Promesas sin efecto retroactivo

José María Aznar, presidente del PP, quiere transparencia ante los casos de corrupción, y promete frecuentes comparecencias en el debate parlamentario, que se reducirá la deuda de las Administraciones públicas, que se contendrá la presión fiscal... Pero el PP ha tenido oportunidad de aplicar esas políticas en varias comunidades donde gobierna desde hace más de cuatro años, y también en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, la realiidad contradice sus promesas.Por ejemplo, ninguno de los dos espejos que el PP ha apuntalado en Madrid, ahora que gobierna con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital de España y en la Comunidad, responde, a los buenos augurios de Aznar. Tales buenos propósitos sólo se intuyen, en el mejor de los casos, en aspectos sobre todo administrativos.

En Galicia, los socialistas se han apresurado a elaborar un minucioso informe de título estridente (El fraude del PP) en el que ofrecen una catarata de datos sobre los contrastes entre lo, que predica José María Aznar desde la oposición y el trigo que Manuel Fraga reparte desde el Gobierno en Santiago. Y lo cierto es que, desmesuras electorales al margen -los socialistas cargan en la cuenta de Fraga cuestiones como el aumento del paro o la crisis de la pesca y la agricultura, que se escapan claramente de las competencias de la Xunta-, algunos hechos resultan incontrovertibles.

En Baleares rebotan sobre el centro-derecha sus propias proclamas sobre corrupción, transparencia y control parlamentario, reducción de altos cargos y de empresas públicas, y diálogo con los sindicatos. Tampoco se han erradicado el sectarismo y la arbitrariedad en la administración, o la discrecionalidad de las adjudicaciones directas.

Y en Castilla y León, la línea establecida por Aznar cuando dejó la presidencia autonómica ha sido continuada por Juan José Lucas, quien sólo ha celebrado un debate sobre el estado de la región en sus cinco años de mandato. La deuda de las dos grandes administraciones públicas de Madrid ha alcanzado tras la llegada del PP techos históricos jamás conseguidos por el PSOE.

El alcalde de Madrid, por ejemplo, ha tardado cinco ejercicios en congelar realmente el principal tributo municipal. El impuesto de bienes inmuebles (IBI), que concentra el 50% de la recaudación municipal, ha aumentado desde 1991 en porcentajes anuales que duplicaban el índice de Precios al Consumo, es decir, entre el 8% y el 12%. El responsable directo de ese incremento, el ex concejal de Hacienda Fernando López Amor, arropa ahora a Aznar en la lista de Madrid al Congreso con todas las probabilidades de obtener escaño.

En cuanto a la deuda del Ayuntamiento, el alcalde ha seguido un peculiar sistema (le contención. Desde 1989, tras una moción de censura pactada con el CEIS de Agustín Rodríguez Sahagún para derrocar al socialista Juan Barranco, Álvarez del Manzano tiene alguna responsabilidad sobre el bastón de mando de la Corporación. Tomó la deuda municipal en 47.000 millones y la ha conducido hasta 200.000 millones. Ruiz-Gallardón se hartó de criticar desde la oposición el endeudamiento autonómico provocado por el socialista Joaquín Leguina, que solicitó más de medio billón de pesetas en créditos durante los 12 años de su presidencia regional para dar entidad a una Comunidad entonces incipiente. Y Ruiz-Gallardón solicitará sólo en .1996 casi 128.000 millones de pesetas de préstamos a los bancos.

El presidente madrileño, sin embargo, dedicó su primera ley a reducir el recargo autonómico del Impuesto de Actividades Económicas (lAE) un 20% (lo que deriva en una disminución simbólica, pues se rebaja sólo el recargo autonómico. El Ayuntamiento mantuvo el suyo como estaba).

El espejo castellano

En Castilla y León, Aznar se marchó después de cuadruplicar la deuda de la comunidad. Tras cinco años de mandato, Lucas ha. multiplicado por dos el endeudamiento, que asciende a 118.000 millones (el presupuesto para este año suma 280.110 millones).

El último informe publicado por el Tribunal de Cuentaa sobre la gestión del Gobierno de Juan José Lucas -referente a 1992-, revela que los cambios introducidos equivalían al 40% de los presupuestos totales aprobados por las Cortes. El - informe también precisaba que el gasto corriente aumentó más del 13% y se gestionaba casi al 100%, mientras que la gestión -de las inversiones no llegaba al 60%.

El año pasado las adjudicaciones se redujeron en 12.000 millones, prácticamente el doble que en el ejercicio anterior. Para el PSOE, esto lleva al controvertido asunto del agujero económico "que arrastra la tesorería de la comunidad. Ese desfase lo cifraba el Tribunal de Cuentas en 36.000 millones en 1992.

Tal vez esto explique el notable retroceso en la licitación de obra pública en la Comunidad, según refleja el último informe anual de la Cámara de Contratistas de Castilla y León. De los 27.321 millones de pesetas menos licitados en 1995, 019,6% correspondió a la Administración central y el 73% a la autonómica. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León se quejan del retraso en el pago de las subvenciones, incluidas las ayudas para el empleo, y reclaman más atención para un sector empresarial que mantiene las tres cuartas partes del empleo regional. La oposición parlamentaria pone de relieve el fracaso de los grandes proyectos de política industrial de la Junta: el fallido asentamiento de la multinacional alemana Pilz en Avila, el- multimillonario proyecto del parque Valle del Cerrato en Pálencia y especialmente el caso Biomédica, que en los últimos meses ha vuelto a cobrar actualidad por las diligenciias abiertas en un Juzgado de León.

En Galicia, el gasto público ha crecido desde 1989. Fraga se estrenó en la Xunta suprimiendo 111 "unidades administrativas" para poco después promover la creación de una vasta red de institutos y fundaciones públicas que la oposición llama "Administración paralela". El PSOE denuncia el incremento de altos cargos y asesores (pasaron de 168 a 228), así como del número de empleados públicos (crecieron un 18%), aunque la Xunta alega que en parte es debido a la recepción de nuevas transferencias, como la sanidad. Los márgenes de, discrecionalidad del poder político para designar cargos administrativos se han ensanchado notablemente y alcanzan a puestos como jefes de servicio, interventores o letrados. En más de un caso han resultado favorecidos militantes del PP o familiares de dirigentes del partido.

El programa de Aznar promete restringir la adjudicación directa de obras, mientras que en Galicia ha habido algún año en que las delegaciones provincia- les de la Consejería de Política Territorial concedieron todos sus proyectos a dedo.

La deuda acumulada pasó de 10.300 millones en 1989 a unos 325.000 en la actualidad. Tras ganar las últimas elecciones municipales en Vigo y Orense, el PP incrementó los inpuestos.

El Gobierno balear, por su parte, alardea de contar con el menor porcentaje de funcionarios por habitante de España y de ser la comunidad con inferior grado de déficit y deuda. Por el contrario, el núcleo de empresas y sociedades públicas que han surgido en la última década es grueso y su endeudamiento crece progresivamente. En este ámbito, los contratos de personal y las adjudicaciones de grandes obras han sido bastante opacos y la deuda queda sumergida.

Las intervenciones autonómi-

cas de ayudas en los sectores industrial y financiero se saldan con fracasos. La sociedad balear de capital riesgo está en suspensión de pagos y su gran actuación fue perder casi 500 millones de pesetas en un cementerio privado en cuya construcción participaba el alcalde de Palma, el popular Juan Fageda.Precisamente la corrupcion o las irregularidades han afectado también a los gobiernos del PP.

En Madrid, la transparencia y lucha frontal contra la corrupción que augura Aznar se ve contradicha por el alcalde de la capital, que ha concedido uno de los mayores contratos municipales, el de la instalación y publicidad del mobiliario urbano -los famosos chirimbolos, un negocio de unos 15.000 millones de pesetas-, a un empresario francés condenado por sobornar al alcalde de Lleja.

Álvarez del Manzano ha obstaculizado todo lo que ha podido la investigación sobre la presunta irregularidad -según la ley de Contratos del Estado y una directiva europea- que constituye el haber otorgado una concesión a un ciudadano condenado por cohecho. Precisamente, la citada ley de Contratos se endureció, con el apoyo del PP, a raíz de las corrupciones denunciadas en el seno del PSOE. El gobierno local de Madrid arguye, entre otras razones, que el retoque legal no afecta a un caso anterior, sin reparar en que la, propia ley vigente también lo castigaba.

Ruiz-Gallardón también se ha enfangado al intentar minimizar la okupación de un despacho oficial en su Consejería de Cultura, sin nombramiento alguno y durante cinco meses, por Juan José Alonso Millán. El empresario teatral recibía en ese despacho institucional a personas del mundo del teatro al tiempo que continuó representando sus obras en el local privado de su esposa. Y continúa haciéndolo, pese a estar afectado por la ley de incompatibilidades.

En Baleares, los datos son contundentes en el plano local. El que fue líder y presidente del PP y del Gobierno balear, Gabriel Cañellas, tuvo que dimitir hace siete meses para acreditar el discurso anticorrupción y de asunción de responsabilidades políticas que defendía Aznar. La culpa la tuvo el caso Sóller (el presunto cobro de comisiones a cambio de una concesión.)El asunto del túnel de Sóller aun ,está abierto judicialmente, sin imputaciones a políticos. Pero además ha emergido en plena campaña la trama del caso Calviá, en el que se condenó a dos militantes del PP por intento de soborno de un concejal. Y, por si fuera poco, se instruyen dos sumarios en Ciutadella de Menorca y en Ibiza, sobre supuesto cobro de comisiones, y ambos municipios están gobernados por el Partido Popular. En el pueblo mallorquín de Ses Salines el alcalde saliente, también del PP, está acusado de haber dejado un micrófono oculto en su despacho oficial.

Tener carné del partido y, en especial, ser familiar o pariente de un cargo institucional o dirigente del PP ha servido de gran mérito para colocarse, y así se han dado auténticas historias familiares, de apellidos muy conocidos. Cuando un candidato no ha ganado las elecciones locales ha recibido una asesoría a manera de sobresueldo.

Aznar se marchó de Castilla y León sin celebrar un solo debate sobre el estado de la región. Tras cinco años de mandato, Lucas también se ha encastillado frente a las Cortes castellano-leonesas: sólo ha celebrado un debate de ese tipo.

Lejos de aplicar las propuestas del partido para revitalizar la vida parlamentaria, el PP gallego reformó el reglamento de la Cámara en sentido opuesto: los debates son más cortos y rígidos, Fraga se limita a leer un par de discursos al año y los populares usan su mayoría absoluta para impedir comparecencias de consejeros o negar todas las investigaciones que reclama la oposición. No sólo no se ha limitado la discrecionalidad del Gobierno para modificar los presupuestos, ni se ha facilitado su supervisión parlamentaria, sino que se han transferido miles de millones a sociedades públicas de nueva creación que no están sometidas al control de la Cámara.

Tampoco se ha hecho amago de aplicar las medidas que propone el PP nacional para reforzar la independencia política de los miembros del Tribunal de Cuentas. Los ataques a la "manipulación" de TVE son un calco de los que profieren contra la televisión autonómica gallega la oposición, los sindicatos y buena parte de sus propios trabajadores, algunos de los cuales vieron su nombre impreso en listas negras manejadas por el PP.

En el Parlamento balear la mayoría del PP ha impedido la creación de comisiones de investigación y las comparecencias rápidas del presidente. Están sin nombrar aún los Síndicos de Cuentas y el Defensor regional. No se ha constituido tampoco una oficina de control presupuestario. Izquierda Unida ha comprometido al PP balear presentando una iniciativa de control parlamentario copiada del programa de Aznar.

Las diferencias entre lo que se predica y lo que se reparte tienen muchos capítulos más. En Madrid, la televisión autonómica. suscribió un acuerdo con Telefónica, Prisa y Prensa Española para poner en marcha Cablevisión, mientras que la doctrina de la sede central del PP sobre las televisiones por cable concede el poder de decisión a los ayuntamientos.

Burgos y el Liceo

Todas las ayudas concedidas por Lucas el pasado año con cargo al Fondo de Acción Especial, dotado con 65 millones de pesetas y que el presidente puede conceder sin dar explicaciones, fueron a parar a Ayuntamientos del PP y asociaciones cercanas a esta formación. No es la única contradicción interna: Lucas planteó como agravio la ayuda del Gobierno para reconstruir el Liceo frente al abandono de la catedral de Burgos y, en general, de los monumentos de Castilla y León. Sin embargo, el mismo año de la polémica la Junta rebajó 200 millones el presupuesto para la conservación del patrimonio.

José María Aznar ha prometido en la campaña crear un Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, el PP ha desmantelado las consejerias de Medio Ambiente en cinco gobiernos autónomos que antes estaban en poder del PSOE: Asturias, La Rioja, Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana. Sí existen consejerías específicas (aunque los añadidos de "y Ordenación del Territorio" o "y Desarrollo Regional") en Cantabria, Castilla y León y Madrid.

Información elaborada con las aportaciones de