El PP retiró el martes del Parlamento catalán dos investigaciones sobre irregularidades de CiU

El PP ha comenzado a modificar a marchas forzadas su estrategia parlamentaria en Cataluña como consecuencia de la nueva situación política nacional. Josep Curto, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento catalán, retiró del registro de la Cámara catalana el pasado martes -24 horas antes de que comenzasen las negociaciones en Madrid entre la dirección del PP y la de CiU- dos iniciativas pendientes de tramitación en las que reclamaba la investigación de posibles casos de irregularidades en sendos organismos ligados a la Generalitat, el Instituto Catalán de Finanzas y la Escuela de Policía.

Josep Curto examinó con lupa, en la anterior legislatura autonómica, los expedientes del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por los que se concedieron avales y créditos a una serie de empresas entre 1990 y 1992. Protestó entonces de manera beligerante por no tener acceso a esa información durante el año 1993 y acusó en 1994 a este organismo de actuar "por amiguismo y con poca profesionalidad" en beneficio de amigos y familiares de dirigentes de CiU y de altos cargos de la Generalitat.Esta denuncia se concretó, por ejemplo, sobre un crédito de 200 millones que recibió del ICF una empresa de cuyo consejo de administración formaba parte el secretario general de la Generalitat, Josep María Portabella Alós. Curto, un empleado de banca procedente de la vieja guardia de Alianza Popular en el municipio de Tortosa (Tarragona), reveló esa actuación.

También se indignó el PP catalán cuando se supo que el ICF había concedido un crédito de 69 millones al Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló (Osona) para comprar una parcela al cuñado del ex consejero Josep Maria Cullell por el triple de su valor. Todas estas denuncias encontraban su eco también en Iniciativa per Catalunya (IC).

De hecho fueron estas dos formaciones políticas. las que plantearon conjuntamente en el registro del Parlamento una iniciativa para crear una comisión investigación de los créditos y avales concedidos por el Instituto Catalán de Finanzas, esa especie de embrión o germen del futuro Banco Central que pretende crear Jordi Pujol.

Las actuaciones del ICF fueron objeto de las pesquisas e investigaciones de los parlamentarios del PP y de IC en la pasada legislatura. Nada más comenzar la actual, el pasado 5 de diciembre, volvieron a la carga sobre el mismo asunto y plantearon la necesidad de una comisión de investigación.

En la tarde del pasado martes, Josep Curto, como portavoz del PP, retiraba esa propuesta del registro del Parlamento. La constitución de una comisión de ese tipo sólo se estudia por parte de a Mesa cuando la suscriben al menos dos partidos políticos. Habían pasado menos de dos días de las elecciones y faltaban penas 24 horas para que Rodrigo Rato y Joaquim Molins, los portavoces en el Congreso del PP y CiU en la última legislatura, se sentaran a negociar un posible pacto de gobierno en Madrid.

Fuentes del PP en Madrid confirmaron a este periódico que Curto había sido presionado por un responsable de la dirección nacional del PP para "olvidar" esos asuntos. También destacaron esas fuentes que el propio Aznar le pidió al presidente del PP catalán, Aleix Vidal-Quadras, que le trajera esas iniciativas a Madrid el pasado miércoles, aprovechando la reunión de la Junta Directiva Nacional. El grupo del PP en el Parlamento catalán admitió en una reunión, celebrada precisamente el martes pasado, que debería renunciar a su labor de oposición para facilitar el acuerdo de los nacionalistas en la investidura de Aznar.