Avances en el plan de privatización de Telemadrid

El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, perfiló ayer su plan de privatización para Telemadrid. Según explicó, la Comunidad no impondrá ningún tipo de programación a la empresa que resulte adjudicataria de la licencia de Telemadrid.El plan contempla, a cambio, destinar unos 5.000 millones de pesetas anuales a la producción de programas de servicio público como los que ofrece en la actualidad el canal autonómico.

Sin embargo, ese contrato programa será el resultado de un concurso público en el que podrán participar todas las televisiones españolas. Beteta asegura que ganará la que presente la mejor oferta económica.

En cualquier caso Beteta señala que se trata de mantener la cuota de audiencia aunque pretenda dirigirse a un público distinto que busca mucho más la formación y la divulgación que el puro entretenimiento.

Por otra parte, el consejero no cree que la deuda de la cadena, que asciende a 35.000 millones de pesetas, suponga un obstáculo para la privatización, puesto que su titular es el ente público y no la sociedad Telemadrid. De todos modos, la deuda será asumida a plazos por el gobierno regional

Para que esta operación se concrete hacen falta dos cosas: que el Congreso de los Diputados modifique la ley de Terceros Canales"-que impide a las cadenas autonómicas, entre otras cosas, la cesión de la gestión- y que la Asamblea de Madrid apruebe la ley de privatización.

Este último paso será el primero en concretarse, puesto que el gobierno regional ya envió el proyecto de ley la semana pasada a la Asamblea de Madrid.

Según Beteta, la cadena recibirá el año próximo una subvención similar a la de este año, en tomo a los 10.000 millones de pesetas. Fuentes de Telemadrid manifestaron, además, que la Comunidad asumirá una cuota de 5.000 millones correspondiente a la deuda.

De acuerdo con este diseño, y, una vez concretada la privatización, Telemadrid dejará de estar subvencionada por la Comunidad, puesto que las ayudas actuales se destinan a los intereses de la deuda, los alquileres y el coste de explotación.