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'Posnacionalismo' y autodeterminación

Juan José Solozábal

La masiva toma de posición frente a la violencia y el declive, en conjunto, del voto nacionalista en las últimas elecciones puede considerarse indicador de una nueva situación vasca de enorme importancia cuyas líneas tendenciales deben ser objeto de análisis, ofreciendo un panorama cuya consolidación, de confirmarse, ha de originar a su vez la reacción correspondiente de las fuerzas políticas vascas.Me parece que la actitud frente a la violencia, en particular la asumida por sectores tan poco convencionales como la juventud universitaria o las ONGs, no sólo denota un rechazo a la pertinencia de la utilización en un espacio democrático de una vía a la vez atávica y absurda -la modernidad es incompatible con el empleo privado de la violencia, pues en la forma política estatal la coacción, además sometida a estricto control legal, se encuentra necesariamente concentrada en manos públicas-, sino la convicción de lo insoportable, desde un punto de vista ético, que resulta para la sociedad vasca la impostura de quienes autoatribuyéndose la defensa de su libertad ejercen de hecho en su nombre la tiranía.

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En cuanto al declive del voto nacionalista, que seguramente no ha hecho sino empezar y sobre cuyo alcance llamaba recientemente la atención Fernando Savater, llanamos bien todos, empezando por los propios nacionalistas, en captar su significado. No sería la ocasión tanto de constatar una derrota de los valores o las convicciones nacionalistas, que retrocederían ante el ataque de los principios de la "otra comunidad" enfrentada a la vasca, cuanto, según creo, de la consecución en la vida de Euskadi de un grado de saturación nacionalista que evidencia que para muchos el problema del autogobierno, desde la lealtad indubitable a la autonomía, ya no es la reivindicación, sino la administración correcta y eficaz de un sistema cuyas disfunciones se multiplican si se insiste, sobre la cooperación y la racionalización, en la confrontación y el aventurerismo político.

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Me gustaría señalar que en esta situación, que, por decirlo así, prefigura un escenario en cierto sentido posnacioalista, sería. deseable recomendar a los agentes que, desde la acción o la reflexión, se proponen como objetivo la maximalización de la racionalidad y la búsqueda de la normalidad política en Euskadi que evitasen tres errores que, a mi juicio, obstaculizan de modo tan notable como quizás inadvertido el avance en la dirección positiva.

El primer error consistiría en considerar que el problema vasco sólo a los vascos compete, siendo un asunto de su exclusiva incumbencia. No me referiré a la formulación extrema de esta tesis cuyos términos no quiero repetir ni siquiera para describirla: la solución no sólo no es condenar a los vascos a la guerra civil, sino hacer de nuestra parte precisamente todo para evitarla. De otro lado, el problema vasco es, justamente, la primera cuestión española, aquella en la que nos jugamos literalmente nuestra existencia: nadie debería ignorar que el Estado español como orden estable de convivencia no sobreviviría al fracaso vasco, quiero decir al fracaso de la democracia española de encontrar una solución política, esto es, democrática y pacífica, al problema vasco.

La democracia española -su ordenamiento jurídico, sus instituciones políticas- no constituyen para Euskadi un obstáculo en la recuperación de su identidad, sino el marco imprescindible de su vida política. La garantía de la paz del País Vasco radica precisamente en su inserción en el Estado español: lo que preserva las esperanzas de civilidad de su vida pública es así la normalidad- y regularidad que, especialmente en los momentos de crisis, asegura a las instituciones vascas de autogobierno la cobertura del Estado español.

De modo que, frente a lo que a veces suele oírse, lo que necesita el País Vasco en estos momentos no es aislamiento, que sólo produce ensimismamiento autista, sino arropamiento y comprensión: hay una sintonía perfecta entre el autogobierno, que debe alcanzarse a través del desarrollo cabal del estatuto, y la integración institucional en el Estado común que, como hemos visto, garantiza, potencia y asegura la plena realización autonómica. Ahora como siempre, el interés y la solidaridad de España con el pueblo vasco no es injerencia ni intromisión, sino respaldo y apoyo.

El segundo error puede consistir en un hostigamiento inadecuado al nacionalismo vasco, consecuencia de un entendimiento incorrecto de sus presupuestos y legitimidad, que, sobre incurrir en algún error conceptual de bulto, puede generar también alguna reacción asimismo impropia de su parte. En esta actitud habría que incluir a quienes atribuyan al declive nacionalista un alcance descalificatorio para tal ideología, a mi juicio no deducible, como veíamos, de los resultados electorales; o a quienes, susceptibles de la garantía de la especificidad vasca, tan bien guardada en la Constitución, hubiesen deseado, de haberlo permitido las urnas, algunos reajustes institucionales en aras de supuestas- exigencias de la igualdad.

En términos más refinados, ésta es la posición que subyace a contraposiciones, a mi juicio abusivas, propuestas entre nacionalismos políticos y nacionalismos étnicos: aquéllos, de base democrática, liberal y moderna; éstos, de base organicista, racial y premoderna. Según creo, esta actitud olvida la deficiente recepción por el liberalismo típico del pluralismo territorial, así como la tendencia del nacionalismo estatal a conseguir la homogeneidad cultural de los espacios que abarca, ignorando, de otro lado, la evidente construcción democrática de algunos nacionalismos étnicos -como el vasco- y en cualquier caso la legitimidad de la solicitud para los mismos de la lealtad de los ciudadanos. La solución a estos problemas, que desde luego no está en aceptar el reproche de artificiosidad o superfluidad de los nacionalismos políticos que contra ellos formulan los nacionalismos periféricos, ni en asumir la disciplina condescendiente respecto de éstos de aquéllos, tal vez pueda buscarse en la aceptación leal mutua de su simultaneidad y compatibilidad, como destinatarios perfectamente legítimos de la vinculación política.

A mi juicio, el último error a evitar es el pensar que la autodeterminación pueda consistir en un tratamiento eficaz para el problema vasco y no precisamente en su prolongación y encono. Esto dicho no sólo tras el reconocimiento de la licitud de su defensa, perfectamente garantizada en cuanto pretensión política por nuestro orden democrático constitucional, sino incluso de la pertinencia de su reclamación en una situación límite en la que el sistema político español no acogiese en términos suficientes el derecho al autogobiemo del pueblo vasco.

Lo que se pretende decir es que la solicitud del ejercicio del derecho de autodeterminación, en una situación en la que la integración europea ha rebajado el significado de las fronteras estatales y en la que el orden constitucional y estatutario han dotado al pueblo vasco de facultades de autogobiemo superiores a las disponibles por cualquier ente descentralizado, plantea para el propio País Vasco y el Estado español muchos más inconvenientes que ventajas.

De modo que nuestras objeciones a la autodeterminación como tratamiento adecuado al caso vasco no se formulan desde el terreno de los principios, como si la estructura inmutable o eterna del Estado español impidiese el cuestionamiento de sus límites, o nos encontrásemos ante un dato natural o incontrovertible indisponible para la voluntad de los ciudadanos, ni siquiera en el plano de las dificultades, llamémosles técnicas, que su ejercicio plantease, tales como su calificación como derecho o pretensión política o la identificación del sujeto territorial a autodeterminarse, sino en el terreno de la conveniencia: la demanda de la autodeterminación no estimularía la paz, sino que justificaría políticamente la actitud de quienes, en virtud de sus nulas convicciones democráticas, incluso recurriendo a la violencia, no cejarían hasta adecuar a su voluntad la de los ciudadanos vascos.

Juan José Solozábal es catedrático de Derecho Constitucional de la UNAM.

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