Las frutas y verduras, se plantan

El sector hortofrutícola está en pie de guerra. Al igual que hace un año con motivo de la propuesta comunitaria para la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino, que actualmente se halla bloqueada en Bruselas, en este caso los productores de frutas y hortalizas se han plantado a las pretensiones comunitarias.Por un lado, los agricultores han rechazado los puntos más importantes de la propuesta de reforma de OCM para las frutas y hortalizas, cuyo texto consideran negativo y discriminatorio si se compara con la filosofía y los apoyos que ya están recibiendo las OCM de otros productos continentales cómo cereales, leche, o carnes.

Por otra parte, el sector en su conjunto reclama el final de la política de concesiones en matería hortofrutícola a terceros países: para facilitar su acceso al mercado comunitario. El último ejemplo que ha levantado polvareda es el acuerdo de asociación con Marruecos que incluye aumento de contingentes, calendarios y reducción de precios en tomates y cítricos.

Una Organización Común de Mercado (OCM) es un conjunto de reglas por las que la Unión Europea regula el mercado de un determinado, producto del sector agrario. En el casó de las frutas y hortalizas, la OCM afecta a una serie de cultivos con un valor en la Producción Final Agraria de 1,1 billones de pesetas, base de la economía en zonas como Canarías, Andalucía, Levante o el Ebro. La hortofruticultura, con una exportación superior a 700.000 millones, es uno de los ejes del comercio exterior.

Administración y sector coinciden en la necesidad de aprobar una nueva OCM para frutas y hortalizas bajo la presidencia española. Sin embargo, hay divergencias en cuanto al proyecta comunitario. Para el Ministerio de Agricultura se trata de un proyecto válido como punto de partida, pero que se debe mejorar en cuestiones como financiación o fondo de operaciones. Para una buena parte del sector agrario el proyecto requiere un vuelco en toda su redacción para evitar los agravios comparativos respecto a otros productos.

De forma resumida, los principales puntos polémicos de la propuesta de reforma son:

Precios institucionales. La propuesta de a OCM contempla fijar precios institucionales para 14 productos: tomate, berenjena, coliflor, albaricoque, melocotón, nectarina, limón, pera, uva, clementina, manzana, satsuma, mandarina y naranja. Por el contrario, deja sin precios insfitucionales a casi otros 40 productos donde se halla prácticamente toda la horticultura. Esto supone mantener las cosas como están. Para el sector no hay razones para que no haya precios institucionales para todos los pyoductos como sucede en otras OCM. Ello supone que los casi 40 productos sin precios institucionales no tienen derecho a una retirada del mercado, cuando haya excedentes, con fondos comunitarios. Las posibilidades de retirada afectarán solamente al 10% del volumen comercializado por la organización de productores.

Reducción de los precios de retirada. El proyecto de reforma de esta OCM supone una fiuerte reducción de los precios de retirada para los productos con posibilidad de intervención. Esa reducción se sitúa en una media del 50%. Para el Ministerio de Agricultura no es grave que se hayan bajado los precios de retirada. España es un país cuyos productores hortofrutícolas no hacen apenas uso de las actuaciones de retirada de los productos para su destino industrial, sino que venden en fresco. Aunque hoy España no genera excedentes y vende en el mercado, en un futuro, si se abren las puertas a Ia importación vía acuerdos comerciales, podrían aumentar los excedentes y serían necesarios mejores precios. Un punto positivo de la nueva OCM es la eliminación de calendarios para las operaciones de retirada.

Reducción de la protección en frontera. La nueva: OCM no supone ninguna rebaja en los aranceles en frontera, ya que se deben aplicar los compromisos de la Ronda Uruguay del GATT. Sin embargo, los diferentes acuerdos con terceros países, el último con Marruecos, rebajan esos niveles de protección. Para las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, con este tipo de acuerdos, al final, el sector hortofrutícola comunitario pierde sus niveles de protección. A corto plazo, el sector entiende que ello va a provocar un aumento de importaciones baratas, lo que puede dar lugar a mayores excedentes y la necesidad de medidas de retirada que hoy no se hacen.

Presupuesto escaso. El sector hortófrutícola denuncia la existencia de un presupuesto es caso para aplicar la nueva OCM. Mientras la producción horto frutícola supone el 16% de la Producción Final Agraria en toda la UE, la asignación finan ciera a esta OCM supone solamente el 5% de los gastos del Feoga (fondo de garantía agraria). Los agricultores denuncian que él presupuesto suponga sólo 1.668 millones de ecus en 1996 para caer a 1.469 millones de ecus en el año 2001. Los agricultores denuncian para las frutas y hortalizas un tratamiento diferente al otorgado a otros: productos comunitarios como leche, cereales y carnes, todos ellos con precios institucionales, de retirada y para los que, además, hay compensaciones por hectárea en los cereales por la reducción de los precios o por cabeza como en vacuno u ovino. COAG ha reclamado ayudas por hectárea en frutas y hortalizas.

Organizaciones de productores. Uno de los ejes de la nueva OCM hortofrutícola son las organizaciones de productores(OPHF). tos agrícultores plantean la necesidad de que, dado su escaso desarrollo en España, se den unos plazos, -más amplios para su constitución. Es un punto en el que están de acuerdo agricultores y la Administración.

Fondo de operaciones y cofinanciación. Constituye el eje fundamental de la nueva OCM propuesta por Bruselas y va, ligado al funcionamiento de las OPFH que serán sus protagonistas. Este sería un fondo financiado en un 50% con recursos de los agricultores y el 50% restante por la Administración española, (entre el 10% y 20%) mientras el resto sería apoyado por Bruselas. Con los recursos de este fondo, las OPFH deberán apoyar los precios de retirada pagados por Bruselas para los 14 productos sometidos a este régimen y llevar a cabo también retiradas de los 34 más que no tienen precios institucionales. La Administración española plantea más recursos para éste fondo. Las organizaciones agrarias y las cooperativas rechazan toda medida que suponga cofinanciación.