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El Gobierno andaluz prohibirá el alcohol en autovías y autopistas

Los centros oficiales vetarán las bebidas de más de 20 grados

El Gobierno andaluz prohibirá expresamente la venta y el consumo de bebidas alcohólicas que superen los 20 grados en las áreas de servicio de las autovías y autopistas de la región, así como en los centros de enseñanza, instalaciones deportivas y edificios de cualquiera de las administraciones públicas. Esta prohibición forma parte de un amplio paquete de medidas recogidas en la Ley de Atención a las Drogodependencias, normativa que, pese a su carácter eminentemente preventivo, contempla sanciones de hasta 100 millones de pesetas para los infractores.El Consejo de Gobierno,aprobó en su reunión de ayer el anteproyecto de la futura Ley de Atención a las Drogodependencias, que será remitido en breve al Parlamento regional para su discusión.

En caso de aprobarse la ley en su actual redacción, quedará prohibida y se sancionará la publicidad de bebidas alcohólicas en todos los colegios, institutos, universidad, centros juveniles y en las dependencias de las administraciones públicas, veto que se hará extensivo a las áreas de servicio de autovías y autopistas de la región. El Gobierno señala que, sin perjuicio de las limitaciones establecidas por la Ley General de Publicidad en radio y televisión, no se podrá emitir en la comunidad autónoma programas de televisión infantiles o juveniles en los que el presentador o presentadora aparezcan fumando o bebiendo alcohol.

Según el borrador de la ley, "la promoción pública de bebidas alcohólicas en Andalucía, mediante ferias, exposiciones, muestras y actividades similares, deberá realizarse en espacios diferenciados cuando tenga lugar dentro de otras manifestaciones públicas", y sólo se permitirá el acceso de menores cuando vayan acompañados de personas mayores de edad bajo su responsabilidad.

De igual manera, se prohibirá la venta a los menores de 16 años de colas y demás productos industriales con efectos "euforizantes o depresivos". El consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Ramón Marrero, aseguró que se trata de uno de los proyectos "más equilibrados y progresistas" de cuantos existen en las autonomías.

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