La estrategia del Kremlin

Moscú vive horas peligrosas, y no por las resoluciones de la Duma, sino porque la campaña electoral de Borís Yeltsin no termina de despegar y sus posibilidades de ser reelegido son, como dice el Times de Londres, "todavía más escasas que las de John Major en el Reino Unido". El Kremlin se dedica, pues, a llevar a cabo una estrategia de tensión que le dé motivos para retrasar, si no anular, las elecciones del próximo junio. El Partido Comunista de Guenadi Ziugánov, al votar el 15 de marzo la anulación de los acuerdos de Bialowierza de 1991, dio un pretexto a Yeltsin -aunque éste encontrará otros- para poner el grito en el cielo. "Pagaréis cara esa votación", dijo de entrada a los diputados. Al día siguiente, el aparcamiento puesto a disposición de la Duma fue reducido a la mitad; el pago de las dietas parlamentarias, suspendido por un periodo indeterminado, y, como colofón, se ordenó evacuar el Parlamento durante 12 horas con el pretexto de que en el sótano había un paquete radiactivo. Cuando los diputados hubieron salido, el local fue ocupado por un importante destacamento de tropas del Ministerio del Interior, que debían ser invulnerables a las radiaciones. La mezquindad de Yeltsin, conocida desde hace tiempo, ya no escandaliza. Pero el presidente ruso ha logrado movilizar contra la Duma a los presidentes de las otras repúblicas ex soviéticas, e incluso al mundo entero, lo que hace que el asunto sea más serio.Para comprender sus orígenes, hay que retroceder cinco años. El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reunieron secretamente en un pabellón de caza del bosque de Bialowierza para perpetrar un golpe de Estado blanco contra Gorbachov y la URSS. Decidieron unilateralmente "disolver" la Unión Soviética sin consultar ni a su presidente ni a su órgano legislativo superior, el Congreso de Diputados del Pueblo. Ningún jurista, ruso o extranjero, podría encontrar el más mínimo fundamento jurídico a la decisión tomada en Bialowierza. Como eran conscientes de que su actuación violaba la ley, Yeltsin y sus cómplices no osaron telefonear a Gorbachov para informarle o justificarse. Se pusieron en contacto con el presidente estadounidense George Bush y con el mariscal Chapochnikov, ministro de la Defensa, para asegurarse la ayuda del Ejército. Los presidentes reunidos en Bialowierza querían proclamar una Comunidad de Estados Eslavos y sólo posteriormente, mediante la intervención de Kazakh Nazarbaiev y Gorbachov, se les hizo comprender que una división de la ex URSS basada en razones étnicas sería inaceptable. Todo esto es del dominio público, y si hoy conviene recordarlo es porque Yeltsin no parece el más indicado para vestir ahora la toga de "defensor de la CEI" (Comunidad de Estados Independientes).

El Partido Comunista, que fue disuelto en agosto de 1991, evidentemente no pudo pronunciarse en diciembre de ese año sobre nada, pero sí que es cierto que los diputados comunistas del Sóviet Supremo, una de las ramas del Congreso del Pueblo, ratificaron el tratado de Bialowierza. Con una salvedad: según la Constitución de ese momento, ellos tampoco tenían derecho a hacerlo. El pecado original del régimen yeltsiniano era por tanto conocido desde el comienzo, pero fue solamente en 1995, en vísperas de las elecciones legislativas, cuando Guenadi Ziugánov puso a la cabeza de su programa la anulación de los acuerdos de Bialowierza. Obtuvo, con sus aliados, más de veinte millones de votos, por lo que no es de extrañar que haya sometido ese tema a la Duma. El 15 de marzo, dice Ziugánov, es una fecha histórica en Rusia, porque fue ese mismo día, en 1917, cuando el zar Nicolás II abdicó y, en 1985, cuando Mijaíl Gorbachov subió al poder. El sentido de esas analogías no es evidente, pero el problema no radica ahí: de 300 diputados presentes, 260 votaron a favor de la resolución presentada por el PC. Entre ellos, una veintena de diputados del partido de Zhirinovski, aunque, esta vez, sus votos no eran decisivos ya que la mayoría requerida era de 226 votos. Los amigos del presidente exageran cuando hablan de una colusión entre "los rojos y los pardos", tanto más cuanto esos "pardos" apoyaron en la legislatura precedente la guerra de Yeltsin en Chechenia y han votado sistemáticamente a favor de su Gobierno. Finalmente, last but not least: ni hoy ni ayer, los comunistas han reivindicado Crimea; ha sido Galina Starovoitova, una fiel a Yeltsin, la que lo ha hecho desde 1992 y hasta hoy continúa a su lado defendiendo las mismas ideas.

El lunes pasado hubo un nuevo golpe de efecto. En un mensaje muy duro, Yeltsin pidió al Consejo de la Federación (Cámara alta) que condenara el voto de la Duma. El debate se agrió rápidamente y uno de los senadores demostró que el presidente no había leído la resolución que denunciaba. En efecto, ésta no pone en cuestión los tratados firmados por Rusia y, en lo que a la CEI se refiere, proclama que su objetivo es "crear las condiciones para una profundización que permita, sobre una base benévola, una unión más estrecha entre las antiguas repúblicas". Varios gobernadores de las grandes regiones de Siberia y Extremo Oriente plantearon por separado la siguiente pregunta: "¿Quién le lee al presidente los documentos oficiales?". En ella se sobreentiende la conocida respuesta de que un "Rasputín colectivo" (los generales Korjakov y Barsukov) es el que decide todo en el Kremlin. El gobernador de la región de Moscú, el corpulento Anatoli Tiajlov, subió a la tribuna y propuso con una gran sonrisa: "Pospongamos las elecciones presidenciales durante un tiempo indeterminado hasta que se aclare este embrollo jurídico". A partir de entonces, las cosas quedaron claras. Tiafflov no es un "Rasputín", pero su amistad con el presidente es notoria. Otros 12 senadores, todos "demócratas", se han alineado con él, pero su número no es suficiente para que su "propuesta" se apruebe.

Este incidente puso de manifiesto la opción de fondo del grupo de Yeltsin, lo que no es poco. Cuarenta y ocho horas después, el presidente de la Comisión Electoral Nacional, Riabov, confirmó esta opción. El Consejo de la Federación se negó a condenar a la Duma, pero para no enfadar demasiado a Yeltsin y evitar represalias pidió a los diputados que "precisen su posición".

En el curso de ese mismo lunes, en otro extremo del país, en Chechenia, tuvo lugar un debate mucho más dramático. El Consejo Nacional prorruso, elegido -suponiendo que se pueda utilizar esa ex

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