Secreto y antiterrorismo

EL DEFENSOR del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, ha pedido información al Gobierno sobre su confuso y polémico acuerdo que le permite declarar secretas las actuaciones de la policía y de: la Guardia Civil en materia antiterrorista. Con enterioridad había hecho lo mismo el director de la Agencia de Protección de Datos (APD), organismo oficial que cuida, entre otras cosas, de que determinados datos de los archivos policiales no queden vedados al conocimiento de los ciudadanos.Ese acuerdo del Gobierno tiene todas las trazas de incidir en ámbitos sensibles a los derechos fundamentales de la persona cuya defensa tienen encomendada tanto la institución del Defensor del Pueblo como la Agencia de Protección de Datos. Por eso es primordial que el Gobierno explique su naturaleza y alcance. De momento, la única explicación pública ha sido dada por la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles. Pero no despeja las incógnitas principales.Margarita Robles se ha limitado a asegurar que la declaración de materia reservada no afecta a las operaciones ni a las actuaciones policiales contra el terrorismo, sino sólo a la información relativa a las mismas. Eso garantizaría que los posibles actos delictivos o los excesos con daños a personas no quedarían impunes ni al margen de la actuación de los jueces. También ha dicho que el acuerdo no tiene carácter retroactivo y que, por tanto, no afecta a las acciones de guerra sucia contra ETA, como los GAL y otras, sometidas actualmente a investigación judicial. Es posible que así sea, pero esa explicación no tranquiliza del todo sobre los posibles efectos que un simple acuerdo puede tener sobre derechos garantizados por la Constitución o por leyes orgánicas. En cualquier caso, esa garantía debe darla el Gobierno formalmente y por escrito. Una mera declaración periodística no basta para aclarar esa importante. cuestión. Es lo que piden el Defensor del Pueblo y el director de la Agencia de Protección de Datos.