CRISIS POLÍTICA EN COLOMBIA

El fiscal general desvela la trama para ocultar la fianciación política realizada por el narcotráfico

Colombia amaneció ayer con el presidente denunciado penalmente ante el Congreso, que recibió dos sobres sellados y dos vídeos presentados por el fiscal general, Alfonso Valdivieso; con los ministros de Gobierno, Relaciones Exteriores y Comunicaciones citados a declarar ante la Corte Suprema de Justicia, y con otros tres parlamentarios buscados. Ante el caótico panorama, el Ejecutivo declaró que la situación es buena porque "por fin se va a saber la verdad". Valdivieso llegó el miércoles por la tarde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes -que tiene la misión de juzgar a Ernesto Samper por el supuesto ingreso de dinero del narcotráfico en su campaña electoral- y puso sobre la mesa una acusación penal contra el jefe del Estado que desvela la trama para ocultar la financiación de su elección por el narcotráfico.

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Las conclusiones reflejan que Samper está seriamente comprometido en falsedad de documentos, enriquecimiento ilícito, estafa y fraude. Incluso ha trascendido extraoficialmente que la fiscalía concluye que hay pruebas suficientes para calificar de "indigno" al presidente para continuar en su cargo. El documento presentado por Valdivieso consta de 44 páginas en las que no se califican los delitos, sino que se limitan básicamente a hacer una descripción de los hechos.Precisamente ayer comenzaron los trabajos de la investigación parlamentaria. La Cámara de Representantes nombró al parlamentario liberal Jesús Ignacio García Valencia como nuevo investigador de las denuncias presentadas contra Samper. García Valencia sustituirá al también liberal Heyne Mogollón, que redactó un "auto inhibitorio" que absolvió al presidente el pasado diciembre. La Cámara de Representantes tiene un plazo de un mes para pronunciarse al respecto.

El contenido de la denuncia se mantiene en secreto. Sin embargo, el diario El Tiempo, uno de los más importantes del país, reveló que el documento afirma que está probado el ingreso de dinero del narcotráfico, en particular las aportaciones del cartel de Cali, en la campaña electoral de Samper. Los documentos, agrega el mismo periódico, señalan que éste conoció y participó en el proceso para recibir dinero negro. Además, pone de relieve las maniobras de los organizadores de la campaña para burlar la ley mediante el registro fraudulento de ingresos ilícitos con falsedad de documentos. El aspecto más grave destacado por la fiscalía, según El Tiempo, es la trama montada para tratar de ocultar la verdad al país.

Samper aseguró ayer que responderá uno a uno a los cargos formulados por la fiscalía y demostrará su inocencia. "Asumiré la responsabilidad política por los hechos indignos ocurridos en mi campaña", aseguró, y agregó que él hizo todo por evitarlos. Minutos después se conoció el nombre del nuevo abogado del primer mandatario: el ex parlamentario conservador Luis Guillermo Nieto Roa. Este se limitó a calificar de "fácil" su tarea.

Ocultar un elefante

En una entrevista televisada el miércoles por la noche, el presidente colombiano se mostró tranquilo frente a las acusaciones del fiscal general, si bien consideró que habría sido mejor que Valdivieso se hubiera limitado únicamente a presentar las pruebas, sin llegar a formular la denuncia.Ante la grave crisis, la Iglesia católica también se ha pronunciado. La Conferencia Episcopal de Colombia, reunida en Bogotá, insiste en que la salida al conflicto político puede ser la renuncia temporal del presidente, y respalda al fiscal. El arzobispo Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal, ha sido especialmente duro al calificar la situación al afirmar: "Creo que hay cosas que no se pueden ocultar. Es decir, si a uno se le mete un elefante en la casa, tiene que verlo". Fue una clara alusión a la famosa frase de Samper: "Si hubo infiltración de dinero del narcotráfico en mi campaña fue a mis espaldas".

La suerte de los ministros de Gobierno, Horacio Serpa; de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo, y de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, está en manos de la Corte Suprema. Los tres fueron citados a declarar e insistieron en que nada tuvieron que ver con la administración de los fondos de la campaña. "No voy a renunciar", advirtió el ministro de Gobierno, "cumpliré con los requerimientos judiciales y demostraré mi inocencia". Pero en medio de esta guerra de declaraciones y de filtraciones de documentos secretos a la prensa, salieron a relucir recibos firmados por Serpa que demuestran su participación en los asuntos económicos de la campaña.

La Corte Suprema de Justicia ha dictado en las últimas 48 horas orden de captura contra el senador liberal Gustavo Espinosa y sus compañeros de partido y congresistas Roberto Herrera y José Félix Turbay, lo que eleva a seis el número de legisladores contra quienes se ha abierto proceso en relación con el narcoescándalo. Espinosa es considerado el padre del llamado narcomico (añadido ilegal a una ley), que trató de dejar sin base legal a las investigaciones eliminando el delito de enriquecimiento ilícito. A Espinosa se le acusa de haber recibido 300.000 dólares (37 millones de pesetas) del cartel de Cali.

En los últimos días, dentro del intercambio de acusaciones entre Samper y su ex ministro de Defensa, Fernando Botero, salieron a relucir documentos que podrían demostrar que hubo un compló del presidente y algunos de sus más cercanos colaboradores para evitar que el mandato oficial del fiscal Valdivieso se prorrogara hasta 1998.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 15 de febrero de 1996.

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