos similares se sitúa la renovación del Concierto Económico vasco para los próximos cinco años. El compromiso del PP con el PNV de concertar los impuestos especiales en la renovación del Concierto es la piedra de toque de esa negociación.

Rajoy también tendrá que afrontar para antes de fin de año la reforma de los estatutos de autonomía de Aragón y Canarias. El primero ofrece mayores complicaciones al PP porque contiene aspectos polémicos, como el Concierto Económico. Su rechazo le enemistaría con sus aliados del Partido Aragonés.

El ministro dispone de mayor plazo para el desarrollo de los estatutos dé autonomia, regulados por el artículo 151 de la Constitución o de vía rápida. Es el caso de los puertos. En seis meses, el Gobierno tendrá que presentar una ley de reforma de la legislación de puertos para aumentar la presencia de las autonomías. En el caso de las costas, la ley de reforma tiene el plazo de un año.

Rajoy no tiene plazo para impulsar dos asignaturas pendientes que completan el compromiso autonómico del PP, aunque no constan en los pactos con los nacionalistas: la reforma del Senado y el Pacto Local.