Jueces para la Democracia cree exagerada la inhabilitación de un profesor insumiso

José Casquero Cabreros tiene 32 años y llevaba 12 como profesor rural cuando Educación le inhabilitó definivamente como funcionario por insumiso, recurriendo a una ley de 1964. "Es una ley preconstitucional y una medida desproporcionada", señala José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia. "Me han destrozado la vida. Es la condena más grande que conozco, voy a la cárcel pero luego no puedo reinsertarme, ni cobrar el paro", dice Casquero. Educación está dispuesto a revisar el caso. Padres y profesores ya han amenazado con movilizaciones.

"Esa ley es preconstitucional y la sanción administrativa es desproporcionada y ataca la finalidad de toda pena, la reinserción", señala José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia.El profesor de Navarredonda de Gredos (Ávila) fue condenado el 30 de septiembre de 1994 a dos años, cuatro meses y un día de cárcel "e inhabilitación absoluta por el tiempo de condena" por negarse a cumplir el servicio militar y la prestación social sustitutoria. Hoy está en libertad condicional, tras cumplir dos tercios de la condena, pero no puede seguir dando clase. El pasado 26 de diciembre, el Ministerio de Educación le comunicaba la pérdida de su puesto de funcionario.

"Ha sido algo muy fuerte, no se conforman con meterme en la cárcel y me quitan mi plaza de maestro para siempre", dice el insumiso. "Hay un camino abierto para una solución", añade Casquero esperanzado, "que Educación revoque la orden. Espero que lo hagan por mí, y por ser consecuentes con lo que se predica en la asignatura transversal de Educación por la Paz, creada por ellos mismos".

Movilizaciones

La Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) y CCOO están dispuestos a pedir un indulto al Gobierno. Pero mientras tanto, estas organizaciones y la Coordinadora Estatal de Educación para la Paz han puesto el grito en el cielo por la inhabilitación permanente de su cargo público de este profesor de educación primaria.De momento, han pedido a Educación que revoque la orden ministerial y han manifestado que convocarán "movilizaciones en el caso de que no se vuelva a habilitar al profesor. Jueces para la Democracia cree que la sanción, unida a la pena de cárcel "no es proporcional a lo que ha hecho este profesor", según su portavoz, José Antonio Alonso. "Esto supone aplicar una doble sanción (penal y administrativa) por los mismos hechos, lo que aparte de desproporcionado, no es constitucional".

Según Alonso, "incluso en el nuevo Código Penal se especifica que el tiempo máximo de suspensión de la función pública para los insumisos será de unos 14 años, y el artículo 47 del Código Penal vigente tampoco recoge este tipo de sanciones permanentes".

Un miembro del Tribunal Supremo afirma que, en estos a

casos, "el juez dicta una suspensión que debe limitarse al tiempo de la condena, pero nunca una inhabilitación absoluta, que si se aplicara sería contraria a la Constitución".

El secretario de Estado de Educación, Alvaro Marchesi, manifiesta que estudiará "la petición, del profesor insumiso y de las asociaciones de padres y profesores, de revocar la orden ministerial, pero siempre en cumplimiento con la legalidad vigente".

De obligado cumplimiento

Educación ha aplicado una ley de 1964, la cual señala que la condición de funcionario "se pierde por la imposición de pena principal o accesoria, de inhabilitación absoluta".Según los responsables de este ministerio, la decisión se tomó en aplicación "de los dictámenes jurídicos de la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Estado (que depende el Ministerio de Justicia e Interior) y que están obligados a cumplir". Aún así, Marchesi se han comprometido a dar una respuesta definitiva dentro de una semana.

"Es la primera vez que se expulsa a un profesor de modo fulminante y definitivo de su puesto de funcionario", señala Francisco Delgado, presidente de CEAPA. "Creemos que Educación ha cometido una imprudencia, puesto que es una ilegalidad manifiesta aplicar una ley anticuada y confiamos en que entren en razón añade Delgado.

"Llegaremos hasta donde haga falta para que el problema se solucione porque este asunto es mucho más grave de los que parece", resalta Fernando Lezcano, de CC OO, "lo que más nos preocupa es conseguir cerrar la posibilidad de que este ministro, o el que venga, pueda seguir incurriendo en este procedimiento",