La resaca de una tragedia

La reciente tragedia de la minería asturiana ha dado pie a numerosas opiniones que aprovechando la atención que la desgracia propicia vienen a reiterar argumentos sobre Hunosa en los que casi todos los opinantes, sean personas o medios, son ya viejos conocidos para muchos asturianos.Las subvenciones a la empresa pública hullera se vuelven a presentar críticamente como un despilfarro sin sentido económico y como un agravio comparativo para el resto de territorios nacionales. Es decir; no estarían justificadas ni desde criterios de eficiencia, ni desde razones de equidad. La única explicación sería exclusivamente política, y además, política en el peor sentí do de la palabra. Así, se ha vuelto a hablar de "voto cautivo" y de haber oído en el fondo de la mina que "hay que votar a Felipe para que mantenga las minas". O sea, de nuevo el "cautiverio político.7 de las subvenciones y el vergonzante electoralismo.

Lo primero que hay que recordar es que la empresa hullera ha reducido muy considerablemente su tamaño en los ejercicios precedentes y que en ese proceso muchas personas -profesionales de la empresa, sindicalistas y políticos- comprometieron personalmente su credibilidad, su respeto profesional y su representación en beneficio de los intereses generales que aconsejaron la paulatina reducción de la plantilla de la empresa. A todos ellos, y a muchos asturianos más, especialmente a los números, algunos de los análisis y editoriales que estos días han leído y escuchado sobre la cuestión les habrán parecido injustos, sectarios y, en último término, inquietantes. Merecen, sin duda, un breve comentario.

En segundo lugar, es preciso resaltar que, efectivamente, Hunosa y otras explotaciones carboneras asturianas reciben subvenciones públicas que tratan de equilibrar las cuentas de resultados de las empresas, que de modo muy abultado pesan más del lado de los gastos que de los ingresos. Esas subvenciones lucen todos los años en los Presupuestos del Estado y, por lo tanto, son aireadas, difundidas y conocidas por el contribuyente. Se ajustan, además, a la normativa de la Unión Europea, que hasta el momento no ha planteado eh torno al caso reticencia alguna.

Por lo general, en Asturias somos conscientes de ser beneficiarios de la solidaridad del resto de españoles, que aligerando sus bolsillos sufragan los desequilibrios financieros de la empresa minera. En este caso, miles de asturianos son protagonistas, pasivamente, de la solidaridad que llega de fuera y valoran el hecho muy positivamente. Consideramos que, en realidad, los poderes públicos financian la pervivencia de empleos a los que es difícil encontrar alternativa, en un mundo en el que, quiérase o no reconocer, es preciso apoyar infinidad de producciones para asegurar con ello cientos de miles de empleos.

. No dejamos de comprender, también, lo tupida y compleja que es la red de la solidaridad en esta materia. Y por ello somos conscientes, a su vez, de que si es cierto que en materia minera somos sujetos pasivos de la solidaridad, en muchas otras políticas participamos como sujetos activos de la misma en acciones de los poderes públicos que se dirigen a asegurar el empleo existente en otros sectores o actividades, en otras regiones o localidades de la geografía nacional.

.En último término siempre se aduce el mismo argumento: la competencia exterior unida a la pérdida del valor estratégico. de las producciones mineras. Esto es, ¿para qué producir carbón si se puede importar sin riesgo alguno a precio considerablemente más reducido de Australia, Colombia o Estados Unidos? Pues bien, ¿se imaginan cuáles serían las consecuencias de la generalización radical de tanto empeño por la eficiencia? Algunas de ellas, unas pocas, tengo interés en relatarlas porque por su concreta localización territorial se contraponen a la idea de inequidad y agravio comparativo asociada a las ayudas al carbón. Habría que consumir bananos centroamericanos, importar muchos más coches de Japón, poner en cuestión la actividad pesquera de nuestro país y buena parte de las producciones agrícolas, y así sucesivamente la lista sería interminable. El resultado de todo ello no sería otro que la desaparición de centenares de miles de empleos.

El banano centroamericano es barato y llega a puerto europeo a precio muy inferior al que los agricultores canarios son capaces de situar sus plátanos en el mercado. Pese a ello, el Gobierno español logró muy meritoriamente que primero en el GATT, y posteriormente en el ámbito de la Unión Europea, el plátano canario accediera en condiciones ventajosas a la cesta de la compra de millones de europeos. Unos cuantos miles de empleos dependen en Canarias de la producción platanera. Está muy bien lo que el Gobierno español ha logrado. La única diferencia en este caso es que el empleo de los productores no lo financian los contribuyentes, sino los consumidores. ¿Por qué van a ser los productores canarios de plátanos distintos de los grandes productores europeos de cereales que venden en el mercado mundial sus voluminosos excedentes de grano y reciben del contribuyente europeo una restitución que iguala el precio del mercado al coste de producción?

Cambiemos de sector. Durante muchos años, los españoles han adquirido coches nacionales que podrían haber adquirido en el exterior a precios más razonables. Pero es comprensible que sucesivos Gobiernos hayan encontrado argumentos para defender miles de empleos en Valladolid, en Palencia, y en las zonas francas de Barcelona y Vigo. Y que, en esta ocasión también, hayan sido los consumidores quienes en último término soportaron el apoyo. Todavía hoy, los automóviles japoneses y de Corea del Sur, por citar dos casos, tienen linútado su acceso al mercado nacional. Pero, al empleo en el sector del automóvil no sólo se le apoya con dificultades en las fronteras. Está sometido a los vaivenes del consumo y precisa alguna continuidad. La que, justamente, le proporcionan los expedientes de suspensión temporal de empleo fundados en unas normas de protección por desempleo que tratan de cubrir la carencia de salarios de los trabajadores en fases de retraimiento de la demanda de coches. Por otra parte, no hacemos nada que no hagan franceses o italianos. Está bien hecho lo que hacemos, aunque en este caso sean los contribuyentes los que pagan. Eso sí, la diferencia con las ayudas al carbón es que los presupuestos del Inein no se detallan hasta el extremo de que luzcan desagregadamente las ayudas al automóvil.

Ahora mismo, la Comisión Europea y el Gobierno español están haciendo ímprobos esfuerzos para garantizar que miles de pescadores de Galicia y Andalucía puedan llevar a cabo su actividad en aguas de otros países. Ojalá se logre ese objetivo, que obliga a poner en juego no sólo voluntad y destreza diplomática, sino cuantiosos recursos financieros, que por vía directa e indirecta aportan los contribuyentes europeos, para que nuestros representantes en la negociación puedan remover las posiciones iniciales de los titulares de los caladeros.

De manera que se haría largo el relato de actividades que precisan el apoyo público para sobrevivir en este mundo. Unas en mayor cuantía que otras; unas en periodos de tiempos distintos; otras, incluso, con carácter permanente. Todas ellas alejadas de esa etiqueta de matiz tan descalificador que adjetiva a algunas políticas como pasivas. Nada de eso. El apoyo al empleo no es beneficencia. En todo caso se trata de políticas activas, y verdaderamente activas. Los plátanos y el pescado se consumen, los coches prestan servicios y el carbón no se apila en las escombreras, sino qúe se quema en las baterías de cok y en las centrales térmicas.

Esta similitud entre políticas de apoyo al empleo no puede servir a nadie de coartada. Tampoco puede ser justificación para una defensa numantina de lo que tenemos. Hace tiempo que, a muchas personas, esta elemental constatación de lo que vemos a nuestro alrededor nos ha llevado a trabajar con el Gobierno socialista por una solución al problema minero que no fuera traumática para los trabajadores y que aportara razones para la esperanza a los miles de familias que de modo directo e indirecto dependen del empleo minero. Ahora se olvida con frecuencia que las comarcas mineras asturianas no vivían exclusivamente de la extracción de carbón; en ellas se localizaba también una actividad siderúrgi ca muy importante de la que quedan escasos vestigios. De modo que las comarcas mineras asturianas afrontaron primero el problema siderúrgico y posteriormente el hullero, en unas condiciones del entorno que no siempre facilitaron la sustitución de unos empleos por otros.

Los socialistas asturianos encontramos estos años mucha comprensión en el Gobierno de la nación para tratar de atacar estas cuestiones. Para hacer frente al problema específico de la empresa y para poner en práctica políticas que fueran capaces de hacer atractiva la región al capital propio y al foráneo. Ejemplos emblemáticos como Dupont y Thyssen demuestran que esa línea es sensata y que de ella se obtienen resultados si se persevera en las acciones. Hemos contado también con la ayuda de muchos profesionales leales a su empresa; de los sindicatos que han pacta do las condiciones de reducción de las plantilla y de acompaña miento de las medidas estricta mente empresariales de otras que revitalizasen las maltrechas economías de estos territorios. Unos y otros -yo creo que todos comprendemos que es necesario, e incluso conforme a normativa comunitaria, que los poderes públicos apoyen el empleo existen te; que reduzcan la magnitud financiera del apoyo a niveles manejables; y que, entretanto y en' tre todos, se propicie el clima po lítico y social conveniente para que vengan a Asturias más Du pont y más Thyssen y sudan mu chas iniciativas propias que ani men nuestra economía.

Frente a ello nos hemos encontrado con una derecha que no ha olfateado en este viejo problema otra cosa que la posibilidad de restar apoyos políticos a los socialistas en Asturias. Una parte de ella, que podríamos denominar como derecha sincera, ha mantenido y sigue manteniendo, como hemos comprobado estos días, una posición que se resume en el "que se cierren las minas". Otra parte, que por contraposición denomino derecha insincera, ha sostenido solemnemente, en palabras de Aznar en Oviedo, que "no sobra ningún minero" (sic). Es una lástima que la derecha se distancie de este modo del problema. Es una pena que la tragedia pueda dejar esta resaca. Pero, ciertamente, así están las cosas.