La Audiencia Nacional devuelve a Descharnes la gestión de los derechos de autor de Dalí

Robert Descharnes, colaborador del pintor Salvador Dalí desde los años cincuenta, ha ganado el primer asalto en la pugna que mantiene con el Ministerio de Cultura en los tribunales. La Audiencia Nacional, en un auto fechado el pasado 22 de febrero, obliga al Ministerio de Cultura a devolver a Demart pro Arte la gestión de los derechos de autor de Salvador Dalí. Estos derechos son gestionados en la actualidad por la Fundación Gala-Dalí, con sede en Figueres (Girona), gracias a una orden firmada por la ministra Carmen Alborch que Descharnes impugnó en los tribunales.

La decisión judicial no es definitiva. Se trata, por el momento, de una medida cautelar a la espera (le que se dicte sentenciafirme. Y que exige a Descharnes -administrador único de Demart- la "prestación de una caución", es decir, de una fianza de 100 millones de pesetas. Un colaborador de Descharnes señaló ayer que solicitarán una rebaja de la fianza, que depositarán en cualquier caso. Fuentes del Ministerio de Cultura y de la Fundación Gala-Dalí informaron ayer de que recurrirán el auto.La pugna judicial entre Descharnes y el Ministerio de Cultura tiene su origen en una orden de la ministra Carmen Alborch, fechada en julio de 1995, que otorga a la Fundación Gala-Salvador Dalí "el ejercicio de las facultades de administración y explotación de los derechos de la propiedad intelectual derivados de la obra artística de Salvador Dalí". Estos derechos habían sido gestionados hasta entonces por Demart pro Arte, que los había obtenido gracias a un contrato firmado en 1.986 entre Descharnes -como representante de la sociedad- y Dalí. El contrato tenía su fecha de caducidad en el año 2004, cuando los mencionados derechos deberían revertir en los herederos del artistas: es decir, el Estado español, como se supo tras la muerte de Dalí, en enero de 1989.

Aunque hubo negociaciones y contactos para conocer las actividades de la sociedad, ni Jorge Semprún ni Jordi Solé Tura, ambos ministros de Cultura, opusieron objeciones a la validez del contrato entre Dalí y Demart. Es más: "El propio Ministerio de Cultura reconoció, en fecha 21 de febrero de 1991, la vigencia del contrato", según el. auto dictado el pasado 22 de febrero por la sección cuarta de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.

Pero en la etapa de Carmen Alborch, el Gobierno entendió que el contrato entre Dalí y Descharnes era "un mandato" del pintor que se extinguió con su muerte. Los derechos de Dalí eran, pues, del Estado -su heredero universal-, lo que permitió al Ministerio de Cultura ceder su gestión a la Fundación Gala-Dalí.

El recurso de Descharnes ante esta decisión ministerial ha tenido ahora su primer desenlace en el auto de la Audiencia Nacional, cuyo punto tercero, "sin prejuzgar el fondo del asunto", señala: "Conviene poner de relieve que en el año 1986 se suscribió un contrato que no parece que pueda calificarse de mandato sino de cesión temporal de derechos de propiedad intelectual que se deduce tanto de su denominación como, muy especialmente, de su contenido, por un plazo determinado y en virtud del cual se establecieron derechos y obligaciones por ambas partes". Y agrega: "Entre los derechos del cesionario se encuentran determinadas facultades de administración y explotación de derechos de propiedad intelectual que ahora debemos entender que la orden impugnada atribuye a la fundación [Gala-Salvador Dalí] codemandada. Igualmente debe destacarse que el fallecimiento del cedente [Dalí] se produjo durante la vigencia del contrato, aceptando la herencia el Estado español, que se constituyó, en principio, en sucesor de todos los derechos y obligaciones del causante, incluidas las del citado contrato".

El auto judicial suspende la orden de Alborch porque los perjuicios que su ejecución ocasionaría a Demart "son de difícil reparación, pues en el hipotético supuesto de que en el pleito principal se estimaran sus pretensiones no bastaría con una reparación económica -por lo demás de difícil cuantificación-, ya que se incide en otros aspectos distintos, propios del ámbito comercial". El tribunal estima también que la suspensión de la orden podría perjudicar los intereses de la Fundación Gala-Dalí si la sentencia avalase finalmente la decisión ministerial, por lo que obliga a Demart a depositar una fianza de 100 millones.