Educación reclama a un ex presidente del CSIC 98 millones por un supuesto error contable

El abogado del Estado del Ministerio de Educación y Ciencia reclama 98,3 millones de pesetas al que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Muñoz, entre 1988 y 1991. Educación le acusa de ser el máximo responsable de haber pagado gratificaciones al personal del organismo con créditos aprobados para otra finalidad. Para Muñoz es "un error administrativo". Su abogado prepara las pruebas para demostrar que haber pagado a los empleados con cargo a una partida presupuestaria diferente de la asignada era una práctica habitual.

La acusación del abogado del Estado de haber cometido "una falta en el manejo de los fondos públicos" tiene su origen en el informe realizado por el Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio de 1990 en el CSIC, organismo dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia. Dicho informe hablaba de indicios de "responsabilidad contable" en relación con el pago al personal de "gratificaciones con cargo a créditos aprobados para otra finalidad, lo que supone el in cumplimiento del artículo 59 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria".Emilio Muñoz, que antes de llegar al CSIC fue director general de Política Científica entre 1982 y 1988, cree que el 5Tallo administrativo" consistió, simplemente, en no pedir permiso al Ministerio de Economía para dedicar el dinero a esos incentivos. "El personal cobró el dinero, así que no hay nada que se parezca a malversación de fondos o algo así. Eso es lo que va a demostrar mi abogado en el juicio de pruebas pedido al Tribunal de Cuentas y concedido por éste", dice Muñoz, que sigue trabajando en el CSIC.

Santiago Muñoz Machado, abogado de Emilio Muñoz, tiene ahora 30 días para demostrar su prueba fundamental, según el propio abogado: que "la práctica era la habitual en el CSIC".

Emilio Muñoz se siente perseguido y se pregunta por qué la auditoría se hizo precisamente del año 1990, que fue un ejercicio especialmente complicado. "Tuve que enfrentarme, por ejemplo, a una huelga general de tres meses", dice Muñoz, que también alega que el técnico en estos asuntos no era él, sino el vicesecretario de Actuación Económica, Gustavo Monje, también acusado en el mismo caso y que sigue ocupando hoy el mismo puesto.

El abogado del Estado también considera en su providencia, que lleva fecha de marzo de este año, que Gustavo Monje es responsable del asunto, pero sólo le pide 2,6 millones de pesetas por perjuicios a la Hacienda pública, frente a los 98,3 de Muñoz y los 11,6 millones que pide al entonces vicepresidente del CSIC, Vicente Larraga. Las peticiones de reintegro son solidariamente con los otros dos acusados.

"Yo estoy perplejo e indignado", dice Gustavo Monje. "Discrepo completamente de la interpretación que del asunto ha hecho el Tribunal de Cuentas. Esto no es una oficina de funcionarios que trabajan de ocho a tres. Aquí la gente acude un domingo a los animalarios a dar de comer a los animales o a una finca experimental o se van en el Hespérides a la Antártida. Y no es lo mismo un complemento de productividad que un pago por servicios especiales por hacer esas actividades tan diferentes. En el CSIC siempre se han pagado así las cosas y no hay desvío alguno de fondos de una partida a otra".

Un portavoz del CSIC confirmó que era norma hacer estos pagos con cargo a una partida que no se ajustaba a los actuales criterios del Tribunal de Cuentas, por lo que ya se han realizado las modificaciones oportunas. El CSIC también resta importancia al expediente, "que de manera habitual inicia el Tribunal de Cuentas", y recuerda que aún no se ha producido la resolución final".

El CSIC es el mayor organismo de España dedicado a la investigación. Está formado por 83 centros propios o compartidos con universidades. Su presupuesto de 1995 asciende a 53.000 millones.