Suspendido judicialmente un concurso de cable del PP

El concurso público para la instalación y explotación de una red de televisión por cable, convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por el Partido Popular, ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Con su pronunciamiento, dicho tribunal ha dado el primer paso contra la postura adoptada por el PP, a través de diversos ayuntamientos, en contra de la Ley del Cable aprobada recientemente por las Cortes.El auto del máximo órgano judicial de la comunidad canaria considera que dicho concurso implica "un perjuicio grave para el interés general", requisito imprescindible para decretar la mencionada suspensión.

El auto del TSJC no entra a analizar el fondo de la cuestión, que según fuentes judiciales, deberá resolverse en los próximos meses; recoge tan sólo la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las personas contra el acuerdo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del mes de noviembre de 1995.

El Grupo Popular, que gobierna la corporación capitalina desde las pasadas elecciones autonómicas, convocó en su día un pleno extraordinario con la aprobación de dicho concurso público como único asunto en el orden del día. La sesión en la corporación de Las Palmas provocó un enfrentamiento entre los populares y los partidos de la oposición, que criticaron el fondo y la forma del mencionado concurso.

Tanto los representantes del PSOE como de Izquierda Unida advirtieron entonces que la decisión municipal rayaba en la ilegalidad al vulnerar la ley de competencia exclusiva del Estado en esta materia. Izquierda Unida presentó finalmente un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha concluido con la suspensión del mismo.

Del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias cabe destacar la postura del fiscal, oponiéndose a la suspensión cautelar; la del propio abogado del Estado, que se abstuvo; y sobre todo, la ausencia de presentación de alegaciones por parte de los representantes de la corporación local que "declinó de este modo la, posibilidad de justificar el perjuicio para el interés general", según la resolución.

El concejal socialista y ex alcalde del Ayuntamiento, Emilio Mayoral, puntualizó que el auto "pone en evidencia que se trataba de una campaña de boicoteo del Partido Popular a nivel nacional contra la Ley del Cable". Y señaló que el pliego de condiciones era una "fotocopia" del concurso presentado por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, dato que, en su opinión, contradecía el argumento del grupo gobernante de que actuaba en defensa de la autonomía local.

Nueva alianza

Por otra parte, la Bell Canada International, primer operador de telefonía de este país y una de las multinacionales del cable, ha anunciado su participación con la Unión Eléctrica de Canarias (UNELCO), las editoras del Diario de Avisos y La Provincia y otras empresas en un proyecto de prestación de servicios de telecomunicaciones en el archipiélago, informa El objetivo de esta alianza es la televisión por cable pero, a la vez, el acceso a bancos de datos de universidades y otras instituciones, educación a distancia, teletienda, operaciones bancarias y telefonía móvil, así como la conexión a bancos de datos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0026, 26 de febrero de 1996.

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