Desconfianza

EL PARTIDO Popular no ha querido avalar el reajuste presupuestario de 112.000 millones de pesetas propuesto para este año por el Gobierno socialista, en funciones. Pero, a falta de razones consistentes para justificar su decisión, el PP ha optado por descalificar la medida sobre la que se le solicitaba su acuerdo en calidad de partido designado por los electores para formar Gobierno.Cristóbal Montoro, encargado por el PP para formalizar el traspaso de poderes en el área económica, ha calificado la propuesta de "inconsistente, falta de seriedad y de rigor". Y ha hecho sobre ella un severo juicio de intenciones al acusar al Gobierno en funciones de maquillar determinadas "trampas y compromisos adquiridos a la ligera en el pasado". Naturalmente, el, PP no podía hacerse cómplice de la operación.

La abundancia de calificativos utilizados apenas puede ocultar, sin embargo, los motivos de la actitud del PP: su desconfianza política sin matices sobre el conjunto de la gestión del PSOE al frente del Estado. A la postre, Montoro también ha sacado a relucir el argumento o la amenaza de las auditorías públicas con que. el PP avisó en la precampaña electoral en caso de llegar al Gobierno. Todavía no lo tiene, pero la primera víctima de esa actitud ha sido dejar en el aire un relativamente modesto reajuste presupuestario y condicionar un poco más los objetivos de reducción del déficit en 1996.

Mala cosa es que el principio de desconfianza se instale como eje central de las relaciones políticas y que el traspaso de poderes no pueda hacerse sin echar sobre los gobernantes anteriores las sospechas de corrupción, despilfarro y desvío de poder. Esta mala práctica política -frívolamente esbozada por los socialistas con el anuncio en 1983 de aquellas auditorías de infarto que no mataron a nadie, que se sepa- no puede ni debe convertirse, en una tradición en la democracia española. Que un partido que llega al poder quiera conocerlo más rápida y exactamente posible la situación de las cuentas públicas es algo elemental y necesario. Pero lanzar mensajes de desconfianza general sobre la entera gestión pública de un Gobierno es muy distinto. No debería ser ésa la contribución española a la práctica democrática. Y menos aún una de las primeras aportaciones políticas de quienes aspiran a contar con una mayoría parlamentaria para alcanzar la investidura y gobernar luego con cierta estabilidad.