Menosprecio a la Constitución

"La conducta indiciarla de Vera encierra, entre otros, un gravísimo ataque al sistema constitucional. El segundo alto cargo de la seguridad del Estado trataba de impedir, utilizando dinero público, que los órganos jurisdiccionales cumplieran eficazmente las funciones que les atribuye el artículo 117 de la Constitución, esto es, que obstruyó la acción de la justicia ", conducta que se prolongó hasta que cesó en su cargo en enero de 1994 (las cursivas son sólo mías).Esto no lo ha dicho el Abc o El Mundo; no lo ha dicho la oposición derechista; no son frases de Garzón; no son comentarios de tertulia radiofónica o de un periodista apesebrado en algún buen abrevadero. Lo afirma en un auto la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que confirma el anterior auto de procesamiento en términos extremadamente, inusualmente duros. Y si ha creído conveniente pronunciarse con tanta dureza habrá que suponer que es porque los indicios apreciados así lo justifican.

De modo que, a estas alturas, los errores anteriores pasan factura. Pues si el argumento era la imparcialidad del juez Garzón, la audiencia, al parecer, no sólo no desmiente sus actuaciones, sino que las confirma y elogia la instrucción. Habrá pues que preguntarse dónde estaba la imparcialidad si en el acusado Garzón o en los entonces acusadores. ¿O es que, también la Audiencia es de dudosa parcialidad? Y si se trataba de esperar a decisiones judiciales para exigir responsabilidades políticas, ahí están las dos primeras decisiones: las que, tras una ejemplar instrucción, procesa a Roldán por seis gravísimos delitos y esta segunda, de Audiencia, que confirma la instrucción de Garzón.

¿Se dirá ahora que no son decisiones firmes, que debemos esperar hasta el final, hasta que se pronuncie no sé quien, el Constitucional, Estrasburgo? Pues sí, aunque parezca mentira, así es. Al parecer el PSOE afirma que, en aras de la presunción de inocencia de Vera, se procede a avalar su fianza de 200 millones de pesetas, con un coste anual de cuatro millones.

Y esto ya roza el sarcasmo. "Los partidos políticos", dice el artículo 6 de la Constitución, "expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". Nótese que no se dice que los partidos son sociedades de aseguramiento de responsabilidad civil, mercantil o penal; nótese que no se dice que son clubes de amigos. Nótese, por el contrario, que les atribuye responsabilidades constitucionales, que son órganos políticos públicos. Y que por ello se financian (aparte de como todos sabemos y comprobamos a diario) con fondos públicos, es decir, con cargo a los impuestos que pagan los contribuyentes, aunque su voracidad haga que tales sumas sean gotas de agua en un mar de endeudamiento.Pues bien, ¿qué tal la brillante idea de pagar con nuestros impuestos la defensa y los avales de personas que -como ha sido comprobado judicialmente- obstruyen la acción de la justicia utilizando para ello nuestros impuestos? Al parecer, el dinero público sirve para todo: para pagar a los jueces, para obstruir su labor y, por supuesto, para pagar la defensa de quien obstruye su labor.

Comprendo que los amigos de Vera lo defiendan; faltaría más. Comprendería igualmente que abrieran una suscripción pública para pagar su defensa; están en su derecho y ello incluso les honraría. Pero que con dinero de los contribuyentes el partido de Gobierno pague la defensa y el aval de Vera u otros procesados que han actuado anticonstitucionalmente es un sarcasmo para los contribuyentes y un claro menosprecio de la Constitución. Pues al proceder de este modo, el Partido Socialista Obrero Español (sí, el mismo partido de Pablo Iglesias y de Julián Besteiro) se alía objetivamente con quienes llevaron a cabo "un gravísimo ataque al sistema constitucional" y no con quienes lo han defendido. Una responsbilidad que hoy, les guste o no, comparten objetivamente todos sus militantes.