El Tribunal Superior reclama al PP de Baleares sus cuentas del segundo semestre de 1989

El magistrado del Tribunal Superior de las Islas Baleares Juan López Gayá reclamó ayer al Partido Popular de Baleares un exhaustivo informe sobre su contabilidad de 1989, desde junio a diciembre. En ese ejercicio sitúan los investigadores el presunto pago de comisiones ilegales al PP por la empresa concesionaria, del túnel de Sóller. La policía y los inspectores tributarlos rastrean el paradero de 140 millones de pesetas. Ayer se supo que un talón de aproximadamente un millón de pesetas de los fondos sin justificación contable de la misma empresa fue ingresado en la Fundación Illes Baleares, que preside el presidente del Gobierno y del PP de las Islas, Gabriel Cañellas.

El PP de Baleares deberá explicar al juez qué ingresos y pagos superiores a 90.000 pesetas efectuó desde junio a diciembre de 1989, detallando la identidad de los titulares & las operaciones -pagadores y cobradores- e indicando los movimientos de las cuentas bancarias oficiales, así como quiénes eran sus titulares y apoderados en cada una de las islas.El caso Sóller tiene dos frentes abiertos en el plano judicial. Por un lado hay abierta una investigación por estafa y falsedad contra el empresario Cuart por el pago de las supuestas comisiones pagadas al PP tras la concesión del túnel de peaje de Sóller. En paralelo, prosigue la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Baleares por posible delito continuado de prevaricación a raíz de la denuncia de Izquierda Unida.

La fundación Illes Balears, una entidad cultural y patrimonial privada con más de mil millones en capital y bienes, que creó, impulsa y gestiona personalmente Gabriel Cañellas, presidente del Gobierno balear y del PP regional, fue beneficiaria en 1989 -según se ha sabido ahora- de un donativo de un millón de pesetas procedente de las supuestas comisiones ilegales pagadas al PP por el concesionario del túnel de Sóller (Mallorca). La fundación aglutina a las más importantes entidades bancarias, empresarios hoteleros, grupos constructores y de contratas y financieros de Baleares, en buena parte relacionados con el Ejecutivo balear y el PP.

Donaciones anónimas

Dos fuentes diferentes, vinculadas a la investigación e instrucción judicial de los dos sumarios abiertos en Palma por el llamado caso Sóller, reconocieron ayer que se ha localizado y documentado el pago a la fundación de Cañellas de un talón de alrededor de un millón de pesetas procedente de los fondos desviados de las cuentas del túnel. Los investigadores sé preguntan ahora si éste pudiera ser el hilo que llevase a una relación más ampliamentre Cañellas y las comisiones ilegales. Al entorno y el aparato del PP se destinó presuntamente una cantidad evaluada inicialmente en 50 millones, pero que la policía ha ampliado posteriormente a 140 millones.

Cañellas mantiene que el empresario concesionario del túnel, Antonio Cuart, no es miembro de la fundación, pero reconoce que en la fundación Illes Balears reciben donaciones pecuniarias anónimas, que en 1994 fueron de más de ocho millones de pesetas. "No vamos haciendo averiguaciones sobre quién da dinero de forma anónima. El que quiere dar la cara viene aquí y le damos información", manifestó días atrás el líder balear.

Hacienda y la policía han reconstruido -no sin antes salvar el obstruccionismo y las reticencias de las entidades financieras- el recorrido de los múltiples talones y cheques bancarios en que se dividió una de las partidas de 50 millones pagadas por Cuart en enero de 1989. Parte de los movimientos giraron por las cuentas del PP, otros ingresos se destinaron al pago de proveedores de las dos campañas electorales de 1989 -europeas y generales- y otros talones fueron cobrados en ventanilla sin que el perceptor se identificara.

Uno de los personajes clave del caso Sóller, cuya identidad los investigadores pretenden desenmascarar, es el portador del maletín que contenía la comisión millonaria anticipada ayer por este diario. Una fuente jurídica narró que conoce que se manejaron hasta 72 millones -y no 60 como se informó al principio- en billetes de 10.000 pesetas, de una sola vez, en 1989. Los fajos pasaron directamente de la caja de la sede regional de la Banca March a manos del anónimo ciudadano.