La moneda hará Europa
En su reunión de Madrid del pasado 15 de diciembre, el Consejo Europeo confirmó solemnemente que la entrada en vigor de la moneda única será el 1 de enero de 1999.Todo parecía estar conforme, pero desde hace algunas semanas ha vuelto ha inflamarse el debate, la Unión Monetaria está siendo cuestionada y por todas partes se discute su credibilidad. Es un debate justificado, pues se trata de la mayor reforma monetaria nunca realizada y en la que al menos seis o siete países, habitados por más de 170 millones de personas, van a cambiar sus monedas nacionales por una moneda única. Pero también es confuso, pues en él se mezclan los aspectos políticos, monetarios y psicológicos del problema. Para clarificarlo, recordemos que se discute sobre dos cuestiones: la fecha de entrada en vigor de la nueva moneda y las condiciones a cumplir por los países participantes.El Tratado de Maastricht zanja la cuestión de la fecha, pues prevé dos fechas para la Unión Monetaria: una fecha a partir de la cual la Unión Monetaria se hace posible: el 1 de enero de 1997, y otra por la que se convierte en obligatoria: el 1 de enero de 1999. Sólo un Estado, Luxemburgo, cumplirá el 1 de enero de 1997 las condiciones para entrar en la Unión Monetaria. Ése no será el caso ni de Alemania ni de Francia. Por lo tanto, la Unión Monetaria no será posible en esa fecha.
Por el contrario, según los términos del Tratado de Maastricht, la Unión Monetaria entrará obligatoriamente en vigor el 1 de enero de 1999 para "todos los miembros de la Unión Europea que cumplan las condiciones necesarias para la adopción de una moneda única".
Esta fecha no puede retrasarse, como algunos imaginan, sin una revisión del Tratado de Maastricht, aprobado por los Parlamentos o ratificado mediante referéndum en los 15 Estados miembros. Si se recuerda lo difícil que fue esa ratificación es fácil imaginar los problemas políticos casi insuperables que traería consigo una renegociación y una nueva ratificación. Sólo Dinamarca y Reino Unido tienen una cláusula de excepción.
Los inconvenientes políticos de retrasar la fecha serían considerables. A partir de 1998, los grandes Estados de la Unión Europea van a entrar en un período de incertidumbre política con elecciones generales en Francia y Alemania. Si la fecha se retrasa, no es seguro que los nuevos dirigentes se comprometan a realizar la Unión Monetaria. En la actualidad, sólo el canciller Kohl tiene la convicción íntima de realizar la unión monetaria. Su presencia es indispensable para el éxito del proyecto.
Pero sobre todo se daría un golpe mortal al proceso de integración europea. En un momento en que la Unión Europea va a tener que enfrentarse a la ampliación a 10 ó 15 nuevos países, el retraso de la Unión Monetaria significaría optar por una organización laxa del continente europeo, y renunciar a la voluntad política de esa Unión estrecha, con vocación federal, propuesta por Jean Monnet y Konrad Adenauer.
La segunda cuestión es la de las condiciones que deben cumplir los Estados para adoptar la moneda única. Desde el origen del proyecto, esas condiciones emanan de una necesidad: la idea de convergencia. Para poder utilizar la misma moneda, los Estados deben estar en situaciones económicas vecinas y tendentes a acercarse. Es una idea de sentido común.
El Tratado de Maastricht enumera esas condiciones de convergencia, bautizadas por la prensa como los criterios de Maastricht. Hay cuatro: el índice de inflación, el nivel de los tipos de interés a largo plazo, el respeto de los márgenes de fluctuación de los tipos de cambio y la ausencia de un déficit público excesivo. Las tres primeras condiciones no plantean dificultades para los países decididos a entrar en la Unión Monetaria, especialmente para Alemania, Francia y los tres Estados del Benelux. Sólo la última condición, la de un déficit público excesivo, plantea problemas. El Tratado de Maastricht hace referencia a un límite de un 3% del PIB para el déficit público total de cada Estado. Ni Francia ni Alemania respetarán ese límite en 1996. Alemania prevé un déficit público del 3,6% del PIB y Francia un déficit ligeramente inferior al 4%. De ahí el escepticismo de la opinión pública y de los medios financieros sobre la capacidad de nuestros países de respetar los criterios de Maastricht.
Los dirigentes políticos franceses y alemanes afirman su determinación de tomar todas las disposiciones presupuestarias y fiscales necesarias para respetar los criterios de Maastricht. Pero se encuentra con una nueva dificultad, la desaceleración de la actividad económica en los dos países. En 1996, dicha actividad será inferior a las previsiones al menos en un 1%, lo que disminuye los ingresos fiscales y aumenta los déficit. De ahí el razonamiento de los adversarios de la moneda única: va a ser imposible respetar el calendario, pues los Gobiernos no podrán continuar en su esfuerzo por reducir los déficit por miedo a acentuar las tendencias a la recesión.
Se trata de un juicio precipitado, pues quedan dos años antes de verificar la conformidad con los criterios de Maastricht. Hasta entonces puede haber una recuperación.
Pero debemos evitar encerrarnos en el rigor doctrinal al que nos empujan los adversarios de la moneda única, con la esperanza de hundir el proyecto. El hecho de que todos suframos las mismas disminuciones de los ingresos fiscales o tengamos que tomar medidas similares para luchar contra la desaceleración de la actividad económica no es una amenaza para la convergencia.
Cuando, en el primer trimestre de 1998, el Consejo Europeo tenga que decidir "cuáles son los Estados miembros que cumplen las condiciones necesarias para la adopción de una moneda única" se basará en un texto (el artículo 104 del Tratado) que le deja un margen de apreciación, al precisar que el déficit público deberá ser inferior a un valor de referencia, "a menos que esa relación haya disminuido de manera sustancial y constante o que la superación del valor de referencia sea excepcional y temporal".
Recomiendo que se tengan en cuenta esas disposiciones del Tratado para evitar que una aplicación formal de los criterios de Maastricht vaya a contracorriente de la coyuntura y, sobre todo, para impedir que la opinión pública crea que se la quiere encerrar en una espiral deflacionista, en nombre de los principios sacrosantos de la Unión Monetaria. Es legítimo considerar que si las cifras fundamentales de las finanzas públicas respetan los criterios de Maastricht, los efectos de la coyuntura sufridos en común no son contrarios a la convergencia y se pueden considerar con independencia de esos criterios. En resumen, es legítimo respetar los criterios de Maastricht a pesar de los efectos negativos de la desaceleración del crecimiento económico.
Deseo que la Comisión y el Consejo se preparen para hacer, a comienzos de 1998, una lectura atenta y una aplicación juiciosa del Tratado de Maastricht. Dados los valientes esfuerzos de reducción de los déficit públicos en nuestros países, esta seguridad será suficiente para garantizar a la opinión pública y a los mercados que se podrá respetar la fecha del 1 de enero de 1999 para la entrada en vigor de la moneda única.
En ese momento, y para todos, la moneda hará Europa.
Valery Giscard d'Estaing es ex presidente de Francia.[PU] Copyright Global Viewpoint. Los Angeles Times Syndicate.
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