La operación estrella de Sotos, UGT y el PSOE

La por ahora fallida operación turística, náutica, deportiva e inmobiliaria de la Marina de Calvià (Mallorca) era, según su inventor y promotor, Carlos Sotos, ex responsable de IGS y PSV, "un proyecto completamente público, del PSOE y de UGT, protagonizado por quien era su candidato autonómico [el ex-alcalde de Calviá Francesc Obrador]. Y también un proyecto de Estado al ser ejemplar en la reconversión del turisrno". Sotos y sus amigos de Calvià no hicieron trazos ni rayas para un plan hipotético; compraron el lugar elegido y después buscaron hacer negocio. Hoy es un megaproyecto olvidado.Para IGS y el ayuntamiento, la Marina de Calvià se presentaba como "la actuación inmobiliario-turística de mayor importancia y atractivo de los años noventa en el Mediterráneo". Sotos y la actual alcaldesa socialista, Margarita Nájera, que era responsable de urbanismo, idearon una actuación al margen de los equipamientos o viviendas sociales. Para ello mantuvieron contactos con grupos inversores internacionales interesados en el proyecto, desde la Fundación Kennedy a banqueros japoneses y financieros mexicanos con intereses en la televisión.

Se compraron -a veces con presión política- hasta 200.000 metros cuadrados de terrenos que costaron 4.692 millones. IGS los hipotecó, el banco los embargó, y tras ser subastados con pujas escasas, son actualmente solares sin un valor especial, sin vistas al mar, y que deberán ser objeto de un PERI (Plan Especial de Reforma Interior) y un PAU (Plan de Actuación Urbanística) para un desarrollo singular. El plan general de Calvià no contempla ya realizar la gran urbanización, para la que debía derribarse un hotel y bloques de construcciones habitadas.

La Marina era el sueño de hacer llegar el mar tierra adentro, crear un lago con islas habitadas, puertos de lujo, campos de golf, bloques de apartamentos y centros comerciales: levantar una ciudad de 4.000 habitantes y propiciar una actuación con un volumen de negocio de 100.000 millones.

Aquella idea fue tildada de megalómana y la estrategia política del PP balear se encargó de triturar en 1990 antes de que las finanzas de IGS la convirtieran en irrealizable. Fue una iniciativa alentada desde el ayuntamiento mallorquín, tradicional feudo socialista, y meditada por del responsable de IGS, Carlos Sotos, junto a los arquitectos que redactaron el plan general de Calvià. Sotos indicó que actuó sin ánimo de lucro: "No se quería especular y no se invirtió un duro de los cooperativistas al recurrir a créditos bancarios y deuda".

El ex gerente de IGS, de acuerdo con los proyectos urbanísticos municipales, dirigió en 1989 y 1990 la compra de 200.000 metros cuadrados de terrenos urbanizables en Calvià. Las auditorias realizadas a raíz de la crisis del grupo de servicios de UGT cifraron en 4.692 millones de pesetas el quebranto creado por la operación. La sociedad MCM gastó 200 millones en estudios y promoción, que luego IGS evaluó en un activo de 800 millones.

El BCH arrastra por la operación Marina una deuda de IGS más de 3.000 millones de pesetas. Mantuvo hipotecados solares por 1.700 millones de avales y créditos y, tras efectuar diferentes subastas públicas que quedaron desiertas, se quedó con los terrenos.

Margarita Nájera, del PSOE, alcaldesa de Calvià mantiene que la Marina era una operación "de alto riesgo, en la que se requería una fuerte inversión, valor, confianza y espera. No era una maniobra especulativa".