Varapalo al secretismo del Consejo de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), con sede en Luxemburgo, dio ayer un varapalo a las prácticas secretistas del Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE). Los magistrados han anulado la decisión por la que el Consejo denegaba al diario The Guardian la documentación de dos sesiones ministeriales de los Quince sobre Justicia e Interior y Agricultura. Y le conminan a que, "en cada caso" en que los ciudadanos pidan acceso a sus papeles, tome una decisión equilibrada, teniendo en cuenta tanto la confidencialidad de los debates como el derecho de los ciudadanos a la información.La sentencia del tribunal -constituido en su nivel de primera instancia- da la razón al diario británico, apoyado en su demanda por el Parlamento Europeo y los Gobiernos de Dinamarca y de Holanda. El periódico ve reconocido lo fundamental de su petición: que se anule la negativa genérica del Consejo a divulgar los documentos preparatorios que recogen las deliberaciones de los ministros. Por eso, el Consejo de la UE ha sido condenado a pagar las costas.

Eso no significa que todas las discusiones de los ministros deban ser públicas. La propia normativa del Consejo, elaborada en 1993, establece que el acceso a un documento puede ser rechazado si su divulgación atenta contra "la protección del interés público" -seguridad, estabilidad monetaria, relaciones internacionales, inspección e investigación-, la "protección del individuo y de la vida privada", la del secreto comercial e industrial, los intereses financieros de la UE o la confidencialidad solicitada por una persona que ha proporcionado información a los ministros.

Norma y excepción

El tribunal de primera instancia no echa por tierra esas excepciones a la transparencia. Simplemente, viene a decir que la norma es la transparencia y que el secreto es la excepción. Técnicamente: el Consejo debe "establecer un equilibrio entre el interés del ciudadano a obtener acceso a los documentos y su eventual interés en preservar el secreto de las delibera¿iones". Y esta tarea salomónica debe realizarla el propio Consejo "cada vez" que un ciudadano pida sus documentos.

Es precisamente lo que no hizo en el caso planteado por John Carvel, de The Guardian. Y por eso ahora los magistrados no obligan al órgano ejecutivo-legislativo de la UE a entregar automáticamente al periódico las actas de sus sesiones, sino a decidir si, debe entregarlas o no, en este caso, con razones específicas que salvaguarden los derechos de ambas partes.

Ahora el Consejo puede recurrir ante el TJCE en su instancia superior. Pero no es seguro que lo haga, porque él mismo ha evolucionado en un sentido de mayor transparencia desde 1993.