El Congreso norteamericano aprueba la reapertura parcial de la Administración

El Congreso norteamericano aprobó ayer una resolución que permite una reapertura casi total de la Administración, cerrada desde hace tres semanas, pero sólo hasta el próximo 26 de enero y en una situación que roza el absurdo: los funcionarios que estaban en sus casas o que trabajaban sin cobrar vuelven a sus puestos y recuperan el sueldo, pero buena parte de ellos no tendrá nada que hacer porque siguen bloqueadas las dotaciones económicas de sus departamentos. "Ridículo", "propuesta estúpida" y "locura" fueron algunas de las calificaciones que se escucharon en el debate de la Cámara de Representantes.

Los programas sociales más urgentes tendrán fondos suficientes para seguir funcionando. "Es un paso en la dirección adecuada, aunque insuficiente", señaló el presidente Clinton, que reiteró la necesidad de que la Administración funcione por completo y que se mostró dispuesto a seguir negociando el presupuesto "sin chantajes con la sanidad, la educación y el medio ambiente".La intención de la tregua es abrir una válvula de escape a la indignación popular por las consecuencias del cierre y dar más tiempo al debate general sobre el presupuesto entre los dirigentes republicanos y la Casa Blanca. El presidente de la Cámara, Newt Gingrich, y los congresistas conservadores más radicales ceden de esta forma terreno ante los republicanos moderados, dirigidos por el senador Robert Dole, y la Casa Blanca, que se negaba a condicionar la reapertura a la discusión presupuestaria,. La imagen de Clinton está saliendo mejor parada que la de sus adversarios en esta batalla, que se produce en vísperas de las elecciones primarias.

Después de que un irritado Robert Dole exclamara públicamente el jueves por la noche " ¡basta ya"', los republicanos de la Cámara empezaron a recoger velas. Gingrich no tuvo más remedio que convencer a sus más entusiastas lugartenientes de corregir el rumbo, por que los costes humanos y económicos de la paralización de la burocracia han alcanzado un nivel cercano al escándalo público y porque el maximalismo que apostaba por dejar cerrada la Administración hasta que la Casa Blanca no aceptara recortes radicales del gasto público en los presupuestos se estaba volviendo en su contra. Los teléfonos de los congresistas se han visto inundados en los últimos días por miles de llamadas de protesta desde todos los puntos del país.

Los dirigentes republicanos del Congreso prepararon dos resoluciones: la primera contempla la restauración de los empleos y sueldos de 780.000 funcionarios sin dotar de fondos a parte de los departamentos gubernamentales. Se prevé la dotación para algunos programas de especial repercusión pública: alimentación a domicilio de ancianos impedidos, guarderías oficiales, asistencia a veteranos,, parques nacionales y museos y gestión de visados y pasaportes. La resolución pasó por 401 votos contra 17. El Senado se disponía a aprobarla la pasada madrugada para que el presidente la pudiera firmar inmediatamente.

Richard Gephardt, líder demócrata de la Cámara de Representantes, expresó su desagrado sobre la solución provisional: "Este Congreso republicano ha sobrepasado la línea que separa la realidad de la locura. Respaldamos a regañadientes la propuesta porque es mejor que nada". En la misma línea crítica, Charles Schummer, demócrata de Nueva York, señaló: "Vamos a aprobar la cosa más estúpida que ha producido este Congreso, y eso que ha producido muchas estupideces: vamos a abrir los parques nacionales sin que los que trabajan en ellos tengan fondos para desarrollar sus actividades; vamos a abrir los laboratorios que se ocupan del control de la contaminación o de las enfermedades infecciosas sin el presupuesto correspondiente para que funcionen".

La segunda resolución, con la que Gingrich y sus partidarios trataban de salvar la cara, completaría el pleno funcionamiento de la Administración solamente si Clinton presenta un plan que consiga el equilibrio presupuestario en el año 2002, utilizando las cifras proporcionadas por la Oficina Presupuestaria del Congreso. Antes del debate y la votación, muchos congresistas demócratas anunciaron su posición en contra.