El fiscal acusa a cuatro personas de falsificar títulos nobiliarios que luego validaba el Rey

Los procesados engañaron a Justicia, a los grandes de España y a La Zarzuela

La fiscalía de Madrid pide penas, de entre y ocho años de cárcel, para cuatro personas -entre ellas dos aristócratas- a las acusa de tejer una compleja trama dedicada durante años a trapichear con títulos nobiliarios. Los acusados conseguían las distinciones -para sí o para terceros- falsificando registros eclesiásticos y árboles genealógicos. Sus chanchullos pasaron todos los filtros, pues engañaron al ministerio de Justicia, a la llamada Diputación de la Grandeza, al Consejo de Estado y a la Casa Real, ya que el Rey validó luego muchos de ellos.

El fiscal especial que se hizo cargo de las pesquisas en la década de los ochenta ha descubierto delitos de estafa, falsedad y uso indebido de nombre. Los acusados son Francisco López-Solé y Martín de Vargas; su esposa, Pilar Paloma Casanova y Barón, condesa de Cabra; Fernando González-Doria y Durán de Quiroga, y Alfonso de Figueroa y Melgar, duque de Tovar. A cada cual imputan penas y delitos distintos. El duque de Tovar, para quien el fiscal pide ocho años de cárcel, huyó de la justicia en 1986. Fuentes jurídicas no pudieron precisar ayer si sigue o no en esa situación.La investigación ha destapado la existencia de más de una veintena de títulos viciados o lícitamente reivindicados. Un portavoz de La Zarzuela contactó recientemente con la Audiencia de Madrid, donde se va a celebrar el juicio, interesándose por el desarrollo del proceso, según fuentes jurídicas.

El escrito de acusación del fiscal -46 folios- relata los múltiples chanchullos que emplearon los acusados. En unos casos, ellos o sus familiares se arrogaban los títulos; y en otros, facilitaban documentación falsa a terceros, desconocedores de la trama, según el fiscal, para que los obtuviesen. La condesa de Cabra, único título legítimo de la procesada Pilar Casanova, ha alardeado "públicamente" durante años de su distinguido y vasto abolengo. En connivencia con su consorte, consiguió ilícitamente, siempre según el fiscal, la titularidad de los ducados de Baños, Trivento y Avelino, y la baronía de Calonge. El ducado de Baños lo consiguió, por ejemplo, de la siguiente manera: su consorte López-Solé se encargó de solicitárselo en 1980, pues el título estaba vacante. Resulta que el último titular auténtico del ducado fue Antonio Ponce de León y Spínola de la Cerda. Como este hidalgo falleció sin hijos, en 1780, a distinción revirtió a la Corona, como establecía su carta de constitución.

Experto en derecho nobiliario y genealogista, López-Solé aprovechó que su esposa tenía un 7º abuelo llamado Antonio Ponce de León y Dávila y confeccionó un árbol genealógico en el que cambió el último apellido del descendiente; y en vez de Dávila puso Lencastre.

El berenjenal de falsedades no se limitó a árboles genealógicos, sino que presentó certificados de méritos de distintas iglesias españolas, todos falsos. Los méritos (donaciones), son un buen aval para conseguir la habilitación de un título.

Utilizando un sistema similar al anterior, la condesa de Cabra solicitó al Ministerio de Justicia, en agosto de 1980, la habilitación a su favor del título de conde de Trivento. Alegó que era la 5ª nieta del último conde, y atribuía la concesión de ese título al rey Fernando el Católico, en 1485, en favor de

Galcerán de Requesens. En el árbol genealógico que aportó (en connivencia con su esposo)

figuraba como último conde de Trivento Vicente Pío Osorio de Moscoso y Ponce de León, el citado 5º abuelo. En realidad, tal afirmación era "completamente inexacta", explica el fiscal, "pues tal título había sido concedido a Galcerán por el rey Fernando dé Nápoles, antes de la unión de este reino a la Corona española. Se trataba de "un título extranjero y nunca podía ser rehabilitado al no estar enmarcado en las dignidades españolas". Pese a todo, logró que el Rey se lo concediera.

López-Solé, además, planteó en 1983 un pleito en un juzgado de Madrid contra Carmen Carranza para disputarle el título de marqués de Sala de Partinico. Aportó varias certificaciones de la iglesia de Santiago de Villapedre (Asturias), rellenadas y firmadas por él "u otra persona". Y ganó el pleito.

Datos falsos

López-Solé no se limitó a agrandar la hidalguía de su esposa. A portó datos falsos para conseguir un título para su padre (el del Marquesado de la Serrezuela) y otro para su hijo (el de conde de Villavix), sin que éstos, según el fiscal, conociesen las irregularidades.En el expediente de rehabilitación del título de conde de Villavix figura una certificación de méritos firmada por María Ángeles Rabadán, directora de la Casa de la Cultura de Puertollaño. La firma era una imitación. En la certificación se afirmaba que "por la administración del excelentísimo señor vizconde de Iznájar, Álvaro Francisco López de Solé y Casanova [su hijo], había sido entregada una importante donación de libros, los cuales habían enriquecido en gran manera la Casa de la Cultura, siendo ésta una muestra más de que la familia del señor vizconde de Iznájar había tenido para con la ciudad...".

Otro de los acusados, Fernando González-Doria y Durán de Quiroga, tramitó un expediente de rectificación de errores ante un juzgado de Cáceres, y logró ampliar los apellidos de sus padres, y, paralelamente, los suyos, siempre según el fiscal.

También ayudó a otras personas, entre 1980 y 1985, a conseguir títulos nobiliarios, a cambio de dinero. Cobraba cantidades de entre 50.000 y 200.000 pesetas por los falsos certificados. El fiscal entiende que las personas a las que ayudaba "desconocían las irregularidades". Narra también el acusador cómo González-Doria, y Fernando de Figueroa y Melgar, duque de Tovar, tramitaron ante Justicia, para terceros, cerca de una veintena de expedientes de rehabilitación de títulos nobiliarios vacantes. "El señor Figueroa", explica el fiscal, "se encargaba de captar la clienltela, y era quien solicitaba al señor González-Doria la obtencion de las [falsas] partidas eclesiásticas".'

Un total de 54 testigos -entre ellos, algunos hidalgos españoles y numerosos curas- desfilarán en la vista oral ante el tribunal para desentrañar este complejo mercadeo de títulos nobiliarios.

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Filtros vulnerables

Los procesados lograron eludir los cuatro filtros que median entre la reivindicación de un título vacante y su concesión final por parte del rey, explicaron ayer fuentes el Ministerio de Justicia, que prefirieron no entrar en detalles porque el asunto dijeron, "está sub júdice" Para reivindicar un título vacante, el primer paso es presentar una instancia motivada ante justicia, donde se comprueba si el solicitante reúne los requisitos y documentos necesarios. Después se publica en el BOE por si otra persona efectúa alguna alegación, concluído el periodo de aleaciones, Justicia remite un informe a la Diputación de la grandeza (integrada por los llamados grandes de España) para que dictamine sobre la petición. Si ésta otorga su visto bueno, el informe se remite después al Consejo de Estado y si tampoco hay objeciones se eleva a la Casa Real, donde también existe otro filtro, e incluso posibilidad de veto, según las citadas fuentes. "Es un proceso muy complejo y los procesados fueron muy hábiles", afirman en Justicia. El fiscal del caso exige al Tribunal, cuando dicte sentencia, que ordene una rectificación de los apellidos que falsearon los acusados para conseguir títulos. Según el fiscal, el acusado Fernando González-Doria y Durán de Quiroga se llama en realidad Fernando González Durán.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 14 de septiembre de 1995.