Contra el punto final

Ricardo Solari, vicepresidente del Partido Socialista, también en el Ejecutivo, descarta un "punto final" con su consentimiento en materia de derechos humanos. Considera suficiente dos concesiones: aceptar la cárcel especial de Punta Peuco -para oficiales condenados judicialmente- y la inclusión de efectivos militares en la guardia del penal. Probablemente, la militancia socialista, con el mayor número de ejecutados o desaparecidos durante la dictadura, no permitiría mayores cesiones sin rebelarse. "¿Cómo voy a contribuir yo a que se cierre el caso de Carmelo Soria cuando conozco a la familia Soria de toda la vida? Jamás permitiría que eso ocurriera", dice Solari. Los borradores de los proyectos de ley sobre derechos humanos presentados por Renovación Nacional, la UDI, no han satisfecho al Gobierno. El texto de RN habla de 10 años para el sobreseguimiento definitivo de los procesos, más de 300 contados desde la denuncia de desaparición; el promovido por la UDI propone amnistiar sin investigar. La ministra de Justicia, Soledad Alvear, atribuyó a estos textos un excesivo interés en la aplicación de medidas que pongan fin a la incertidumbre de los inculpados sin preocuparse por la verdad.