El caso de los niños abandonados provoca un conflicto administrativo

El estado de desamparo y abandono en el que han vivido durante semanas seis menores de edad en Alicante se cobró ayer su primera víctima política. Juan Antonio Montesinos, director territorial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en Alicante, anunció que en los próximos días presentará su dimisión irrevocable. El caso ha desencadenado un conflicto entre instituciones administrativas y judiciales.

La Generalitat y el Ayuntamiento responsabilizan directamente al juez, argumentando que ellos no podían actuar en el domicilio de la familia afectada sin una orden judicial, que nunca llegó, al entender el juzgado de familia que no era tema de su competencia. Las discrepancias sobre quién debía actuar motivaron que los seis niños fueran víctimas, durante semanas, de la burocracia. Todos conocían la penosa situación que atravesaban los pequeños, con edades comprendidas entre los 14 años y los 7 meses que vivían solos en un piso de Alicante a cargo de la mayor del grupo. Sin embargo, no se actuó hasta que un policía de barrio solucionó el problema en 24 horas al ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de menores.Los niños son atendidos ahora en dos centros especializados. El consejero Sanmartín reconoció que la responsabilidad del caso recaía en su departamento y en el juzgado de primera instancia número 8 de la ciudad, encargado de asuntos de familia, que no actuó pese a tener conocimiento oficial de la situación y haber sido requerido para ordenar medidas cautelares que garantizaran los derechos de los menores y su asistencia en centros especializados.

Los cinco niños de 14, 11, 9, 5 y 4 año! y un bebé de 7 meses vivían solos en una casa del barrio Juan XXIII.

Uno de los padres enviaba esporádicamente algún dinero por giro postal y les dejó el número de su teléfono móvil para que contactaran con él, por lo que ha declarado que no consideraba que los niños estuvieran abandonados. Para subsistir, los pequeños pedían leche y alimentos a los vecinos.

La mayor del grupo, con 14 años recién cumplidos, asumió el papel de cabeza de familia, alimentó a sus hermanos y sobrinos e incluso se encargaba de acudir al médico cuando alguno enfermaba. Desde 1993, el departamento municipal de Servicios Sociales y la consejería del mismo ramo conocían los problemas de desarraigo familiar, pero no se actuó de forma directa y urgente al considerar que "todavía" estaban a tiempo de "salvar" la integridad familiar.

Los niños, según un informe fechado en 1994, sufrían desamparo, pero no vivían en situación de abandono porque eran mantenidos por sus padres, con los que convivían durante algunos periodos del año. Fue a principios de este mes de marzo cuando la situación se deterioró por completo y el último de los progenitores (tres mujeres y dos hombres), abandonó definitivamente a los pequeños.

La directora general de Servicios Sociales, María Luisa García Merita informó ayer que los padres de los niños están localizados y que han perdido la tutela de los niños porque se ha aplicado la tutela cautelar del estado.