Renuncia bajo amenazas uno de los diputados que juzgará a Samper

Marta Catalina Daniels, una de los 15 congresistas que integra la Comisión de Acusaciones, escenario de la primera fase del juicio al presidente de Colombia, Ernesto Samper, por la supuesta financiación por el narcotráfico de su campaña electoral, renunció presionada por múltiples amenazas. "Mi familia no soporta más tensión", dijo con voz entrecortada la legisladora al confirmar, en la no4e del lunes, su decisión de abandonar esta instancia de la Cámara de Representantes. Los restantes 14 parlamentarios, que tienen en sus manos el decidir si prospera o no el juicio a Samper en el Congreso, aseguran también estar amenazados."Siempre hemos recibido amenazas graves", declaró el presidente de la comisión, Heyne Mogollón. "Se necesita valentía para estar aquí", agregó. En diciembre pasado, cuando esta misma comisión se inhibió en el caso por falta de pruebas, los 15 congresistas, 11 de los cúales son liberales, recibieron sufragios (tarjetas en las que se pide una oración por. un muerto reciente). Para Mogollón, más que las amenazas reiterativas lo que socava el trabajo de la comisión es el permanente cuestionamiento de tipo moral que se hace a sus miembros. La diputada Marta Catalina Daniels fue denunciada por la senadora María Izquierdo, actualmente en prisión, por haber recibido dinero del cartel de Cali para su campaña.'Jueces sin rostro'

El lunes y el martes desfilaron ante los jueces sin rostro varios de los protagonistas del llamado Proceso 8.000, como se bautizó a este escándalo de narcopolítica. El ex. tesorero de la campaña samperista, Santiago Medina, ratificó sus acusaciones contra el presidente; contra el actual ministro de Gobierno, Horacio Serpa, y contra el ex ministro de Defensa, Fernando Botero. Este último continuó con su declaración en la sede militar que le sirve de prisión desde hace seis meses.

También rindieron cuentas El Señor, como se llama a Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cartel de Calí, y su hermano Gilberto. Los capos fueron conducidos de una cárcel de alta seguridad a las oficinas regionales de la Fiscalía, en pleno centro. de Bogotá, en medio de un operativo de seguridad con visos cinematográficos. Tras la fuga, hace apenas un mes, de José Santacruz, otro de los jefes del cartel, fueron suspendidas las diligencias judiciales en la prisión. El Señor apareció encorbatado, serio, rodeado de guardias y ametralladoras. Permaneció mudo ante la pregunta formulada a gritos por los periodistas- "¿Usted sí le dio dinero al presidente?". Rodríguez Orejuela permaneció 10 horas en la Fiscalía. No habló del Proceso 8.000; se habló únicamente de un envío de cocaína a Estados Unidos. Gilberto Rodríguez sí está vinculado al proceso.

Mientras, continúa la investigación por el asesinato, el pasado jueves, de Elizabeth Montoya de Sarria, uno de los principales testigos en este juicio que enloda al presidente.