Sanidad a debate

LA SANIDAD pública ha irrumpido con fuerza como caballo de batalla en la precampaña electoral, debido en gran parte al proyecto del Gobierno valenciano del Partido Popular (PP) de ceder a una empresa privada la construcción y gestión de un hospital público en la comarca de Alzira. Desde la izquierda política y social -PSOE,IU, CC OO y UGT, principalmente- se denuncia esta decisión como prueba fehaciente de los propósitos privatizadores del sistema sanitario público en su conjunto por parte del PP en caso de llegar al poder. Y, sin embargo, no basta un hecho para fundamentar lo que, de momento, es un moro juicio de intenciones.El PP se pronuncia con igual o mayor énfasis que el PSOE por el mantenimiento del sistema público de salud. Se dice en su programa y lo repiten sus dirigentes. Pero también apuesta por transferir a la sanidad privada una parte sustancial de la atención sanitaria pública, en la línea prefigurada por el proyecto del hospital de Alzira. Sus responsables en sanidad no ocultan que su intención es establecer conciertos de colaboración a gran escala con la generalidad de los 500 centros sanitarios privados existentes actualmente en España.

Un modelo sanitario de financiación pública y de prestación mixta (pública y privada) como el que propone el PP no tiene por qué ser en sí rechazable. La cuestión está en saber hasta qué punto este modelo puede conducir a la aparición de hecho, aunque no de derecho, de dos sistemas sanitarios paralelos y diferenciados, uno privado y otro público, con los riesgos que lleva consigo de desigualdad y de fraccionamiento de la responsabilidad en lo referente a la salud de la población. Es la duda que surge ante una iniciativa como la de Alzira, cuya comarca de 250.000 habitantes dependerá de un hospital financiado públicamente pero gestionado y atendido por personal de una empresa privada de salud y cuyos criterios serán, por lógica -y legítimamente-, de lucro. La práctica dirá si financiar con dinero público servicios privados deriva o no en una privatización indirecta del sistema público de salud como ha planteado la portavoz de sanidad de IU, Ángeles Maestro, o si abarata y mejora las prestaciones como sostienen sus defensores.

En todo caso, el sistema de conciertos y la privatización de los mecanismos de los grandes complejos hospitalarios públicos no deben conducir inexorablemente a la dualización del sistema sanitario. El informe Abril sobre la reforma de la sanidad pública de 1991 considera indespensables esas dos medidas si se quiere poner realmente coto al gasto sanitario y racionalizar sus recursos.

De hecho, la Administración sanitaria socialista ha recurrido cada vez más en estos años a conciertos con la sanidad privada como forma de reducir las listas de espera, nutridas de enfermos no graves o necesitados de intervenciones no urgentes.

Pero poner en manos de la sanidad privada la salud de una población puede ser algo cualitativamente distinto de confiarle la realización de 20.000 operaciones de cataratas, cómo alerta la ministra de Sanidad, Ángeles Amador, en la entrevista que hoy pública este periódico.

El PP fundamenta su apuesta general por los conciertos con el sistema privado de salud en sus menores costes. Pero es un dato supuesto (por algunos); no comprobado. El sistema público de salud soporta gastos de los que hoy se libra el privado: investigación, servicio permanente de urgencias, etcétera.

De lo que no hay duda es de que la supervivencia del sistema público de salud depende cada vez más de la estricta racionalización del gasto sanitario (contra la opacidad del coste, el exceso del consumo, la inadecuación de la oferta y la demanda, las deficiencias en la organización, gestión y prestación). Un reto, común a todos los Estados de bienestar europeos, al que tendrá que enfrentarse el Gobierno que emerja de las próximas elecciones generales, sea cual sea su color.