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EL FUTURO DE LAS PENSIONES

La aplicación del sistema chileno costaría 145 billones de pesetas

Cambiar el sistema de pensiones, que rige en España, público y de reparto (es decir, que las pensiones de los jubilados se pagar con las actuales cotizaciones de los activos) por uno de capitalización, en el que cada persona recibe una pensión en función de lo que haya ido aportando a un fondo durante años, sería simplemente imposible. Y ello por que costaría 145 billones de pese tas garantizar la cobertura de los actuales pensionistas y de los que fuera habiendo en los próximos 15 años. Un coste inasumible porque supone 2,1 veces el pro ducto interior bruto.Sólo conseguir que los actuales pensionistas cobraran por el nuevo sistema supondría un coste de 69 billones de pesetas, de ellos 34,7 en jubilación; 22,1 en invalidez; 11,5 en viudedad; 818.000 millones en orfandad y 222.000 en favor de familiares.

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Para calcular el coste, de la cobertura, es decir lo que costaría asegurar las pensiones en el nuevo 1 sistema hasta el 2010 se ha utilizado un tipo de interés del 6% y una revalorización anual del 3%, que es la tasa de inflación que se presenta en el estudio.

En la Unión Europea rige el sistema público de reparto. En lo que se refiere a la pensión de jubilación, por ejemplo, en Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido se financia con cotizaciones. En Bélgica, España, Grecia e Irlanda interviene también algo el Estado.

No existe una edad igual en toda la UE para la jubilación, pero sí se observan tendencias comunes. Por ejemplo, de 1984 a 1994 en ningún país se ha producido una reducción de la edad de jubilación; en algunos donde la edad era inferior a 65 años, se ha previsto un aumento progresivo; en los que la mujer puede jubilarse antes que el hombre, se tiende a la igualación y la edad real de las jubilaciones está por debajo de la legal.

Tampoco existe unanimidad, casi no hay ni coincidencias, en el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de jubilación, de forma que va desde 20 años (Luxemburgo) hasta ninguno (Bélgica y Países Bajos).

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