El Senado apuesta por una 'autoridad audiovisual' sin poder sancionador

El pleno del Senado aprobará la próxima semana, con el consenso de todos los grupos políticos, una propuesta para crear una autoridad audiovisual que ejerza funciones de asesoramiento y vigilancia de los contenidos televisivos. De esta manera se sientan las bases para que comience a funcionar en España un organismo en cierto modo parecido a los que ya existen en la mayoría de los países de la Unión Europea. La diferencia principal estriba en que el organismo español no tendrá competencias ejecutivas ni de sanción: sus padres parlamentarios prefieren configurarlo como una instancia mediadora, y un canal de denuncias.Desde su constitución en noviembre de 1993, la Comisión Especial para el Estudio de los Contenidos Televisivos del Senado, presidida por la senadora del grupo socialista Victoria Camps, trató de recoger el debate sobre el "malestar" social creado por la televisión. "Una televisión poco cuidadosa de sus contenidos" y "abandonada a la inercia del mercado" ha sido el resultado de la experiencia española de televisión, según se afirma en el prólogo del informe redactado por dicha comisión. Dos años después de[ cornienza de los trabajos, la propuesta que se someterá a aprobación del pleno consiste en crear una nueva institución, capaz de mediar entre los intereses de la industria audiovisual y los de la sociedad.

En principio se prevé la denominación de Consejo Superior de los Medios Audiovisuales y estará formado por un mínimo de siete y un máximo de once miembros. La comisión prefirió esa opción a la alternativa de crear un Defensor del Telespectador.

Este Consejo tendrá entre sus misiones fundamentales, según la propuesta, "velar por el cumplimiento de la legislación, reglamentaciones y códigos deontológicos establecidos para el audiovisual, y denunciar ante la Administración competente o ante el Fiscal, a instancia de parte, las infracciones de la legislación".

Salir a los medios

Esa definición de tareas excluye un punto que ha sido amplio objeto de discusión durante los dos años de vida de la Comisión: la capacidad sancionadora del organismo. "Hemos tratado este tema en muchas ocasiones", explica Victoria Camps. "La decisión final, consensuada por, todos, se basa en la idea de que las funciones que el Consejo ejerza tendrán importante proyección en los medios de comunicación, por lo que en cierto modo la denuncia pública ya será una especie de sanción. Además, tendremos la capacidad de instar a los fiscales a que actúen".Este punto de vista es corroborado por el Partido Popular: "Creemos que es mejor que exista. un organismo que ejerza funciones de mediación, y no de sanción", señala la senadora popular María del Mar Agüero.

En el Ministerio de Obras Públicas, al que la legislación actual otorga las competencias de sanción en materia audiovisual, esa definición de funciones del futuro Consejo es considerada razonable: "El acuerdo deja claro que las competencias sancionadoras siguen en el Ministerio", afirma un portavoz del departamento dirigido por José Borrell.

Las demás funciones previstas para el Consejo han sido menos discutidas, por existir un consenso general en cuanto a la necesidad de su existencia dentro de este organismo. Así, el Consejo se encargará de asesorar al Parlamento y al Gobierno en materias relacionadas con la legislación y regulación del sistema audiovisual; presentará ante las Cortes Generales un informe anual que evalúe los problemas. de las televisiones; y realizará estudios sobre aspectos del sistema audiovisual que produzcan "alarma" en la sociedad.

"Creemos que la relación con los espectadores debe ser básica, y también hemos pensado en ello dentro de la Comisión", apunta, Victoria Camps. Según la propuesta, existirá dentro del Consejo una "Junta de Asociados" o un "Servicio" al espectador" en el que estarán representadas distin tas instituciones y sectores de la sociedad civil. Alejandro Perales, miembro de la directiva de la Asociación de Usuarios de la Comunicacion (AUC), que se muestra a favor de la existencia de una institución de este tipo, incide sobre esta propuesta:." Sería interesante que dentro del Consejo existieran comités consultivos en los qué estén representadas convenientemente las asociaciones de espectadores, que hasta ahora son las que se han encargado de denunciar ante la sociedad los abusos cometidos en este terreno".

"La elección de los miembros del Consejo es la principaI garantía de la autoridad e independencia del mismo reza la propuesta de la Comisión. Para ello, defiende que sea el Parlamento el que seleccione a los miembros de este organismo, que deberá formarse con personas "acreditadas en el campo audiovisual, bien, por sus tareas de estudio o investigación, bien por su competencia en cual quiera de sus dimensiones: periodística, producción y gestión".

Serán elegidos -se aconseja por un periodo de seis años y podrán ser reelegidos por otros seis. No podrán tener intereses en empresas de comunicación.