El laberinto presupuestario

No es la primera vez que en España se aborda el inicio de un nuevo año sin los correspondientes Presupuestos Generales del Estado. La prórroga automática de los del ejercicio económico anterior, establecida en el artículo 134.4 de la Constitución, ya había operado en dos, ocasiones anteriores, en 1982 y 1989, como consecuencia de la disolución previa, de las Cámaras. El presidente ahora establecido consiste en que la prorroga tiene lugar tras la presentación por elGobierno de un proyecto de presupuestos que, sin ser discutido ni disponer de alternativa, es devuelto por acuerdo de la mayoría del Congreso. Las razones y la finalidad de esa devolución también singularizan la situación creada. Con el rechazo de ese proyecto se pretendía forzar la disolución de las Cámaras y la correspondiente convocatoria de elecciones generales antes de las fechas anticipadas por el presidente del Gobierno, por motivos bien distintos a la orientación de la política económica y a su más con creta formulación presupuestaria. Sin embargo, la oposición no ha optado hasta el momento por utilizar otras vías previstas en la Constitución, más adecuadas y explícitas, para forzar el abandono del Gobierno.La situación creada es un laberinto cuya salida es, cuando menos, costosa; un juego en el que por el momento no se han identificado ganadores. Las Cortes no han sido disueltas, a pesar de que es difícil que desempeñen hasta su definitiva disolución una completa actividad. El Gobierno, con su habitual presidente a la cabeza, sigue en ejercicio, aunque es improbable que con la serenidad y dedicación necesarias. Los ciudadanos, por su parte, no encuentran correspondencia entre sus obligaciones como contribuyentes y la facilidad con que sus representantes complican la conducción de las finanzas públicas. Cuestionable pedagogía la exhibida en este proceso cuyo resultado más explícito no es otro que la generación de un problema adicional en una de las áreas menos afectadas por el deterioro de la convivencia política española.

La singulandad no se agota ahí. El proyecto en cuestión no altera significativamente las líneas de política presupuestaria que hasta el ejercicio en curso encontraron apoyo parlamentario mayoritario gracias a la estrecha alianza que, en la definición del conjunto de la política económica, estableció CiU con el actual Gobierno. Aquel acuerdo parlamentario será probablemente justificado exhibiendo un cuadro de resultados de la economía española en los dos últimos años, en el que han coexistido tasas razonables de crecimiento de la producción nacional con la contención de los desequilibrios básicos, déficit público incluido. El pretendido fortalecimiento de la denominada economía productiva tiene su más elocuente expresión en el nada desdeñable crecimiento de las exportaciones de la inversión privada y de los beneficios empresariales.

No ha sido, en efecto, la acción presupuestaria la, más adversa de las llevadas a cabo por el Gobierno en los dos últimos años. Con los datos disponibles, no es previsible que la liquidación del presupuesto para 1995 arroje desviaciones significativas sobre el aprobado inicialmente por las Cortes, algo no por elemental menos frecuente en años anteriores. El proyecto rechazado, independientemente de valoraciones más detalladas -entre ellas, alguno de los su puestos sobre la evolución de las- variables macroeconómicas-, venían a reforzar el rigor en el gasto ya introducido en los presupuestos de 1995, para alcanzar ese objetivo compartido mayoritariarnente de situar el déficit público en el 3% del PIB en 1997, necesario para acceder a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria de Europa.

Un primer grupo de implicaciones de la ausencia de presupuestos estará vinculado, en consecuencia, a la quiebra aparente de la coherencia de algunas formaciones políticas. Junto a ello, la renuncia a discutir en el Parlamento ese proyecto ha hurtado una valiosa oportunidad a los ciudadanos para conoizer con el necesario detalle las propuestas de los partidos políticos, y a la comunidad inversora internacional para asentar su percepción del riesgo de nuestro país sobre bases más objetivas que las meras presunciones sobre la política presupuestaria de los partidos con aspiraciones de gobierno. El tantas veces reclamado fortalecimiento de la conciencia fiscal de los españoles es difícilmente compatible con esa ausencia de conocimiento y discusión de las opciones existentes en nuestro Parlamento acerca del origen y el destino de los recursos públicos. La conveniencia de ese debate habría sido tanto mayor cuanto más próxima está la convocatoria de elecciones generales y más necesaria es la reducción de ambigüedad en uno de los pocos campos donde los Gobiernos todavía disponen de cierta discrecionalidad para condicionar la actividad de sus economías y el bienestar de sus ciudadanos.

Si cuestionable es la rentabilidad política de las actuaciones seguidas en el singular proceso de tramitación del proyecto de presupuestos para 1996, las implicaciones estrictamente económicas y financieras que puede generar la prórroga de los anteriores tampoco dejan lugar a interpretaciones favorables. Aun cuando el Gobierno disponga de mecanismos legales para que la actividad económica de las administraciones públicas no se colapse, la acción de aquél queda significativamente condicionada y, en todo caso, expuesta a la adopción de decisiones de dudosa legitimidad política. Afortunadamente, existen elementos de juicio suficientes para anticipar una orientación, en el gasto que, en lo sustancial, se ajustará a lo establecido en el proyecto de presupuestos. La prórroga supone, en principio, la vigencia en 1996 de los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto de 1995 y de las limitaciones presupuestarias introducidas, en el artículo 11 de la Ley de Presupuestos para ese año, que acotaban el crecimiento de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito al 3% de los créditos aprobados entonces. Ello no implica que el Gobierno llegara a disponer en algunos capítulos de gasto de cuantías superiores a las del periodo qué media hasta la constitución del Gobierno resultante de las previsibles elecciones generales.

Más allá de presunciones mejor o peor intencionadas mentadas más o menos verosímilmente, el desenlace del proceso de tramitación de la ley más importante para la actuación económica del Gobierno admite pocos paliativos a su adversidad. Hasta el momento en el que se redactaban estas notas esa anomalía no había sido penalizada de forma diferencial por esos mercados financieros que en no pocas ocasiones han cuestionado severamente la capacidad de la economía española para alcanzar una senda de convergencia con las más estables de Europa: con aquéllas frente a las cuales se definen hoy cuantiosos diferenciales en los tipos de interés de la deuda pública. Son 3,5 billones de pesetas, los pagos en concepto de intereses para 1996 devengados por la deuda pública española, un 18% superiores a los de 1995. Una magnitud tanto más relevante cuanto que su variación está significativamente. condicionada por la percepción que esos mercados tienen de la capacidad de los españoles para convenir en la necesidad de situar a la economía en una senda de estabilidad y a sus finanzas públicas con el mismo grado de saneamiento que los más solventes de Europa. La cuestión suscitada tras el laberinto presupuestario creado es si esa solvencia, y la de nuestra clase política, se ha visto o no fortalecida.