Los defensores del pueblo, alarmados por la intolerancia y la vioIencia juvenil

Los defensores del pueblo españoles, que se reunieron ayer en Barcelona, expresaron su preocupación por el incremento de la intolerancia y de la violencia juvenil, a la que consideran una expresión del malestar de los jóvenes, y pidieron medidas que no sean sólo policiales. Los ombudsmen dijeron, además, que las quejas de los funcionarios y empleados públicos amenazan con bloquear su actividad en las distintas comunidades autónomas. Los defensores coincidieron ayer en expresar su alarma por el constante incremento de denuncia presentadas y propinaron una dura reprimenda al, Gobierno por no haber desarrollado adecuadamente la Ley de la Función Pública.

Los nueve defensores bajaron al mediodía a la calle para guardar dos minutos de silencio por la libertad de José María Aldaya y Publio Cordón. Todos coincidieron en que el incremento de las expresiones de intolerancia, racismo y xenofobia puede poner en peligro la convivencia y todos estuvieron de acuerdo en que la creciente violencia juvenil es la expresión de unos males más profundos que afectan a la juventud.En este sentido, no se mostraron contrarios a que las tribus urbanas con tendencias violentas sean sometidas a una vigilancia policial especial, como se ha pedido desde diversas instituciones en Cataluña, pero sí advirtieron que el problema no se solucionará sólo con medidas represivas. El Ararteko vasco, Xabier Markegui, relató a los demás defensores la grave situación del País Vasco por el aumento de la intolerancia extrema.

Los nueve ombudsmen se reunieron en Barcelona para tratar de forma monográfica este problema, y también del incremento de las quejas presentadas por funcionarios. La ausencia de normativa que desarrolle suficientemente la Ley de la Función Pública está originando, según explicó Fernando Álvarez Miranda, defensor del pueblo español, la irrupción de la picaresca para eludir la normativa en la provisión de las plazas públicas y la contratación de personas sin méritos suficientes, en detrimento de otras que se preparan y aspiran legítimamente a ese puesto.

La secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, considera que la oleada de violencia juvenil que se ha desatado en algunas ciudades no se solucionará sólo con medidas de tipo policial. El aspecto más preocupante de este fenómeno es el referido a las denominadas tribus urbanas.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha planificado para los próximos meses una campaña para estudiar la violencia juvenil y tratar de diagnosticar las raíces de este problema mediante debates, mesas redondas y campañas educativas en los colegios.

La viceministra Robles señaló ayer que esta violencia es atribuible a un sector minoritario de la juventud y que el problema puede tener relación con el paro y la droga. También sugirió la posibilidad de que entre los adolescentes haya un cierto "mimetismo" de los contenidos violentos de algunas series de televisión.

La Dirección General de Política Interior, el Instituto de la Juventud y diversas organizaciones no gubernamentales han preparado una serie de actos en Barcelona, Madrid, Málaga, La Coruña y Pamplona. El primero tendrá lugar en Barcelona, donde se celebrará un debate sobre las tribus urbanas (rapados, punkis, etcétera). La responsable de Política Interior, Concepción Sáez, señaló que en esta campana se dará protagonismo a los jóvenes para que den su propia versión del problema.

El vacío legal y la arbitrariedad con que actúan algunos organismos han provocado la avalancha de denuncias a los defensores del pueblo formuladas por empleados públicos, que en el caso de Andalucía, por ejemplo, suponen el 41% de todas las presentadas en esa comunidad, según indicó el ombudsman andaluz, Jesús Maeztu Gretorio. En Valencia, la mayor parte de las 3.482 quejas presentadas en 1993 procedían de empleados públicos.

Únicamente la comunidad de Castilla-La Mancha parece haberse librado de momento de este incremento, que todos calificaron de muy preocupante, hasta el punto de que algunos ombudsmen, entre ellos el de Cataluña, propusieron establecer algún tipo de limitación en la aceptación de quejas de funcionarios para evitar el colapso de la institución y el monopolio de sus servicios por parte de este colectivo.