El PP propone dar a elegir cada año entre sanidad pública o privada

El PP concretó ayer un poco más sus planes para el sector sanitario: el responsable de este ámbito en la dirección del Partido Popular, Enrique Fernández Miranda, enumeró ayer los pilares de la reforma del sistema nacional de salud que propone su partido, y uno de ellos es dar a elegir a los ciudadanos cada año entre sistema sanitario público o privado, además de poder elegir médico y centro sanitario.

Fernández Miranda, que fue presentado como "el ministro de Sanidad de la oposición", explicó los planes del PP en un debate organizado por la aseguradora privada Sanitas en el que también participaron el subsecretario del Ministerio de Sanidad, José Luís Temes, y el consejero de Sanidad de Cataluña, Xavier Trías.La propuesta de Fernández Miranda fue rotundamente rechazada tanto por Temes como por Trias. Temes afirmó, que si se rompe el actual sistema de aseguramiento único, se romperá el principio de equidad y el sistema público quedará convertido en una red de beneficencia. Trias auguró una "catástrofe sanitaria" si se implanta la libertad de aseguramiento, aunque vaticinó que Fernández Miranda no mantendría esa propuesta de llegar a gobemar.

La reforma del sistema sanitario debe tener, según Fernández Miranda, tres pilares:1) mantener la actual financiación pública de la asistencia. 2) Sumar a la red pública de servicios todos los recursos sanitarios privados. 3) Establecer un sistema de libre competencia, de modo que "los ciudadanos puedan elegir cada año, no sólo el médico y el centro sanitario, sino también el prestador de la asistencia". "Ofrecer", precisó, "como ahora hace Muface, quién será su prestador, quién se hará cargo de la asistencia global que precise durante un año".

Para aplicar este sistema, el Estado deberá establecer "un nuevo sistema de provisión capitativa" que permita pagar la asistencia "por proceso asistencial, tanto a los aseguradores públicos como privados". Es decir, que se calcule cuánto cuesta atender por ejemplo una insuficiencia renal, y pagar ese precio, bien al sistema público, bien la aseguradora privada elegida por el usuario.

Sin embargo, según Fernández Miranda, la sanidad privada difícilmente estará interesada en asumir la asistencia primaria, especialmente la rural, ni la hospitalaria de tercer nivel. La primera porque no tiene rentabilidad y la segunda porque es muy costosa y exige altas inversiones. Por eso, el PP propone que la sanidad privada compita con la pública fundamentalmente en la asistencia secundaria; es decir, la de los especialistas, porque "es el ámbito en que mejor está implantado el sector privado y con mayor facilidad podrá encontrar rentabilidad empresarial".

Tanto Temes como Trias se mostraron partidarios de separar la financiación de la provisión de los servicios sanitarios, es decir, que se pueda conceder con entidades privadas, o conceder la gestión de algunos servicios a entidades privadas, pero en ningún caso permitir una competencia entre aseguramiento público y privado. "Nuestro ordenamiento garantiza la unidad de aseguramiento y permite una gran diversidad de proveedores", dijo Temes, "sólo este sistema permite garantizar que los enfermos con patologías más costosas no sean rechazados por el asegurador, como ocurre ahora en el sistema privado".

Trias advirtió que el modelo del PP, además de no ser equitativo "será mucho más costoso". Defendió, como Temes, la Ley General de Sanidad como referente válido, y atribuyó al sistema privado un mayor papel como proveedor complementario, "pero siempre bajo la planificación pública". "En estos momentos, el ciudadano español paga unas 90.000 pesetas' anuales por la asistencia sanitaria, 70.000 a través de los impuestos y el Presupuesto del Estado, y un promedio de 20.000 a través de la cuota a la Seguridad Social. Sería lógico entregar esas 20.000 a las mutuas o aseguradoras de quienes tienen una cobertura privada complementaria, que seguirían aportando las otras 70.000 pesetas de sus impuestos al sistema público como cuota de solidaridad".