Desahucios étnicos en Croacia

En cualquier librería de Zagreb se puede adquirir un mapa étnico de Croacia, que localiza los principales municipios mediante circulos de tamaño proporcional a su población y los reparte en una tarta étnica de porciones nacionales o religiosas: azul, para los croatas; verde, para los musulmanes; marrón, para los serbios; amarillo, para los húngaros, y así sucesivamente. Nada tiene de extraño en un Estado cuya Constitución proclama el derecho de sangre como fuente de la nacionalidad y se limita a definir a Croacia como "la patria de los croatas". En medio del fervor nacionalista, el nuevo país se presenta con una pureza de sangre croata del 78%. Pero se trata de datos de hace cuatro años, cuando se elaboró el último censo. El flujo de refugiados croatas procedentes de la región de Eslavonia y Krajina, bajo control serbio y parcialmente recuperada en el caso de la Eslavonia occidental en la ofensiva de mayo lo que provocó el éxodo forzado de miles de civiles serbios, ha desatado desde hace tres años una ola de violentas expulsiones de inquilinos serbios de viviendas estatales para poder realojar a los recién llegados. Las Naciones Unidas, que han registrado 3.600 casos, y organizaciones humanitarias cómo la Federación de Helsinki investigan desde hace tiempo las acusaciones de desahucios étnicos en Croacia.

Las expulsiones, en la mayoría de los casos acompañadas de episodios de violencia, afectan al parque de viviendas del antiguo Ejército Nacional Yugoslavo, la organización interétnica por excelencia de la desaparecida federación socialista. El Estado croata incorporó a su patrimonio 40.000 de estos pisos públicos. Aunque la situación de los derechos humanos en Croacia dista a los luz de la tragedia vivida por los musulmanes en las operaciones de limpieza étnica serbia en Bosnia-Herzegovina, los observadores internacionales en Zagreb coinciden en expresar su. preocupación por las violaciones de los derechos de las minorías.

La Iglesia católica lanza además continuos llamamientos a la reconciliación y contra las tentaciones de represalias étnicas a través del cardenal de Zagreb, Franjo Kuhariz. Pero algunos políticos no han dudado en proclamar la "responsabilidad colectiva" de todos los serbios por las matanzas y violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado de 1991. Del 12% de población serbia en Croacia en 1991 se ha pasado en la actualidad a un 5%.

Expulsiones con impunidad El último informe (1994) del hasta ahora relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la antigua Yugoslavia, Tadeusz Mazowiecki, destaca la gravedad de los desahucios extrajudiciales acompañados de amenazas y violencia, en los que han intervenido también soldados en activo. El mismo informe hace hincapié en la Impunidad de las expulsiones, ya que los tribunales civiles se han abstenido de intervenir.

Grupos de refugiados croatas arrollados por el avance serbio en Vukovar se presentan, en ocasiones escoltados por la Policía Militar, en las viviendas castrenses con un documento que conmina a los inquilinos -algunos con casi 30 años de antigüedad en el alquiler- a desalojar la casa al día siguiente. "Cuando se cumplan los planes de paz internacionales, con la ayuda de las Naciones Unidas, y los desplazados puedan regresar a sus pueblos, se revisarán los desahucios de las viviendas estatales", contestó por escrito el presidente de la Cámara de la Vivienda de Karlovac (al suroeste de Zagreb) a la reclamación de uno de los expulsados.

La discriminación étnica y la ausencia de un proceso legal justo se conjugan, según el informe de Mazowiecki, con el mutismo de las autoridades croatas frente a las quejas de los Gobiernos europeos y de las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la ola de desahucios étnicos comenzó a detenerse a finales del año pasado. Las autoridades alegan que la mayoría de las expulsiones obedecen a irregularidades en la cesión de las viviendas o a subrogaciones no autorizadas por el Estado. Muchos serbios cedieron a sus familiares los contratos antes de abandonar el territorio croata por miedo a eventuales represalias. Una portavoz del Gobierno expone así la versión oficial: "Todos los desahuciados carecían de papeles en regla; además, las expulsiones quedaron suspendidas a finales del año pasado. Una comisión parlamentaria estudia las denuncias y se espera que en septiembre pueda presentar un proyecto de ley para resolver el problema de las viviendas públicas".

Este enviado especial asistió el pasado miércoles a la declaración de una joven croata, aunque de padre serbio, ante un funcionario de las Naciones Unidas. "Me lo han quitado todo, ni siquiera he podido llevarme el televisor y los muebles que había comprado yo". La semana pasada se presentaron en su casa 15 hombres y una mujer con esta advertencia: "Esto es nuestro, tienes que marcharte. Las denuncias de la joven ante la policía civil no surtieron ningún efecto. "Es un caso militar", se excusaron en la comisaría. Sólo pudo recuperar su ropa. "Si no te largas, te matamos", asegura que la amenazaron los nuevos ocupantes. Fuentes de las Naciones Unidas han registrado al menos siete casos durante este mes de julio.

La Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos, una organización no gubernamental que vigila el cumplimiento del Acta de Helsinki, ha compilado en un documento una veintena de declaraciones de denunciantes de expulsiones ilegales en Zagreb, Split y Osijek (noreste) cometidas entre 1992 y 1993 contra inquilinos de origen no croata. En todos los supuestos se constata la ausencia de resolución judicial que avale el desahucio. La Federación de Helsinki denuncia la pasividad del Gobierno croata y exige una investigación internacional para acabar con la impunidad de los desahucios en Croacia.