La inversión pública es imprescindible

Los ingresos públicos en 1994 [último ejercicio del que se dispone dátos desagregados y detallados de la actividad pyesupuestaria] por impuestos y cotizaciones sociales no han sido suficientes para cubrir los gastos corrientes (y transferencias, directas); se creó una situación de desahorro público que llegó a representar un 3% de la renta nacional. Esta situación de desahorro público es social y económicamente inaceptable: las administraciones públicas están utilizando ahorro privado para financiar consumos públicos; están, destruyendo la austeridad que inspira al ahorro y reduciendo las posibilidades de crecimiento y de empleo. Una situación de desahorro público obliga a las generaciones futuras a pagar una deuda que financia un consumo de la generación presente. Es difícil pensar que ningún Gobierno esté autorizado para decisiones de esta envergadura; como mínimo, necesitaría el apoyo ciudadano de un referéndum.Restablecer el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos corrientes es una necesidad insoslayable, y no existe hoy otra tarea más importante para la política económica del Gobierno. Cualquier intento de justificar esta situación sería inaceptable desde cualquier punto de vista (económico, social, político o ético). Pero el gasto público no sólo incluye gastos corrientes; también, incluye inversiones y, por ello, con las cifras disponibles para el ejercicio de 1994, se habla de un déficit del orden del 6% del PIB [5,7% o 5,8% en 1995]; un 2% que corresponde al desahorro de las operaciones corrientes y un 4% a la financiación de inversiones.

Por consiguiente, cuando un Gobierno intenta reducir el volumen del déficit público (por ejemplo, en el caso español, fijándose un objetivo del 3% del PIB en 1997), puede hacerlo de diferentes maneras: reduciendo o eliminando el desahorro (ya sea aumentando los ingresos o recortando los gastos corrientes y transferencias), o, alternativamente, recortando los gastos de inversión. Como es difícil aumentar la presión fiscal para recaudar más impuestos o cotizaciones, y como el gasto corriente y las transferencias de rentas en general obedecen a decisiones administrativas y legislativas, en vigor, y dejan escaso margen institucional para una reducción significativa a corto plazo, en España y en todos los países industrializados recortar, la inversión pública es una verdadera tentación: las inversiones pueden siempre esperar un ano más; los ciudadanos y las empresas no percibirán las consecuencias hasta pasado cierto tiempo.

Sin embargo, adentrarse en un proceso de disminución de las inversiones públicas en el momento crucial en que hay que responder a las exigencias del Mercado Unico Europeo y de la necesaria convergencia hacia la Unión Económica Monetaria (UEM), puede que sea la peor de las opciones posibles.

La investigación económica teórica y econométrica ha dejado ampliamente demostrado que la cantidad y calidad del capital público son factores determinantes de la capacidad competitiva de los territorios, de su productividad y empleo.

Las inversiones públicas son indispensables para aumentar la productividad de las administraciones públicas y de los servicios que éstas proporcionan a la colectividad; las inversiones públicas mantienen y desarrollan infraestructuras productivas, sistemas operativos, equipamientos característicos esenciales para las sociedades industriales avanzadas.

También ha demostrado la teoría económica que la deuda pública que financia capital público de interés a largo plazo puede justificarse desde el punto de vista de la equidad intergeneracional y que, como en, cualquier otra empresa, hay deuda mala, la que financia desahorros, pérdidas operativas, y hay deuda buena, la que financia inversiones, posibilidades de crecimiento, oportunidades de bienestar futuro.

El objetivo del 5%

Hace pocos años, el Gobierno fijó como objetivo macroeconómico para la inversión pública que ésta representase anualmente un 5% del PIB. Era un objetivo razonable y econométricamente contrastado. Manteniendo este porcentaje inversor, España podría acercarse al nivel medio del capital social del resto de los países europeos en un plazo razonable. Si no se corrige la disminución creciente de la inversión pública, es probable que España siga perdiendo terreno en relación con el resto de la UE en cuanto a su capital social y su competitividad. Un estudio europeo de los servicios de la CE que investigaba la existencia de una posible causalidad (Granger) entre gastos e ingresos públicos, establece que en España ambos son interdependientes, pero que los multiplicadores de impacto son dos veces más elevados para los ingresos que para los gastos. Por consiguiente, cuando la coyuntura se deteriora, el déficit público aumenta vertiginosamente, y por el contrario, cuando ésta mejora, disminuye también rápidamente. La economía española sólo puede tener un, objetivo prioritario en estos momentos: crecer.Guste o no guste, aun adoptando, una política austera de control de gastos corrientes, la única opción realista para reducir el nivel relativo del déficit público implica aumentar los ingresos públicos, y para ello, lo importante es estimular el crecimiento económico. En sólo dos años, entre 1985 y 1987, el déficit público en España pasó del 6,9% del PIB al 3, 1 %, porque la tasa de crecimiento de la economía aumentó del 2,6% al 5,61/o.

España necesita políticas que estimulen su crecimiento, y entre ellas destaca la necesidad de aumentar, y no de recortar, la inversión pública.