El PP niega el concierto económico a las comunidades que carecen de él

El PP no extenderá el concierto económico a las comunidades autónomas que no lo tienen. Esto es, las autonomías no podrán recaudar sus impuestos y luego ceder una parte al Estado por los servicios que reciben de él. Sólo mantendrán esa excepcionalidad el País Vasco y Navarra, que la tienen reconocida por la Constitución. Así lo asegura el vicesecretario general y responsable del área autonómica del PP, Mariano Rajoy.

Con esta decisión, el PP desecha la propuesta del presidente aragonés, el también popular Sántiago Lanzuela, recogida en la propuesta de reforma del Estatuto de esa comunidad, uno de cuyo puntos fundamentales es la creación de un concierto similar al vasco y al navarro.Uno de los primeros problemas que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno que salga de las urnas es la reforma unilateral de los estatutos promovida por algunos Parlamentos regionales. En este sentido, el PP ofrece en su programa un nuevo pacto autonómico a los demás grupos para afrontar esa reivindicación. Su pretensión es cerrar ese pacto en la próxima legislatura "si hay voluntad en los demás partidos", asegura Rajoy.

Las iniciativas unilaterales de reforma de los estatutos proceden de los Parlamentos de Aragón, Canarias, Baleares, Castilla-La Mancha y Asturias. El Congreso, poco antes de disolverse las Cámaras, ya aprobó la toma en consideración de la reforma de Aragón y Canarias.

El PP no está dispuesto a romper la unidad económica y financiera del Estado, asegura Rajoy. Tampoco a generalizar a otras comunidades la existencia de policías autonómicas, de las que ahora disponen el País Vasco y Cataluña, de acuerdo con sus estatutos. Y tampoco a conceder a los gobiernos autonómicos la capacidad para disolver anticipadamente las cámaras. Actualmente, sólo cuatro comunidades autónomas pueden hacerlo a su antojo: País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia. El resto de las comunidades celebra las elecciones a fecha fija, cada cuatro años.

El PP tendrá en cuenta otras propuestas, procedentes de los Parlamentos regionales, en el nuevo pacto autonómico. Rajoy está dispuesto a ceder la competencia de la sanidad a todas las comunidades. Actualmente sólo la tienen reconocida en sus estatutos de autonomía Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra. El pacto autonómico de 1992, suscrito por el PSOE y PP, no tuvo en cuenta el traspaso de la sanidad, a petición de algunas comunidades, para no agrandar su déficit.Sueldo en vez de dietas.Rajoy también cree negociable la propuesta del Parlamento de Castilla-La Mancha de ampliar sus periodos de sesiones -ahora limitados a cuatro meses cada uno-, de modo que, en consecuencia, los diputados autonómicos puedan cobrar un sueldo, y no dietas como sucede actualmente. El responsable autonómico del PP abre esta posibilidad ante la ampliación de competencias de las comunidades y su correspondiente mayor volumen legislativo.

Los populares también se muestran dispuestos a culminar en una o dos legislaturas el desarrollo de los estatutos tramitados según el artículo 151 de la Constitución -esto es, Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía-; pero fijan algunos límites. Mariano Rajoy se muestra remiso a la cesión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco, la reivindicación estrella, de los nacionalistas, y lo mismo sucede con las competencias sobre el tráfico en Cataluña (el responsable autonómico del PP argumenta que no está recogida en el Estatut de Sau).

Otro reto importante que deberá afrontar el Gobierno que surja de las elecciones del tres de marzo es la financiación de las comunidades autónomas. El programa del PP se compromete a proponer "un método sobre la base de la verdadera corresponsabilidad fiscal". El método deberá garantizar a las comunidades el automatismo de la financiación y la suficiencia financiera, salvaguardando la solidaridad interterritorial, ratifica Mariano Rajoy.

Son ya varías la comunidades autónomas gobernadas por el PP que han asumido la cesión del 15% del IRPF recaudado en su territorio, pese a las reticencias que los populares mostraron a dicho procedimiento de corresponsabilidad fiscal impulsado desde Cataluña por el Gobierno de Jordi Pujol. La última de ellas ha sido la Comunidad de Cantabria, presidida por el popular José Joaquín Sieso.

El PP también se compromete a descentralizar las autonomías a favor de diputaciones y ayuntamientos: el pacto local. Y da especial importancia a la cesión de la competencia de urbanismo, al menos en una primera fase, a las siete grandes ciudades, según afirma Rajoy.