Un senador del PP denuncia vagas presiones para rechazar la 'comisión GAL'

La reñida votación sobre la comisión GAL del día 18 en el Senado viene precedida por un auténtico culebrón. José Luis Morales, senador ceutí del PP expedientado por su gestión irregular cuando era jefe de recaudación de la Seguridad Social en Ceuta, denunció ayer imprecisas amenazas para que rechace la comisión. El portavoz popular en la Cámara alta, Ángel Acebes, se basó en esta denuncia y en la amenaza más precisa del ministro canario Jerónimo Saavedra contra Coalición Canaria (CC) -el grupo que tiene la llave de la comisión- para exigir que la votación sea pública, frente a la propuesta socialista de que sea secreta.

El senador Morales aseguró que el domingo recibió en su domicilio una llamada telefónica de un tal "Clavijo o Garijo" en estos términos: "Senador, sería conveniente que en el tema de la comisión GAL se abstuviera, en aras del expediente administrativo que tiene pendiente de notificar por la Administración". El comunicante le dijo también, según Morales, que tuviera en cuenta que en la actualidad no milita en el PP [está dado de baja provisionalmente] y que era conveniente que dejara su situación personal aclarada en el futuro.Fuentes del Ministerio de Trabajo precisaron que Morales ya está sancionado y, por tanto, no existe un origen racional para el chantaje alegado.

Morales fue sancionado en julio por el ministerio a un año de suspensión de empleo y sueldo por las irregularidades cometidas cuando era jefe de la unidad de recaudación ejecutiva de la dirección provincial de la Seguridad Social en Ceuta. Los hechos se refieren al periodo 1989-1993. Morales cobraba a presuntos deudores de la tesorería antes de que a éstos les llegaran las certificaciones de descubierto. Dispuso de 581.000 pesetas en efectivo, un dinero que, para ser garantizado, depositó con un cheque extendido a su nombre y con cargo a su cuenta. Morales se dio de baja provisional en el PP, aunque mantuvo su escaño.

El senador del PP no precisó el origen de las amenazas, pero dio a entender que podían proceder de la Administración central en Ceuta, cuando señaló que quien le presionó conocía muy bien su expediente y advirtió que el instructor del proceso fue nombrado en diciembre director de Trabajo de Ceuta. Su declaración contradice la versión del ministerio, según la cual la sanción fue efectiva en julio y expresamente comunicada entonces al portavoz del PP, Ángel Acebes.

Acebes se refirió también a las recientes amenazas del ministro de Educación, el ex presidente canario Jerónimo Saavedra, contra Coalición Canaria, si este grupo da su apoyo a la comisión GAL. Acebes las calificó de "atentado a la democracia" y se basó en ambos hechos para anunciar la propuesta de una votación pública y nominal "para evitar presiones y chantajes".

Acebes intenta sortear así el riesgo de las fugas de votos, como sucedió en el Congreso la pasada semana, al celebrarse la votación de forma secreta, un procedimiento que los socialistas tratan de reproducir en el Senado. El PP canario pidió la dimisión de Saavedra.

El portavoz socialista en el Senado, Bernardo Bayona, llamó la atención sobre la ausencia de pruebas en la denuncia del senador Morales y la calificó de "escenificación de un burdo montaje" para desviar la atención de un asunto, la comisión GAL, "en el que hay dudas razonables sobre quiénes serían los beneficiados de la comisión".

Bayona fue crítico con Saavedra. "Si con esas declaraciones pretendía convencer a los senadores de CC, desde luego no era la mejor forma de lograrlo", aunque trató de quitarles hierro al manifestar que fueron realizadas en las islas y como secretario general del PSOE de Canarias. Según el reglamento del Senado, al existir dos propuestas distintas sobre el procedimiento de voto -el PP, a favor de la votación pública, y el PSOE, de la secreta- el contencioso lo dirimirá el pleno de la Cámara alta.