Marzo, fecha tope.

DESDE QUE se formalizó el rechazo del Parlamento al proyecto de Presupuestos, el Gobierno actual está formalmente desautorizado, virtualmente en funciones. La legitimidad del Gobierno depende del apoyo' parlamentario con que cuente, y esta Cámara se lo ha retirado al de Felipe González en un asunto capital. Ésa es una de las diferencias entre el sistema presidencialista y el parlamentario. En teoría, existe la posibilidad de recuperar el respaldo perdido del nacionalismo catalán. En la práctica, esa hipótesis está explícitamente descartada por Pujol, quien incluso ha advertido que presentaría o apoyaría una moción de censura si González no cumpliera su compromiso de celebrar las elecciones antes de finalizar marzo. Si no hubiera otras razones, el repetido compromiso de González ante la opinión pública y ante el propio Parlamento en su comparecencia del miércoles, y el paralelo de Pujol de no volverse atrás, bastarían para descartar cualquier posibilidad de prórroga. El respeto a la palabra dada por parte de los gobernantes es un uso consustancial al sistema democrático. De hecho, la existencia previa de ese compromiso fue el principal argumento para no disolver de inmediato, una vez se materializó la retirada de apoyo al Gobierno socialista por parte de CiU. Al existir esa convocatoria, y dado que una disolución inmediata hubiera hecho coincidir las elecciones con el periodo navideño, resultaba atendible el, deseo del Gobierno de no disolver antes del final de la presidencia española de la Unión Europea. Ese plazo permitía además completar la tramitación parlamentaria del nuevo Código Penal.

Son argumentos que tienen una defensa en nombre de valores e intereses generales, no de partido. Incluso podría haberse considerado como un argumento adicional la necesidad de dar tiempo al PSOE para resolver el problema del candidato. Pero los propios socialistas, o al menos su secretario general, han vaciado de contenido ese argumento al mantener deliberadamente abierta la cuestión de si González repetirá o no a la cabeza del cartel. No hay, por tanto, ningún motivo, excepto eventuales intereses Particulares del PSOE o sus dirigentes, para prolongar la legislatura más allá de febrero o marzo. El criterio sigue siendo el mismo: cuanto antes, mejor.

El Código Penal fue aprobado anteayer. Era el argumento más sólido para no forzar la disolución inmediata. Ésta habría obligado a reandar todo el camino, aplazando una vez más algo que está pendiente desde hace más de 10 años. Pero no hay ninguna razón para prolongar la legislatura más allá del final del actual periodo de sesiones, en diciembre. El argumento de la presidencia europea siempre fue relativo; dentro de dos meses será inexistente. Seguramente no es bueno que presida la UE alguien que gobierna en funciones en su país, aunque existen los precedentes próximos de Mitterrand y Kohl. En cualquier caso, nada, debería impedir formalizar la disolución a finales. Por ejemplo, después de la cumbre europea, lo que llevaría las elecciones a la segunda quincena de febrero. Con un criterio flexible, cuanto antes significa mejor en febrero que en marzo, y en ningún caso después de este último mes.

Fuentes gubernamentales han indicado que carecen de fundamento las especulaciones sobre eventuales intentos de alargar ese plazo. Así lo creemos también nosotros, a la vista de los argumentos conspiratorios que aducen para cargarse de razón quienes llevan meses pronosticando que González podría incumplir su compromiso. Pero las declaraciones de algunos significados diputados socialistas obligan a cierta cautela y a insistir en esta vía, para que no se sigan gestando lucubraciones, pero también para que no se alimenten tentaciones. Debe quedar mendianamente claro que no hay argumento alguno que pueda justificar el aplazamiento de las elecciones más allá de marzo.