Libertad de elección con equidad

Si hemos de hacer caso de los reflejado en las últimas semanas en las páginas de este periódico (cf. EL PAÍS 14 / 10 / 95; 31 /10 / 95), da Ia impresión de que estamos ante el inicio de un debate público sobre la libertad de elección en educación. Se trata, a mi juicio, de una importante cuestión que afecta a los ciudadanos dé muy diversa manera. Las críticas a la libertad de las familias de elegir el centro que consideran más adecuado para la formación moral e intelectual de sus hijos proceden, casi siempre, de los que ven aquélla como atentatoria al principio de equidad.

Semejante planteamiento no puede resolverse en una renuncia a la libertad en beneficio de la equidad (ni viceversa), sino que es preciso arbitrar políticas tendentes a conciliar en el plano práctico, ambos ideales. Generalizar la equidad por decreto, privando a los ciudadanos (también por de creto) del ejercicio de un derecho fundamental, es algo relativamente simple (aunque sólo sea en el plano puramente formal); pero el encaje de esos dos principios democráticos, para muchos contrapuestos, requiere una, aproximación bastante más sofisticada que - sea capaz de acomodarse mejor a la complejidad intrínseca de las sociedades modernas.

La asignación obligatoria de alumnos a centros sostenidos con fondos públicos, en razón del lugar de residencia, no sólo restringe ampliamente la libertad de elección, sino que, en contra de las primeras apariencias, tampoco asegura la equidad, entre otros motivos porque diferencias de acceso a una educación de calidad se producen a través, precisamente, del factor lugar de residencia; como es sabido, es en los buenos barrios donde suelen florecer, excelentes escuelas tanto privadas como públicas. Sólo un procedimiento de asignación aleatoría, como el implantado en Corea, podría garantizar la equidad tal y como parecen concebirla los detractores de la libertad de elección.

Algunos se asustan cuando se vincula libertad de elección y cheque escolar, pero no. se debe confundir el respeto a un derecho fundamental con una de las, formas posibles de asegurarlo. Existen dos modalidades extremas de financiación con cargo a fondos públicos de los centros de enseñanza obligatoria: una supone depositar el dinero en los centros al margen de las familias, es el sistema que rige en España; la otra consiste en asignar el dinero a las familias al margen de los centros, es el procedimiento conocido como el cheque escolar. Pero entre ambos extremos existe todo un continuo de opciones intermedias donde elegir, continuo en el que encuentran su lugar las diferentes soluciones adoptadas por los numerosos países comprometidos con la libre elección de centro.

Algo parecido puede decirse de las políticas compensatorias de carácter específico. La ayuda al transporte escolar, el apoyo a la igualdad ante la elección mediante centros de información o la implantación de escuelas especialmente atractivas en zonas habitadas por clases modestas, constituyen tan sólo una muestra del repertorio de medidas posibles tendentes a conciliar libertad y equidad.

No creo que países como Francia o Suecia sean menos sensibles que nosotros a los valores de la equidad, ni que los gobiernos laborístas de Australia o Nueva Zelanda se hayan cegado de repente. Pero el dinamismo del contexto sociohistórico afecta también a la educación, y nuevas soluciones deben ser convenientemente ensayadas a fin de conseguir una mejor atención a los derechos de los ciudadanos, sin prescindir de esa humanidad que la equidad introduce en el ordenamiento social.