Industria, decidida a capitalizar Iberia a pesar de las reticencias de la Comisión
El ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, iniciará el próximo martes una presión definitiva para que la Comisión Europea apruebe el plan de viabilidad de Iberia. El objetivo de Eguiagaray, que ese día se reúne con el comisario de Transportes, el británico Neil Kinnock, es que el Colegio de Comisarios dé el respaldo definitivo al plan en su reunión del día 29 y permita hacer frente a una reestructuración financiera por. un importe no inferior a 130.000 millones de pesetas". El titular español de Industria parece decidido a reforzar la estructura financiera de Iberia a pesar de las. reticencias mostradas hasta ahora por la Comisión, según han manifestado fuentes comunitarias.
El caso de Iberia está a punto de llegar a su conclusión con el evidente riesgo de acabar en desacuerdo entre el Gobierno español y la Comisión Europea. Tras nueve meses de negociaciones y reiterados fracasos en obtener la luz verde del ejecutivo comunitario a una financiación de 130.000 millones de pesetas, el ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, tratará de obtener el martes el visto bueno para buena parte del paquete de ayudas que se le viene negando. En caso contrario, tendría que decidirse por aplicar igualmente el plan de viabilidad, aun a costa de que la Comisión demande al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -con sede en Luxemburgo- por la puesta en práctica de los capítulos no autorizados del plan. Según ha sabido EL PAÍS en fuentes comunitarias, los responsables españoles parecen dispuestos a seguir adelante.Reestructuración financiera
La tripleta Iberia-Teneo-Gobiemo quiere conseguir permiso para "hacer frente a una reestructuración financiera por un importe superior a los. 130.000 millones de pesetas", según fuentes consultadas. Es decir, en el nuevo plan sobre el que Eguiagaray presionará a Kinnock no especifica que vaya a hacer una ampliación de capital por 130.000 millones u otra cantidad. Es una "reestructuración financiera" que engloba, entre otras, cosas, una ampliación de capital y la venta de activos. Sobre el plan inicial, los técnicos de la Comisión estaban dispuestos a autorizar ayudas por algo más de 48.000 millones de pesetas en concepto de la financiación del capítulo social del plan de la compañía. Más de 50.000 millones provendrían de la enajenación parcial de la filial Aerolíneas Argentinas, Austral (filial de Aerolíneas) y otros activos.
Se llegaría así a una cifra superior a los 100.000 millones, que se consideraban suficientes. Y ello, entre otras razones, porque la enajenación de Aerolíneas, una compañía saneada pero que atraviesa un mal momento por culpa de la situación del mercado latinoamericano, supondría soltar lastre financiero a corto plazo (Aerolíneas está arrojando pérdidas) y desembocarla en un saneamiento de las finanzas del grupo.
Pero esta nueva versión no escrita del plan de viabilidad inicial se ha quedado a medio camino. La compañía Merril & Lynch, encargada de actuar como broker en la venta de Aerolíneas, ha calculado su valor en libros en poco más de 20.000 millones, cuando se pretendía obtener de su venta unos 40.000 millones, dicen las fuentes comunitarias consultadas.
Deloitte and Touche, auditora a la que ha encargado Iberia la valoración del grupo, ha enviado algunos adelantos de sus informes a la empresa, tras los que se puede concluir que la inversión en el grupo puede ser declarada "no ayuda", según fuentes del grupo. Al mismo tiempo, de esos informes preliminares parecen eliminadas las incertidumbres que caían sobre la valoración de las filiales latinoamericanas y que se planteaba como uno de los problemas -sino el principal- para aprobar la reestructuración. Deloitte destaca también la negativa incidencia de la huelga de los pilotos en la viabilidad de IbeRia.
Desde la Comisión se ha venido negando que parte de la adquisición de Aerolíneas se haga por parte de Teneo (posibilidad que se ha contemplado y que se podría hacer mediante el aparcamiento de acciones en una sociedad interpuesta). La Comisión considera que la ampliación a cargo de Teneo es un ayuda pública, porque no resiste el criterio del "comportamiento del inversor privado" (no la haría ningún otro inversor alternativo que no fuese controlado por el sector público). Y concluye que distorsiona la competencia en el sector del transporte aéreo.
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