La policía descubre una nueva comisión del 'caso Sóller' pagada con un maletín

La empresa concesionaria del Túnel de Sóller (Malorca) desvió 140 millones de pesetas en 1989 para el pago de supuestas comisiones ilegales nada más constituirse tras ser agraciada con la adjudicación de la mayor obra pública de Baleares, según se desprende de las nuevas investigaciones desplegadas por la policía y los inspectores tributarios. De la partida de fondos irregulares se habían identificado los pagos y el reparto de 50 millones -amparados en un pagaré del Tesoro- que presuntamente se destinaron al Partido Popular. Ahora se ha detectado una nueva comisión en metálico, cercana a los 60 millones, pagada en un maletín.

El nuevo episodio que se intenta esclarecer -y determinar sus beneficarios- consiste en una transferencia no registrada en ningún banco ni apoyada en un activo financiero habitual. "Fue una actuación en mano, el pase de un maletín", de acuerdo con la versión de un conocedor de la trama del llamado caso Sóller. El único dinero negro, opaco para toda la investigación, es el papel moneda: el pago en maletín", reconoció un asesor de una empresa contratista de obras que espera en Baleares y en la Península.

La información sobre las nuevas líneas de investigación de Hacienda y la policía la controla ya el juez del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Juan López Gayá, que instruye la denuncia de Izquierda Unida por presunta prevaricación o cohecho en el Gobierno balear por la adjudicación del concurso del túnel. Ayer declararon ante el magistrado un técnico y un alto cargo de Obras Públicas que emitieron informes sobre la concesión y prórrogas de las obras.

La hipótesis de las diversas comisiones irregulares a políticos no es negada desde el entorno del presunto pagador. Además de estos 60 millones, la policía rastrea la pista de los otros 80, supuestamente desviados en forma de talones bancarios.

Hubo pagos que se efectuaron en Madrid y es posible que no solo se gratificara en los ámbitos políticos de Mallorca", reveló ayer a este diario una fuente jurídica que conoce las interioridades de esta operación empresarial, con ramificaciones de escándalo político.

El negocio del túnel de peaje de Sóller lo ideó el empresario Antonio Cuart, que comparte intereses privados en la empresa Salinera Española con el presidente balear y del PP, Gabriel Cañellas. Cuart, de 72 años, es abogado fiscalista y antiguo consejero regional de la Banca March, de la industria Carburos Metálicos y de Financieras y Construcciones. Actualmente está inculpado por estafa, apropiación indebida y falsedad en los dos sumarios.

Factura falsa

En Madrid el empresario del túnel está acusado por la compra de una factura falsa de 131 millones de pesetas, presuntamente creada para amparar pagos irregulares en metálico, fuera del control fiscal. Cuart declaró semanas atrás durante dos horas y media en el juzgado de instrucción número 33. Su versión es que el documento correspondía al pago de honorarios a su socio el ingeniero ya fallecido Camilo Pereira. Personas próximas a Cuart no negaron que aquella partida cubriera eventualmente posibles comisiones. El túnel puede generar un volumen de ingresos de 50.000 millones de pesetas en los 23 años que restan de explotación. Cuart, que quebró en 1994, cedió el control del negocio al principal acreedor, Fomento de Obras y Construcciones, que espera empezar la explotación en un año.

Por otra parte, ayer declaró ante la policía judicial de Palma, en relación con supuestas irregularidades fiscales y documentales, el empresario de montajes de escenarios para mítines Miquel Jaume, de Trui Espectacles. Jaume ingresó un talón de un millón de pesetas, procedente de las supuestas comisiones cobradas por el PP del túnel, en una cuenta a nombre de una persona fallecida hace dos décadas, su propio padre político. A la salida se negó a detallar su declaración.