Diez ganaderías andaluzas, implicadas en la falsificación de actas de toros

Diez ganaderías andaluzas están presuntamente implicadas en la falsificación de actas de nacimiento de toros de lidia, de acuerdo con los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía, según ha señalado a este periódico Fabriciano Torrecillas, director general de Política Interior de la Consejería de Gobernación. Esta situación ha posibilitado distintas actuaciones judiciales que desembocarán, con toda probabilidad, en nuevas detenciones en los próximos días.Hasta el momento sólo están detenidos el ganadero onubense José Luis Pereda y su colaborador José Luis Arizmendi por un presunto delito de falsificación de certificados de nacimiento de toros en festejos celebrados en las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva. Pereda y Arizmendi ingresaron el pasado 27 de noviembre en la prisión de Huelva, por orden del juzgado número 6 de esa capital que, posteriormente, se ha inhibido en favor del número 7 de Málaga, que incoó las diligencias previas. Este juzgado ha decretado el secreto del sumario y se espera que decida el traslado de los detenidos a Málaga para que presten declaración.

Como se recordará, las alteraciones detectadas consisten en la manipulación de la fecha de nacimiento de novillos que no han cumplido los años reglamentarios para venderlos o lidiarlos como toros, con el consiguiente lucro económico para los autores de la falsificación.

El director general asegura que la investigación sigue abierta y que es posible que aumente el número de ganaderías implicadas. Su impresión es que esta práctica está extendida y no afecta sólo a la comunidad andaluza.

"Este asunto es de una grave preocupación", dice Fabriciano Torrecillas, "porque supone un fraude al espectador y una imagen muy negativa para la fiesta". Lo que está claro, a su juicio, es que la Administración no potencia esa imagen con la defensa de la legalidad, sino los sectores taurinos que incumplen sus obligaciones. "Mientras la ley sea la que es", añade, "la Junta defenderá su cumplimiento sin favoritismos".

Nula colaboración

Torrecíllas se queja, sin embargo, de la "nula colaboración" que recibe la Administración de los estamentos taurinos en la defensa de la pureza del espectáculo, y omite pronunciarse sobre la actuación del Tribunal Superior de Justicia andaluz que, recientemente, se desdijo de la suspensión cautelar que dictó en abril en favor de los ganaderos Álvaro Domecq y Gabriel Rojas, sancionados por afeitado (con lo cual pudieron lidiar sus toros en la Feria de Sevilla), y posteriormente dispuso que se ejecutara la sanción de inhabilitación por 30 días, cuando ya había finalizado la temporada, con lo que no tuvo efecto alguno.

"Los hechos están demostrando que el afeitado no es el único gran problema, y que aún es necesaria la vigilancia del poder público; para hablar de autorregulación", prosigue, "hay que hacerlo, primero, de responsabilidad de todos los implicados".

Torrecillas considera que el fraude ha salido a la luz porque la Administración ha decidido solucionar problemas crónicos, y "nadie sabe la cantidad de varapalos que estamos recibiendo por ello".