Aznar asegura que la reforma autonómica pactada con los nacionalistas es solidaria

José María Aznar empleó 80 minutos en su intervención inicial, una detallada exposición de los propósitos para la legislatura suspendida sobre tres pilares: el impulso autonómico y la reforma del sistema de financiación de las comunidades, con la promesa de que no afectará a la solidaridad; el impulso económico y la convergencia con Europa y el compromiso de mantener el "pacto de solidaridad" que incluye el carácter universal de la educación y la sanidad, las pensiones y la protección social. El candidato a la presidencia del Gobierno advirtió en este punto contra el inmovilismo, porque "el mantenimiento del Estado social de derecho" definición tomada en préstamo de la Constitución, "obliga a emprender tareas decisivas para mejorar el sistema". El único anuncio concreto sobre este asunto fue el desarrollo íntegro del Pacto de Toledo.

Aznar arrancó, como parecía obligado, de la constatación de que son los pactos firmados con los nacionalistas de CiU, el PNV y Coalición Canaria los que le permitirán gobernar y afrontar la legislatura "con vocación de agotarla". Espera que los acuerdos sean la base de una colaboración "leal, fecunda y transparente". Este último fue, precisamente, uno de sus argumentos centrales frente a Felipe González. Los acuerdos han sido públicos, están por escrito y precisamente por eso pueden criticarse.El plato fuerte de la investidura era la reorganización autonómica y la reforma de la financiación, pactada con los partidos nacionalistas. Nadie objetó ni el compromiso de "desarrollo concordado" del Estatuto de Gernika ni los reconocimientos de la singularidad insular y periférica canaria ni la promesa de rematar el desarrollo de los estatutos de vía rápida [artículo 151 de la Constitución y asimilados], completar transferencias a los de vía lenta [artículo 143] y reformar los de Canarias y Aragón.

Hechos diferenciales

En la financiación se produjo el verdadero debate. Aznar consideró que la Constitución permite "albergar con naturalidad y holgura a los distintos pueblos de España", se refirió a los hechos diferenciales y consideró que, en este terreno, el consenso "no es un método, es un requisito".

Pero el sistema encerraba hasta ahora una asignatura pendiente, según el, candidato a la presidencia. Mientras dos niveles de la Administración, el central y el municipal, tienen responsabilidades fiscales y deben comprometerse en la recaudación, las comunidades se han mantenido como "unidades gestoras de gasto". Así, la transferencia del 30% del impuesto de la renta fue presentada más que como una concesión, como una vía para responsabilizar a las administraciones autónomas en el control del gasto y del déficit.

Para el candidato, no existe riesgo de deterioro para la cohesión y la solidaridad territorial. "Quedan garantizados los servicios y prestaciones esenciales a todos los ciudadanos, porque el Estado seguirá contando con los recursos suficientes para las políticas de redistribución". En el debate posterior con Felipe González, éste insistió en preguntar sobre los topes de recaudación para las comunidades con más renta y el año base para calcularlos o de dónde se sacarán los recursos para la "sobrefinanciación".

"Criticas respetables"

José María Aznar no contestó. Insistió en considerar las preguntas del jefe del Gobierno saliente como "críticas respetables". Los topes o el año base de cálculo, señaló, son objeto del consenso que ofreció a todas las fuerzas políticas y comunidades autónomas, con carácter previo incluso a la presentación del proyecto del Gobierno a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El líder de los populares fue coherente con el hilo conductor de su esfuerzo de los últimos años por centrar su propio partido y conseguir la mayoría. En el tramo final de las 26 hojas de apretado texto, dejando ver ya el cansancio de la lectura, reivindicó la alternancia como motor de ilusión social para superar "la inercia y la resignación" y se manifestó rotundamente convencido de que los avances se hacen mediante reformas, pero asumiendo "todo lo válido que se recibe", con reconocimiento expreso de los de la última etapa en sanidad y educación.

Hizo una profesión de fe expresa en la sociedad española y le invitó a convertirse en protagonista de un esfuerzo de modernización que exigirá "mucho diálogo, mucha comprensión recíproca y el abandono de muchos prejuicios". Los mismos requisitos que acaba de cumplir el propio Partido Popular para llegar a donde ayer logró situarse.

El principal problema

En el capítulo económico, el candidato situó el paro como el principal problema de España. La receta para mantener la protección social y la competitividad al mismo tiempo consiste en cumplir "estrictamente" los criterios de convergencia fijados en Maastricht para llegar a tiempo a la moneda única, abordar "reformas estructurales" que permitan mejorar el funcionamiento de los mercados y perfeccionar "los sistemas de empleo y de protección social".

El cumplimiento de los criterios de convergencia "es un objetivo nacional" y orientará toda la acción de gobierno. En este apartado, Aznar introdujo la polémica sobre la herencia recibida, pero con sutileza. Insistió en que España no cumple ninguno de los cinco criterios de convergencia.

Cuando González le contestó que en la misma circunstancia se encuentran todos los países de la UE menos Luxemburgo, Aznar no admitió el argumento como consuelo. "Hay un hecho cierto. Quedan 18 meses para conseguir la convergencia".

El candidato a la presidencia del Gobierno no habla del Estado de bienestar, sino de pacto de solidaridad, para referirse al conjunto de conquistas sociales que abarcan educación y sanidad universalizadas, pensiones y sistema de protección social.

Esos objetivos "nunca deben ponerse en cuestión" y constituyen una herencia indiscutible del pacto que dio paso a la transición democrática y la Constitución.

Quiso ahuyentar el fantasma de los recortes que algunos gobiernos europeos han emprendido y anunció reformas tareas decisivas" para la mejora del sistema, sin concretar su alcance. Sólo explicó que está decidido a desarrollar el Pacto de Toledo en su integridad y con voluntad de consenso. Criticó la rigidez y el burocratismo del sistema sanitario y anunció mayores posibilidades reales de elección de hospital y de médico como elemento dinamizador.

Un criterio similar aplicará para la educación, cuya gratuidad se extenderá a la preescolar durante la legislatura. No hubo un anuncio expreso de paralización de la reforma educativa en marcha, perso sí de reconsideración para adoptar las medidas oportunas".