A las puertas del Gobierno

EL SUMARIO de los GAL ha alcanzado la esfera del Consejo de Ministros. Es la primera consecuencia política que se deduce de la iniciativa adoptada ayer por el juez instructor del Tribunal Supremo Eduardo Móner al pronunciarse a favor de la petición del suplicatorio para llamar a declarar, en condición de imputado, a José Barrionuevo, ministro del Interior cuando sucedieron los hechos investigados. En una entrevista mantenida en TVE con Iñaki Gabilondo el pasado mes de enero, Felipe González estableció una diferencia radical a la hora de asumir responsabilidades políticas entre los miembros del Gobierno, y los altos cargos de Interior. En aquel momento, la acusación judicial había llegado al nivel del ex secretario de Estado Rafael Vera. Hoy llama a las puertas de un ex ministro. Según las propias palabras del presidente, acaba de producirse un salto cualitativo en la instrucción sumarial del caso GAL.La petición del suplicatorio no implica una acusación concreta, pero puede ser la antesala para ello. El juez considera que los indicios contra Barrionuevo son suficientes para que aporte su propia versión de los hechos antes de decidir si le acusa formalmente o no. La condición de aforado del ex ministro y hoy diputado determina la precaución de solicitar del Congreso el preceptivo suplicatorio, a fin de evitar que su comparecencia pueda ser declarada nula por no haberse respetado esa formalidad.

En este punto, el juez Móner ha llegado a la misma conclusión que Baltasar Garzón: los testimonios aportados en el sumario sobre la presunta implicación de Barrionuevo en el secuestro de Segundo Marey tienen entidad para que sea llamado a declarar, y no simplemente en condición de testigo. Que la petición se límite a Barrionuevo significa también, indirectamente, qué, de momento, Móner no coincide con Garzón a la hora de apreciar en el sumario indicios suficientes para adoptar la misma iniciativa respecto a Benegas, Serra y González. Naturalmente, nuevas diligencias -por ejemplo, la propia declaración de Barrionuevo- pueden modificar esa apreciación. Pero, hoy por hoy, el instructor del Supremo no ve en las imputaciones de otros implicados, reducidas en lo sustancial a las realizadas por García Damborenea, base suficiente para tomar iniciativas tendentes al procesamiento formal de los otros tres aforados.

En este sentido, la instrucción de Móner parece seguir la línea marcada en el informe que emitió la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo a principios de septiembre: las imputaciones contra José Barrionuevo son lo bastante "precisas, reiteradas y concordante" para proponer su suplicatorio; no lo son, en cambio, "las meras suposiciones e hipotéticos juicios de inferencia" vertidos en relación con los otros aforados.

A partir de ahora, el centro de atención del sumario se sitúa en el Congreso de los Diputados, y no en el Supremo. Al menos durante el tiempo que esa instan Cia parlamentaria se tome para tramitar el suplicatorio que se le solicita. Pero no parece que, una vez recibida la solicitud razonada del Supremo, deba demorarse su concesión. Y no hay motivo alguno para que ningún grupo, tampoco el socialista, se oponga a la concesión del suplicatorio.

De entrada, porque nunca esa especial tutela del parlamentario podría esgrimirse como privilegio personal en relación con supuestos delitos que nada tienen que ver con la función parlamentaria. La doctrina del Constitucional, ha dejado claro que esa tutela defiende al parlamentario contra la eventual utilización torticera de la vía penal "con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición de las mismas". El objeto del voto del Congreso ni siquiera es el de pronunciarse sobre los indicios que pueda esgrimir el juez instructor para interrogar al diputado, sino únicamente sobre la existencia o no de una intencionalidad política en el origen de la acción penal.

En este caso, además, la concesión del suplicatorio es requisito para dar a Barrionuevo ocasión de ser oído, como él mismo venía solicitando. Su resistencia a pedir que sus compañeros voten a favor del suplicatorio, aduciendo que no es quién para hacerlo, resulta comprensible humanamente, pero políticamente incoherente. Por lo demás, Felipe González ha sido categórico al afirmar que es partidario de conceder los suplicatorios que pidan los jueces. El Grupo Parlamentario Socialista tendrá oportunidad muy pronto de ponerlo en práctica.