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Editorial:

Estado de la justicia

FELIPE GONZÁLEZ tuvo ocasión ayer de escuchar de boca del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, y del fiscal general del Estado, Carlos Granados, el catálogo de necesidades de la justicia que constitucionalmente corresponde atender al Ejecutivo que él preside. El escenario fue el acto de apertura del año judicial, que inauguró, como es ya tradicional en el actual régimen democrático, el rey Juan Carlos. El motivo de la presencia de González fue la inauguración de las obras de remozamiento del vetusto edificio que alberga la sede del Tribunal Supremo.No faltarán quienes relacionen esa presencia con la situación personal del presidente del Gobierno, en el caso GAL, pendiente de tramitación en el Supremo. Pero lo que pueda suceder sobre esta cuestión en el futuro no tiene porqué condicionar lo que deben ser unas normales relaciones institucionales en un Estado democrático. Algunos aprendices de derecho político teorizarán lo contrario. Pero si alguien debía atenderla invitación de acudir a ese acto, junto a los máximos representantes de las otras instituciones del Estado, era el presidente del Gobierno. Es. decir, el responsable de la institución a quien corresponde acabar con la incuria secular" -en palabras de Pascual Salade una sede del Tribunal.Supremo instalada en un caserón destartalado.

En cualquier caso, la inauguración de las nuevas instalaciones del Supremo es una muestra más de que los problemas de la, justicia en la España de hoy han dejado de ser, en lo esencial, de carácter. material y económico. La Administración, de justicia ya no es la pariente pobre de las instituciones básicas del Estado y participa en, pie de igualdad en -la asignación de los Presupuestos Generales., Hoy los problemas de la justicia son, ante todo, dé legitimación social y de calidad profesional, de modernización de métodos de trabajo y de organización, de simplificación de procedimientos. Es, decir, cuestiones, -que compete resolver más a los propios jueces y al resto de los operadores de la justicia que al Gobierno.

Granados y Sala hicieron referencia a algunas de estas cuestiones. Para el presidente del Poder Judicial y del Supremo, es urgente la mejor los contornos constitucionales y legales dé la presunción de inocencia, la pureza de las pruebas y el principio de proporcionalidad en la aplicación de la prisión preventiva, entre otros derechos y garantías. Y atribuye al Tribunal Supremo el principal pap el en esa tarea clarificadora que debe servir dé guía al resto de jueces y tribu nales. El caso GAL es una buena ocasión para ello. No es tarea normal del Supremo instruir sumarios -sólo en el 'Caso de personas aforadas - pero de él depende, en gran inedida, que desaparezca, de la práctica judicial española ese modelo de juez, instructor más inquisitorial que constitucional e interesado más en, sacar adelante su sumario que en respetar el procedimiento. Es probable que, por ello, reciba sugerencias e incluso admoniciones y advertencias, pero la justicia y el común de lo s ciudadanos saldrán ganan do. Se dará un espaldarazo a una forma de hacer justicia sobria y serena, lejos de esa otra teatral y compulsiva que a veces nos invade;

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de septiembre de 1995